Manuel Almenar, que dirigió la APM, entrará en la Sala Civil y Félix Azón, que fue director de la Guardia Civil en el primer Gobierno de Sánchez, es nombrado para la Sala de lo Social
El Poder Judicial busca salidas al bloqueo en los asuntos más controvertidos
El renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reactiva al fin los nombramientos de altos cargos judiciales que estaban paralizados desde 2021 por una reforma legal que impedía hacer designaciones en la cúpula de los tribunales mientras el órgano estuviera en funciones. Tras cuatro meses de mandato y varias semanas de intensas negociaciones, el órgano de gobierno de los jueces ha pactado por unanimidad una treintena de nombramientos, incluidos 21 en el Tribunal Supremo, donde son de especial relevancia al tratarse de puestos prácticamente vitalicios.
Los sectores conservador y progresista —con diez representantes cada uno— se han puesto de acuerdo en ascender al Tribunal Supremo a Manuel Almenar, quien fuera presidente de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y a Félix Azón, que fue director de la Guardia Civil durante el primer mandato de Pedro Sánchez. El primero entrará en la Sala Civil y el segundo en la Sala de lo Social. Ambos fueron también vocales del CGPJ en el pasado. Su designación se cerró in extremis a última hora del martes, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Por el momento, sigue sin haber acuerdo para la elección de las presidencias de las salas del Supremo. Especialmente, de las dos más delicadas, la Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. Pero sí ha habido acuerdo para hacer otros 19 nombramientos en el alto tribunal. En total, se ha designado a un magistrado en la Sala Primera, seis en la Sala Cuarta y 12 en la Sala Tercera. Además, han salido adelante una docena de designaciones en tribunales autonómicos para los que sólo había un aspirante y otras cuatro plazas en la jurisdicción militar, explican fuentes del órgano.
El renovado CGPJ inició su mandato con el reto de renovar un centenar de plazas vacantes en las cúpulas de los principales tribunales. El veto a la designación de jueces mientras no se renovara el órgano provocó que decenas de cargos judiciales siguieran desempeñando sus mandatos fuera del período de cinco años que marca la ley, lo que impedía que otros jueces optaran a esos puestos. Y también que hubiera decenas de plazas ocupadas por suplentes o directamente vacías.
La ley establece que un candidato debe conseguir los 13 votos que constituyen las tres quintas partes del pleno para acceder a estas plazas. El actual CGPJ está dividido totalmente a la mitad, con diez vocales progresistas y diez conservadores, a los que suma la presidenta, Isabel Perelló. Por tanto, la elección requiere el acuerdo de consejeros de ambos bloques.