Los jueces de lo contencioso decidirán el martes 28 si anulan el nombramiento de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía y un día después comparecerá en la Sala de lo Penal para declarar como imputado en la causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
El Supremo amplía la investigación al círculo más cercano del fiscal general y apunta a la Moncloa
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta esta semana en el Tribunal Supremo a los días más críticos de su mandato. Los jueces de lo contencioso-administrativo decidirán el martes si, tal y como pide una asociación, anula su nombramiento al frente de la Fiscalía. Un día después se convertirá en el primer fiscal general de la historia en comparecer como investigado en una causa penal al declarar ante el juez Ángel Hurtado por la supuesta filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz se enfrenta, en el primer caso, a una sala de abrumadora mayoría conservadora y, en el segundo, al convencimiento del juez instructor de que tuvo un papel “preeminente” en la filtración.
La primera cita clave de García Ortiz es con una sala llena de nombres conocidos. Una de las secciones de lo contencioso-administrativo del Supremo estudiará el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que pide anular su nombramiento. La misma asociación que ejerce contra él la acusación en la causa penal por la filtración de la confesión de Alberto González Amador y buena parte de la sala que, ya en noviembre de 2023, le acusó de “desviación de poder” al ascender de forma irregular a su predecesora Dolores Delgado.
El debate de este martes conecta directamente con esa sentencia que anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de sala togada. En primer lugar, porque es el principal argumento de la asociación para pedir que García Ortiz sea despojado de su puesto como fiscal general: creen que esa sentencia hace “imposible” que pueda ser considerado idóneo para esa plaza. En segundo lugar, porque cuatro magistrados de la sala tercera que tomará la decisión ya participaron en la sentencia que anuló el ascenso de Delgado. Lo que por aquel entonces se consideró su semana más difícil.
García Ortiz intentó, sin éxito, apartar a los cuatro de las deliberaciones al entender que su sentencia de 2023, tumbando el nombramiento de Delgado acusándole de “desviación de poder”, cuestionaba su imparcialidad para decidir ahora sobre su propio nombramiento como fiscal general, pero el Supremo contestó que lo había pedido ampliamente fuera de plazo.
Este martes volverá a verse las caras con una sección prácticamente idéntica de lo contencioso y de mayoría conservadora. El ponente de esa sentencia, Luis Díez-Picazo, forma parte del tribunal. El nuevo ponente es José Luis Requero, que también participó en esa sentencia y que en un artículo de esas fechas calificó a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional de “apesebrados”. Les acompañarán Pablo Lucas, el candidato de los conservadores a presidir el Poder Judicial tras su última renovación, y Antonio Fonseca-Herrero. Completa el tribunal Pilar Teso, dos veces candidata progresista a presidir el órgano de gobierno de los jueces.
En la Fiscalía destacan que la sala tercera acumula sentencias que, en los últimos años, han anulado nombramientos discrecionales tanto en el Ministerio Público como en el propio Supremo: desde los dos nombramientos de Dolores Delgado tras dejar la jefatura de la Fiscalía hasta el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores –ambos en manos del Constitucional– pasando por varios nombramientos en distintas salas del tribunal. También destacan que Teso firmó un duro voto particular criticando que sus compañeros de sala condicionaran la capacidad de la Fiscalía para designar altos cargos.
El recurso con el que APIF cuestiona el nombramiento de García Ortiz como fiscal general de una forma distinta al resto de casos anteriores. Entiende, en primer lugar, que la anulación del ascenso de Dolores Delgado acusándole de “desviación de poder” hace imposible considerarle “idóneo” para el cargo. Alega también que, en su momento, no accedió a la petición del Senado de que el Consejo Fiscal hiciera un informe sobre la ley de amnistía como sí hizo el Consejo General del Poder Judicial impulsado por el sector conservador. Entre otras alegaciones también está sobre la mesa que el sector conservador de ese mismo Consejo declaró que no era idóneo para revalidar el puesto. Lo que García Ortiz calificó de “tribunal de honor”.
No está claro si la decisión de la sala quedará votada ese mismo martes y será conocida el mismo día. Las deliberaciones a puerta cerrada sobre si puede o no seguir en su puesto arrancarán 24 horas antes de su segunda cita clave con el Tribunal Supremo: su declaración como investigado en la causa por la filtración de la confesión de Alberto González Amador. El pistoletazo de salida a las declaraciones de los tres imputados tras más de dos meses de frenética instrucción por parte del juez Hurtado.
El primer fiscal general investigado
Álvaro García Ortiz tendrá que acudir presencialmente, esta vez sí, al Tribunal Supremo a las diez de la mañana del miércoles 29 de enero. El jurista se convertirá en el primer fiscal general en comparecer como investigado en una causa penal y lo hará con buena parte de la causa ya instruida y con el juez convencido, al menos a tenor de lo que refleja en sus autos, de que tanto él como dos de sus colaboradores urdieron una estrategia para filtrar información confidencial del caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La investigación, que arrancó en el Supremo a finales de octubre con el registro de su despacho en la calle Fortuny para requisar todos los mensajes y los emails relacionados con el caso, no ha encontrado por el momento una prueba concluyente de que él filtrara ese correo con el que el abogado de González Amador aceptaba una condena testimonial de cárcel y una multa a cambio de no pisar la prisión de forma efectiva. La Guardia Civil le atribuye un papel “preeminente” en la filtración después de examinar los mensajes que ilustran cómo en la noche del 13 de marzo García Ortiz exigió conocer el detalle de los correos cruzados por la Fiscalía con el abogado del empresario para desmentir varias informaciones falsas.
García Ortiz llega al Supremo con la causa en estado avanzado. Los distintos testimonios y aportaciones documentales reflejan que en la Fiscalía nadie supo que González Amador era pareja de Ayuso hasta días después de haberle denunciado en los juzgados de Madrid por defraudar más de 350.000 euros, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es. Los mensajes incautados a la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, ilustran algo que el propio fiscal general ha reconocido en diversas ocasiones: que recopiló esa información pero para desmentir varios bulos, no para filtrar su contenido a la prensa, según su versión.
Esa tarde del 13 de marzo, tal y como ha destapado la investigación, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Ayuso, difundió entre varios periodistas una información falsa: que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario pero que lo había retirado por “órdenes de arriba”. Ante el juez, Rodríguez dijo que esa noche no difundió el correo que le había pasado el propio González Amador hasta pasadas las diez de la noche, cuando otros medios se habían hecho eco de esa misma información, pero varios testigos desvelaron que para entonces llevaba ya varias horas difundiendo esa versión falsa de los hechos.
Tanto la fiscal jefe de Madrid como Julián Salto, que denunció a la pareja de Ayuso, y los jefes de prensa del Ministerio Público confirmaron ante el juez que esa noche la prioridad era desmentir la información que primero difundió Rodríguez y que después publicaron algunos medios de comunicación. “Estábamos de acuerdo en que había que salir a desmentir esa noticia, a lo largo de la noche se publicó, de hecho creo que primero se publicó en El Mundo”, dijo Almudena Lastra, sin ocultar su malestar con la Fiscalía por la gestión de la crisis y expresando las sospechas que tuvo entonces sobre si el origen de la filtración era el propio Ministerio Público
La declaración de García Ortiz, en la que previsiblemente negará haber filtrado la información a los medios que desmintieron esas primeras publicaciones, también tendrá que explicar por qué la Guardia Civil no fue capaz de encontrar mensajes en su teléfono, algo que desde la Fiscalía achacan a un borrado periódico de seguridad. Será el pistoletazo de salida a las declaraciones del resto de investigados: Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, comparecerá un día después y Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, lo hará una semana después.
En el Ministerio Público consideran que hay muchas pruebas de que la Fiscalía General removió Roma con Santiago en la noche del 13 de marzo para desmentir informaciones falsas sobre el caso de Alberto González Amador, pero ninguna de que además se lo hicieran llegar a medios de comunicación. También entienden que varios testimonios de periodistas de El Mundo, elDiario.es y la Cadena SER demuestran que esa información sobre un posible pacto ya circulaba fuera de la Fiscalía desde antes de que llegara a manos de García Ortiz y sus colaboradores. Y que, además y como dijo el fiscal Julián Salto en su testifical, esa información no era secreta.