Álvaro García Ortiz reprocha al magistrado del Supremo que esté decidido a llevarle a juicio sin tener en cuenta la falta de pruebas, matiza a la fiscal jefe de Madrid y combate algunas afirmaciones de la Guardia Civil
El fiscal general niega ante el Supremo haber filtrado el correo con la confesión de la pareja de Ayuso
Álvaro García Ortiz se convirtió este miércoles en el primer fiscal general en comparecer como imputado en una causa penal. También en el primero en decir a la cara a un juez del Supremo que sus diligencias son irregulares y que no piensa contestar a sus preguntas porque considera que su intención de antemano, diga lo que diga, es llevarlo a juicio. Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, será la segunda investigada en declarar este jueves para negar, como ha hecho el fiscal general, que recopilaran la información del fraude fiscal de Alberto González Amador para filtrarla a la prensa: su objetivo, ha reiterado García Ortiz ante el juez, era desmentir un bulo y defender a la Fiscalía en una nota de prensa que está en el origen del caso y que el Supremo ya ha descartado que fuera un delito.
La comparecencia de García Ortiz arrancó con tensión. La Abogacía del Estado que actúa en su defensa invocó el artículo legal que insta al juez a explicar al investigado de qué se le acusa exactamente. La respuesta de Hurtado fue aludir a su polémico auto de hace dos semanas en el que le daba cita para declarar y dejaba claro que le hacía principal responsable de la filtración, no solo del correo con la confesión del empresario, sino de todo el expediente de Hacienda que desembocó en su imputación por un fraude fiscal de 350.000 euros.
El resultado es que el fiscal general contestó a preguntas de la Abogacía del Estado pero no al juez ni tampoco a las acusaciones. En el caso de la representación de González Amador fue específico con el motivo: porque lleva casi un año ocultando a los tribunales que él mismo permitió a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de su pareja, a difundir un correo del fiscal que le había denunciado y que se convirtió en un bulo para atacar al ministerio público en distintos medios de comunicación.
Durante alrededor de una hora y media, el fiscal general desplegó una estrategia de defensa que parte de negar tanto la filtración como haber dado instrucciones para que se mandase a la prensa el correo con la admisión de dos delitos que mandó el abogado de González Amador el 2 de febrero de 2024 a un buzón genérico de la fiscalía y en el que afirmaba: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Según declaró el fiscal general ni filtró ni dio orden de que se filtraran datos confidenciales del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a ninguna persona de la Fiscalía ni de fuera de ella. Aseguró, asimismo, no tener constancia de que esa filtración se produjera desde la Fiscalía General ni de la provincial de Madrid. La jefa de esta última, Pilar Rodríguez, también está investigada y está citada a comparecer este jueves.
García Ortiz hizo un relato detallado de lo sucedido desde el 7 de marzo, cuando tuvo conocimiento de que la prensa se estaba interesando por la denuncia que la Fiscalía había presentado dos días antes contra la pareja de Ayuso. Ante el tribunal aseguró que fue entonces cuando conoció que el caso afectaba al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y defendió que su único objetivo al recabar la documentación del caso en la noche del 13 de marzo era desmentir varios bulos e informaciones falsas que se estaban publicando en medios de comunicación. “La mentira no es un secreto”, aseveró. Las noticias a las que se refirió fueron aquellas que Miguel Ángel Rodríguez remitió a algunos medios de comunicación alegando no solo que la propuesta de conformidad con González Amador había partido del fiscal que lo investigaba sino que esta se había paralizado por órdenes de arriba.
También afirmó García Ortiz en el Supremo que el correo cuya difusión se investiga no contenía ningún secreto del proceso. Esta parte de su declaración coincide con lo expresado en sede judicial por el fiscal que formuló la denuncia contra González Amador, Julián Salto, quien afirmó en su declaración como testigo en el Supremo que no había “ningún secreto” en los correos que se intercambió con la defensa de Alberto González Amador y por cuya difusión está siendo investigado el fiscal general. “No hay ninguna información privada, no hay ningún secreto. Es simplemente una toma de negociaciones”, sostuvo Salto.
A preguntas de su defensa, el fiscal general también se detuvo en explicar por qué la UCO no encontró mensajes en su teléfono en las fechas en que se publicó el acuerdo que la pareja de Ayuso había propuesto a la Fiscalía. Así, explicó que ha cambiado seis veces de teléfono desde 2020, cuando Dolores Delgado lo nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Detalló que lo hace por seguridad y por ser una obligación legal, pues acumula en sus dispositivos información muy sensible. Es una explicación que no convence a las acusaciones, que ven detrás de estos borrados una estrategia para eliminar pruebas que le pudieran implicar en la filtración.
Los agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil sí pudieron analizar el contenido del teléfono de la fiscal Rodríguez. El clonado de su terminal permitió a los agentes tener acceso a los mensajes que se cruzó esa noche con el fiscal general y varios de sus colaboradores. Esos mensajes evidenciaban los contactos internos de la Fiscalía para recabar la información y emitir el desmentido, pero nada relacionado con la filtración.
El fiscal general buscó puntualizar algunas de las afirmaciones de estos informes de la UCO que el juez Hurtado asume como tesis y que impulsan su imputación. Por ejemplo, que la fiscal provincial de Madrid se pusiera a su “disposición” el 8 de marzo del año pasado por mensaje para perpetrar la filtración. El motivo, explicó García Ortiz, es que en esos días se había revalidado su nombramiento en el cargo, no que se estuviera poniendo a sus órdenes para urdir un complot contra Ayuso y su pareja.
El conflicto con Almudena Lastra
La instrucción de este caso, desde su tramitación inicial ante el Tribunal Superior de Madrid, ha dejado clara la mala relación entre la Fiscalía General y la jefatura del Ministerio Público en la capital. Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, reconoció hace unos días como testigo ante el juez Hurtado que tanto ella como García Ortiz estaban de acuerdo en desmentir, en la noche del 13 de marzo, las informaciones falsas sobre el caso que estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez. Pero que se enfadó por discrepancias en el fondo y en las formas, hasta el punto de expresar sus sospechas de que el correo con la confesión había sido filtrado por la propia Fiscalía.
García Ortiz matizó algunas de las declaraciones de Lastra. Explicó, por ejemplo, que Almudena Lastra no informó de que el día 12 de marzo por la mañana había mantenido una reunión para hablar del tema con Julián Salto, el fiscal del caso. Sobre las pegas que Lastra puso al comunicado la noche en que se publicaron aquellos bulos, ha calificado de “excusas” algunas de ellas relativas a posibles imprecisiones.
El fiscal general, en un momento dado, negó abiertamente que Lastra se dirigiera a él para preguntarle si filtró o no los correos. “No ocurrió en absoluto”, ha dicho, añadiendo que es “dudoso” pensar que un fiscal se dirija al fiscal general en esos términos. García Ortiz no ocultó que es “publico y notorio” que existe una relación tirante entre ella y la Fiscalía General, aunque dijo comprender que ella buscara “quitarse del foco” en este asunto. Lo normal en un caso de fraude fiscal, como ha sucedido con futbolistas o figuras del deporte como Carlo Ancelotti o Xabi Alonso, ha citado el fiscal general, es que se hubiera dado una nota informativa y no se hizo.
La investigación seguirá este martes con la declaración de la fiscal Pilar Rodríguez, que ya compareció el pasado junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando la causa todavía no había saltado al Supremo. Entonces, declaró que García Ortiz la llamó en la noche del 13 de marzo para que pidiera los correos que demostrarían la mentira difundida por varios medios de comunicación: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador pero que esa posible salida amistosa había sido frenada por órdenes “de arriba”.
Le pareció, según dijo, una petición “atendible” y no se planteó que eso pudiera producir “algún perjuicio”, según reveló El País. También afirmó que ella no participó en la elaboración del comunicado que incluía ese desmentido. Rodríguez tendrá la oportunidad de nuevo este jueves de dar su versión. En esta ocasión, ante el Supremo como imputada.