Junts reformula su petición a Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza y lo ciñe a la Constitución

El partido de Carles Puigdemont cambia el redactado de la iniciativa después de acordarlo el martes con el Gobierno en las negociaciones para el decreto del escudo social

Gobierno y Junts pactan que el Congreso tramite la moción de confianza, pero Sánchez no se someterá a ella

Junts ha modificado finalmente la proposición no de ley que registró en el Congreso para solicitar a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. En el nuevo redactado, el partido de Carles Puigdemont insta al Gobierno a “considerar la oportunidad” de plantear la medida “conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución” y aclara que de aprobarse no tendría “vinculación jurídica”.

La formación independentista ha presentado este nuevo redactado después de la negociación que mantuvo este martes para negociar el decreto con el escudo social que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros. Como parte de ese acuerdo, Sánchez aceptó que la mayoría progresista de la Mesa del Congreso tramite la iniciativa a cambio de modificaciones en su redactado, tal y como habían sugerido los servicios jurídicos de la Cámara Baja.

En el informe que los letrados hicieron a petición de la Mesa sobre la iniciativa de Junts, recomendaban al grupo parlamentario modificar la redacción para aclarar que la iniciativa tendría un mero carácter político. “Cabría solicitar al grupo parlamentario autor de la iniciativa la reformulación de la misma para reforzar el carácter exclusivamente político de la misma”, decía el informe, que se lavaba las manos a la hora de aconsejar si el órgano de gobierno del Congreso debía tramitar o no la iniciativa.

Aquella proposición no de ley estaba redactada de la siguiente forma: “El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza”. Tanto los letrados como varios de los socios del Gobierno y también el propio Partido Socialista habían planteado problemas para tramitar una iniciativa de este tipo toda vez que la Constitución establece que una cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno.

La proposición no de ley fue un movimiento que Junts hizo en diciembre tras asegurar que había perdido la confianza en el Gobierno, una forma de dar un golpe en la mesa de la negociación de todas las carpetas que ambas partes tienen abiertas desde el comienzo de la legislatura. Hace unos días, Carles Puigdemont había puesto como condición para reanudar las conversaciones parlamentarias con los socialistas la admisión a trámite de esa iniciativa.

Este martes, el Gobierno y Junts terminaron de cerrar las negociaciones para volver a llevar de nuevo al Congreso el nuevo decreto con el escudo social que los de Puigdemont tumbaron hace justo una semana. Un decreto que contenía medidas tan significativas como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. Los independentistas catalanes aceptaron dar apoyo al nuevo texto a cambio de retirar algunas cuestiones sobre todo de índole económica del decreto y a cambio también de que el Gobierno aceptara tramitar la PNL.

Pero para aceptar ese compromiso, el Ejecutivo pidió a Junts que reformulara el texto tal y como pedían los letrados, de modo que quedase explicitado que la prerrogativa corresponde exclusivamente a Sánchez de acuerdo a lo que dicta la Constitución. Así lo reconoce el texto que ha registrado este miércoles la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras. “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de esta iniciativa”, dice la nueva proposición de ley.

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