Cómo fabricar votantes de Vox, caso práctico: el palacete y los inquiokupas

Resulta muy difícil comprender la política española desde el extrarradio (hablemos claro, todo lo que no sea Madrid) sin asumir antes cómo funciona el ecosistema mediático, político y económico de la capital. Pero lo que se antoja imposible, a la vista de todo lo que ha sucedido durante la última década en España, es que la burbuja madrileña, donde se mezclan todos los poderes posibles, comprenda que sus obsesiones no tienen por qué ser las de todo el país. 

¿Cómo explicar si no, que entre esas élites madrileñas, que presumen de manejar todas las claves del país, nadie viera venir la eclosión de Podemos en 2014? 

¿Que dieran por hecha -algún presunto director de periódico de la época aún sigue lamentándose cada mañana- la victoria de Susana Díaz sobre Pedro Sánchez en las primarias del PSOE? 

¿Alguien entiende que el IBEX y su prensa más obediente pusiesen todas las fichas -y bastante dinero, hay banqueros que incluso reconocieron públicamente que esa era su apuesta- en la casilla de Ciudadanos y Albert Rivera? 

¿Y que en las generales de 2023 la unanimidad de la prensa conservadora anticipase un Gobierno de Feijóo e incluso algún sociólogo de cabecera se atreviera a pronosticar el mes exacto en que Sánchez dejaría de ser líder del PSOE?

¿Alguna explicación para que todos esos titulares y tertulias lleven llamando mayoría Frankestein a la suma de partidos que hicieron presidente a Sánchez desde 2018 y no quisieran oler el desastre de coaliciones que formaron PP y Ciudadanos primero y últimamente las que los populares sellaron con Vox, hoy rotas en todas las autonomías? 

Después de todos esos presagios fallidos, la cámara de eco de la capital ha estipulado que a Pedro Sánchez le quedan dos telediarios porque ningún gobierno, y menos uno con esa aritmética en el Congreso tan precaria, puede soportar el ambiente irrespirable que esa misma prensa, con la ayuda de algunos jueces y fiscales, contribuyen a generar cada día.

Alberto Núñez Feijóo acostumbraba a repetir en Galicia, aposentado sobre sus confortables mayorías absolutas, que convenía “huir del ruido de Madrid”. Y sin embargo ahora que lleva dos años al frente de la megafonía capitalina, todos los decibelios le parecen pocos. Cualquiera que haya seguido de cerca la trayectoria durante las últimas dos décadas del actual líder del PP puede concluir que la diferencia fundamental entre su etapa gallega y madrileña es que al frente de la Xunta, con sus generosos presupuestos públicos para publicidad institucional, él mandaba sobre los medios conservadores. Hoy, en cambio, les obedece. Y les teme. (No está claro que se los crea, en Santiago desde luego no lo hacía). Y mezclado con lo anterior, el segundo gran elemento que explica el antes y después de Feijóo se llama Vox, la amenaza por la derecha que nunca le acechó en su tierra.

Feijóo y sus asesores han asumido ya que cualquier tentación de intentar mostrarse como un líder centrista, como reivindicaba -con más palabras que hechos- desde la Xunta, propiciará furibundas homilías mañaneras, amén de tertulias y titulares amenazantes. 

En su gabinete no olvidan aquella primera vez que estuvo a punto de pactar la renovación del Poder Judicial con Sánchez y Federico Jiménez Losantos le recordó que no se le había traído a Madrid para eso, mientras el periódico en el que escribe le enseñaba la cabeza de caballo con el combo completo de portada y editorial el mismo día. 

El Feijóo de la era postCasado no hace lo que cree -o lo que lleva diciendo toda la vida que cree- por temor a que ese “ruido madrileño” que tanto abominaba constituya más gasolina para Vox. Y, sin embargo, no hay nada que engorde más a la extrema derecha española que seguir los postulados de la cápsula político-mediática de la corte.

El último ejemplo es la gestión política que acaba de hacer el PP sobre el famoso “palacete” de París y las conclusiones que puede dejar el asunto del decreto para un votante de derechas.

Vayamos a los antecedentes: la primera noticia sobre las negociaciones para devolver la histórica sede del Gobierno vasco en el exilio de París la publicó este mismo diario el pasado 24 de diciembre. La firmaba nuestra compañera Belén Ferreras y la información, tal vez por ser víspera de Navidad, quizás porque no estaba enfocada al gusto de la burbuja mediática conservadora, pasó inadvertida. No fue hasta la vuelta de las vacaciones cuando el PP y su prensa más afecta quisieron hacer de la devolución al PNV -de un inmueble incautado por la Gestapo y entregado a la dictadura de Franco- uno de esos escándalos nacionales que la derecha necesita cada semana. 

Durante días fue el único argumento esgrimido por los populares para justificar su voto contrario al llamado decreto ómnibus, un cajón de sastre de normas, muy parecido a los que aprobaba Feijóo en Galicia, sigue sacando adelante Ayuso en Madrid y propician tantos otros gobernantes en todas partes. En ese batiburrillo de leyes cabía desde la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, las ayudas a Valencia por la DANA, la prórroga de las ayudas al transporte público, una extensión del escudo para proteger a las familias vulnerables de los desahucios y asuntos económicos variados, entre ellos bonificaciones para la compra de vehículos eléctricos. 

El decreto contenía medio centenar de medidas pero el PP, con su hiperactivo portavoz, Miguel Tellado, al frente, y sus aliados mediáticos machacaron con el asunto del palacete (el mismo cuya devolución había negociado con el PNV el Gobierno de Rajoy hasta que fue desalojado del poder en 2018) no solo suponía un chantaje al conjunto del país, directamente implicaba tomar como rehenes a todos y cada uno de los pensionistas e incluso a los viajeros en tren. El monotema no fue solo mercancía para Tellado y los más cafeteros, el supuestamente templado Borja Sémper llegó a decir que para su partido ceder el edificio de París constituye un “escándalo ético y moral” (sic).

Como anticipaba esa catarata de declaraciones, el PP decidió votar en contra del decreto junto al partido de Puigdemont y Vox. No era la única opción que tenía Feijóo. Con Junts instalado en el no, el líder del PP tenía la oportunidad de desbloquear el decreto y presentarse como salvador ante 12 millones de pensionistas y evidenciar de paso la fragilidad parlamentaria del Gobierno metiendo otra cuña entre los socialistas y Puigdemont a las puertas de una negociación presupuestaria clave para el futuro del Gobierno. Hasta podría haber aprovechado para reconciliarse un poco con ese PNV al que antes o después va a necesitar y con el que hoy tiene todos los puentes rotos. 

En lugar de eso, Feijóo, Tellado y su ejército de tertulianos eligieron hacer casus belli con el palacete para infligir una nueva derrota parlamentaria al Gobierno. Casi definitiva, escribieron algunos cronistas de la corte. Aun a riesgo de arruinar medidas hipersensibles para amplios sectores de la población, el PP anunció a los cuatro vientos que votaría en contra del decreto. Incluida la revalorización de las pensiones (en esto los populares son reincidentes y Feijóo lo recuerda bien porque negar esa evidencia en TVE fue una de las razones de su desplome en la última semana de campaña), el mantenimiento de las subvenciones al transporte público y hasta las ayudas a Valencia. 

Todo, argumentaron entonces, estaba justificado por el escándalo (ético y moral, según Sémper) del palacete. Solo cuando decayó el decreto y cundió entre los populares el pánico de quedar como culpables de que no subiesen las pensiones a los 12 millones de españoles que las cobran, el PP se inventó que el decreto de protección a familias vulnerables fomentaba la ocupación y varios de sus portavoces mintieron descaradamente diciendo que el texto legal contenía una subida del IVA. 

Resultado de la gestión desde Génova 13 del Palacetegate: en solo tres días, el PSOE volvió a negociar con Junts, y a cambio de debatir en el Congreso una proposición no de ley sin ningún valor jurídico sobre una moción de confianza que Sánchez, el único capacitado para hacerlo, ya ha dicho que no va a presentar, y de retirar unos cuantas medidas económicas del decreto ómnibus, el Gobierno ha recuperado su mayoría parlamentaria y restablecido sus relaciones con el partido de Puigdemont.

Entonces el terror volvió a instalarse en la sede nacional del PP, que tardó solo unas horas en pegar otro volantazo y anunciar el voto a favor de un texto que no solo mantiene la cesión del dichoso palacete, también la protección de las familias vulnerables que según sus portavoces, diarios de cabecera y agitadores varios, favorece a los okupas. 

Tal y como están las cuentas ahora mismo, es muy probable que el decreto del “chantaje” y las “cesiones a los okupas” vayan a votarlo casi 300 diputados, de los 350 que tiene el Congreso. Llegados a este punto, caben solo dos posibilidades: o los votantes del PP y lectores de su prensa más entusiasta no se han creído el apocalipsis de esta semana sobre el palacete y los inquiokupas, o que consideren cierto todo lo anterior y vayan a frotarse los ojos cuando Feijóo y los suyos voten a favor de las siete plagas que anticiparon. 

A los de la opción B, la de quienes se hayan tragado toda esa hipérbole, solo les quedará una salida: votar a Vox, el único partido que a día de hoy mantiene el voto en contra al decreto ómnibús. Santiago Abascal ya lo ha dicho: pretende quedar ante esos votantes como el único que protege de verdad el patrimonio español y a los propietarios para que cuando salgan a comprar el pan no se llenen sus casas de okupas alentados por las leyes que aprueba el Gobierno ahora con los votos de Feijóo.

El resto, los que no se creen nada, simplemente habrán recibido otra doble ración de antipolítica: la creación de dos urgencias ficticias, el palacete y los inquiokupas, que servirán de alimento para la extrema derecha.

El Gobierno Frankestein y las coaliciones del PP

La respuesta de por qué el Feijóo madrileño se comporta así vuelve a estar en la burbuja de medios conservadora. En ese sector de la derecha mediática y económica, los del “Gobierno Frankestein”, que repite cada mañana que Sánchez está en las últimas y puede caer tras cualquier votación. Los más fieles partidarios del aznarismo, político y mediático, que asistes a las últimas condenas de Zaplana, Rato y pronto de Francisco Álvarez Cascos, como si no les conocieran de nada, se esfuerza en convencer al país de que jamás se ha visto tanta corrupción como el software sin ánimo de lucro de Begoña Gómez y la plaza en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez. Tan centrados están el PP y sus altavoces en la familia del presidente que hasta se ha dejado de lado el verdadero escándalo de corrupción que sacude a quien fue su número dos en el PSOE, José Luis Ábalos, y al asesor de este en todas partes, el poliimputado Koldo García.

El ruido de sumarios contra la izquierda tampoco es novedoso. Basta recordar algunas portadas y escaletas de televisón para comprobar lo muy cercado que estaba también Podemos en los tribunales por aquellas denuncias que le atribuían cuentas en paraísos fiscales y niñeras con cargo a los presupuestos del Estado. ¿Alguien quiere hacer memoria de en qué quedo todo eso?

Pese a todo eso y a su propia hemeroteca gallega, Feijóo ha decidido seguir la estela de todos esos decibelios, y hacer suyo el diagnóstico de quienes pronosticaron que el sanchismo escribiría su final el 23 de julio de 2024. de quienes aventuran cada día el descalabro de un país que bate récords económicos en Europa y alcanza niveles de empleos nunca vistos. No les arredra ni al PP ni a sus editorialistas de cabecera que entidades tan poco sospechosas de veleidades comunistas como JP Morgan recomienden comprar deuda española y vender la alemana. 

En este país donde nacen, crecen, se reproducen y mueren los partidos a un ritmo vertiginoso, sería suicida arriesgarse con los pronósticos. Y hasta puede que quienes apostaron por Susana Díaz, por Ciudadanos y por las sucesivas derrotas del sanchismo desde 2018 acierten alguna vez, pero la verdad hoy es que tras la calamitosa gestión del palacetegate, el Gobierno está más cerca que antes de aprobar unos presupuestos que son la pieza que busca para amarrar la legislatura.

Postdata: es tal la potencia de sus altavoces que frente al verdadero problema que sacude ya a varias generaciones de españoles y que son los precios desorbitados de las viviendas tanto en venta como en alquiler, el gran conflicto que sí puede desalojar a la izquierda del Gobierno, que la burbuja conservadora trata de instalar ahora que la urgencia es combatir la okupación e incluso se ha permitido bautizar como inquiokupas a todas esas familias con problemas para pagar el alquiler. El camino debe ser justo el contrario al ruido madrileño: cuánto menos se insulte y más se ayude a esos hogares vulnerables, más cerca estará la izquierda de mantenerse en el poder. Digan lo que digan las portadas, las tertulias y los anuncios de alarmas que las patrocinan.