Envía una «exposición razonada» para que se pueda reactivar la causa por prevaricación tras la denuncia de la Fiscalía en el caso de Valogreene Paper
Los denunciantes de las irregularidades en el chalé de Aia de una exedil del PNV aprecian hechos “cuasi delictivos”
El juzgado de Vitoria que inició en 2023 una causa penal por prevaricación contra la ahora consejera Amaia Barredo, del PNV, ha enviado finalmente en los últimos días, después de siete meses, la “exposición razonada” que exige la normativa procesal para la derivación del sumario al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), dado que la investigada tiene ahora la condición de aforada. Superado este trámite, la sala de lo civil y de lo penal del alto tribunal vasco deberá decidir si hay base para procesar a Barredo por este caso, conocido como Valogreene Paper. No hay un plazo previsto para que se pronuncie.
¿Qué es Valogreene Paper? Tras una comunicación de Ekologistak Martxan sobre la puesta en marcha en la localidad guipuzcoana de Bergara del proyecto con ese nombre, la Fiscalía vio indicios de que Barredo, como viceconsejera de Medio Ambiente de Arantxa Tapia en aquella época, pudo cometer un delito de prevaricación al autorizar esa planta. La prevaricación consiste en dictar una resolución administrativa a sabiendas de que es injusta o irregular. No está penada con prisión pero sí con la inhabilitación para ejercer el cargo.
Valogreene Paper, inicialmente, había contado con los parabienes del Ayuntamiento de EH Bildu. Pero al entender que sus promotores habían cambiado sus características de modo muy importante para destinarla a los lodos papeleros, el municipio retiró finalmente la autorización inicial. Sin embargo, el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco otorgó igualmente el plácet ambiental. Barredo fue quien estampó la firma.
La tramitación del expediente la capitaneó Javier Aguirre Orcajo, el director de Medio Ambiente en aquel equipo. Él también fue denunciado por la Fiscalía e imputado en esta causa por los mismos motivos que Barredo. Según fuentes judiciales, el juzgado de Vitoria ha propuesto también que el Superior asuma la investigación relativa a Aguirre Orcajo al entender que es la misma causa aunque él no esté aforado y, técnicamente, el procedimiento podría dividirse en dos. Mientras que Barredo saltó en 2023 de viceconsejera a diputada foral en Álava y finalmente, a mediados de 2024, regresó al Ejecutivo como consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Aguirre Orcajo ha permanecido en su mismo cargo hasta fechas muy recientes. A finales de diciembre apareció en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) su cese como director en un breve decreto en el que el consejero Mikel Jauregi y el lehendakari, Imanol Pradales, le agradecían “los servicios prestados”. Ahora, según fuentes del Gobierno, ocupa un puesto en URA (Agencia Vasca del Agua). Se trata de una plaza vacante de “jefe de la oficina territorial de las cuencas cantábricas occidentales”.
Javier Aguirre Orcajo, el segundo por la derecha de la imagen
El periplo judicial
La autorización de Valogreene Paper llegó en abril de 2022. Un año después, la investigación ya estaba en marcha. Este periódico la adelantó precisamente cuando Barredo había sido elegida, tras las elecciones forales de mayo de 2023, como nueva diputada foral en el equipo de Ramiro González. Más tarde admitió que no había informado de sus asuntos judiciales en ningún momento ni al partido ni al diputado general, que se encontró la sorpresa tras firmar el nombramiento. Doce meses después, ya con plena consciencia de la causa judicial, Imanol Pradales eligió a Barredo para su primer gabinete y le asignó una cartera de nueva creación dedicada al primer sector.
A los pocos días de tomar posesión, el juzgado de Vitoria se inhibió. El Estatuto hace que los miembros del Gobierno sean aforados, es decir, que solamente el Superior puede investigarlos y juzgarlos. Pero eso no es un automatismo. Desde entonces, la sala correspondiente del alto tribunal vasco y la instructora inicial han estado peloteando con escritos. La normativa exige una “exposición razonada” para traspasar el asunto, lo que ahora se ha enviado después de varios intentos fallidos anteriores a lo largo de estos meses.
Barredo siempre ha defendido su total inocencia. Repite que se guió exclusivamente por el criterio de los técnicos de Medio Ambiente, es decir, que nunca realizó ningún acto a sabiendas de que era irregular en lo tocante a Valogreene Paer. Fue citada a declarar poco antes de entrar al Gobierno y así lo recalcó. Cuenta con defensa letrada proporcionada por la propia Administración. La pidió por carta a la exconsejera Tapia.
Además de este procedimiento, también la Fiscalía de Gipuzkoa recibió otra denuncia por los mismos hechos. Encargó un informe a la Ertzaintza y posteriormente derivó todos los datos al juzgado de Vitoria que había tramitado la primera causa, al entender que las conclusiones eran similares. Además, se han presentado en el Superior cuatro recursos contenciosos-administrativos para anular la autorización ambiental. Son del Ayuntamiento de Bergara, de Ekologistak Martxan de nuevo y de dos particulares. Al menos uno de ellos está paralizado a expensas de que se resuelva la vía penal. La Comisión de Ética del Gobierno vasco determinó en su momento que Barredo podía continuar con normalidad en sus funciones mientras estaba siendo investigada hasta que se abra juicio oral, si es que hay base para ello. Agirre Orcajo recibió una respuesta similar a su consulta.