El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid admite la querella de este militante antifranquista y ordena identificar a los miembros de la Brigada Político Social, la policía política de Franco, a los que acusa de torturas durante las dos detenciones que sufrió en 1975
Carlos Serrano, el último querellante contra el franquismo: “Solo queremos la justicia que se nos ha negado”
El Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el militante antifranquista Carlos Serrano, en la que acusa a cinco policías de torturas durante la dictadura franquista. La jueza María del Mar Sánchez López ha decidido incoar diligencias previas y abre así la investigación para determinar si durante las dos detenciones que Serrano sufrió en 1975 a manos de la Brigada Político Social, la policía política de Franco, fue objeto de un delito de torturas “en un contexto de crímenes contra la humanidad”, como apunta la querella del militante antifranquista.
El auto de la jueza, fechado el pasado 22 de enero, acuerda pedir a la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior que se identifique a los cinco querellados: Juan Barrero, Agustín Costo Martínez, Eduardo Moreno y los Inspectores con números profesionales 9.227 y 8.304.
Serrano presentó la querella el pasado diciembre a través de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua), que ha celebrado el contenido del auto. Militante de la Liga Comunista y activista estudiantil, Serrano fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, por su actividad en oposición al régimen franquista y fue trasladado a la Casa de Correos de la Puerta del Sol, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y ahora sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se opone a recordar su pasado franquista a través de la instalación de una placa.
“Me torturaron y amenazaron. Además, estaba totalmente incomunicado. Mi familia no sabía nada de lo que me estaba pasando, ni por supuesto tenía acceso a un abogado. Aun siendo menor, recibí el mismo maltrato que mis compañeros”, explicó Serrano sobre su primer encierro en la DGS, cuando aún tenía 17 años. El segundo se produjo unos meses más tarde y en ambos casos fue trasladado después a la cárcel de Carabanchel, contó el querellante a este medio. Franco murió con Serrano entre rejas y se convirtió en uno de los beneficiados del indulto firmado por el Rey Juan Carlos el 25 de noviembre de 1975. Tres días después salió de prisión.
Ahora, con 67 años, ha decidido interponer la querella para que “la impunidad termine en este país”. Con esta admisión a trámite son tres las que en los últimos meses ha logrado CEAQUA –junto a la de Teófilo del Valle en Elda y Fausto Viana en Paterna–, pero recuerda la organización que “no deja de ser algo excepcional y supone un tímido avance en esta materia”. Lo habitual es que este tipo de querellas sean archivadas o inadmitidas a trámite, que es lo que ha ocurrido con las 115 presentadas en los últimos años solo por este colectivo.
“El Estado español debe revertir, de una vez por todas, sus políticas de impunidad, implementando medidas legislativas que garanticen, de una vez por todas, el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la Transición”, esgrime CEAQUA en un comunicado, en el que recuerda que todavía en España no se ha juzgado ningún crimen de la dictadura.