Profesionales cualificados, salarios bajos y sin antigüedad: el conflicto laboral en el Instituto Nacional de Ciberseguridad

La plantilla del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) está en pie de guerra por un convenio propio. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lleva hasta dos años intentando mejorar las condiciones de los 160 trabajadores altamente cualificados que conforman esta empresa pública. Entre sus demandas, que la antigüedad de los empleados esté reconocida como un complemento al salario base. El sindicato denuncia que la empresa esgrime diversos motivos para evitar la negociación, mientras que la compañía asegura que la mesa negociadora del futuro convenio se constituirá este febrero.

El Incibe es un centro estratégico en lo que a seguridad nacional se refiere al ser el ente encargado de la ciberseguridad tanto de la ciudadanía como de las empresas del país. Detrás del 017, el número de teléfono disponible a todas horas ante cualquier problema en el ámbito de la ciberseguridad, está este Instituto. Cuando empresas estratégicas privadas tienen un incidente, deben notificarlo al Incibe. También dispone de un equipo de inteligencia que colabora en dispositivos especiales, como los desplegados durante las elecciones.

El vicepresidente de la unión provincial del CSIF en León, Hipólito B. Riesco, recalca que el conflicto se remonta al momento de constitución del ente. Tras la creación del germen del actual Incibe, por entonces el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, se firmó entre los agentes sociales y la empresa en 2011 un acuerdo colectivo que mejoraba en algunos aspectos el convenio nacional de consultoría, al que están adscritos. Por otra parte, “la firma significaba la no aplicación de algunos artículos del convenio y tendría una vigencia anual que se prorrogaría año tras año si ninguna de las partes denunciaba el acuerdo”, según especifica el sindicalista.

Un acuerdo propio sin actualizar desde 2011

En 2018 y 2023 se volvieron a publicar nuevos convenios nacionales de consultoría, mientras el acuerdo de empresa del Incibe seguía inalterado. Esto supuso que aquellos avances que en un primero momento el acuerdo reportaba a la plantilla perdieran su carácter especial, ya que cada vez estaban más extendidos entre el sector. En 2022, la empresa pública celebró elecciones sindicales, que ganó el CSIF, con cinco delegados, seguidos de CCOO, con tres representantes.

Según Riesco, una vez analizada la situación, pidieron varias reuniones con la empresa, que no les fueron concedidas. “Dada esta respuesta, denunciamos el acuerdo, por lo que debería dejarse en suspenso según su propia normativa, mientras que Incibe tendría que crear una comisión negociadora en menos de un mes”, añade el vicepresidente regional.

Para la plantilla, lo más gravoso está en la no aplicación de los artículos del convenio nacional de consultoría, relativos a la posibilidad de cobrar un complemento de antigüedad y un plus por convenio. “Han pasado más de 10 años desde que se firmó ese acuerdo de empresa y no han variado las condiciones laborales”, se queja el mismo Riesco, que afirma que la primera respuesta que recibieron por parte del Incibe sobre sus demandas fue rechazada: “Nos pedían mayor concreción y nos exigían que aportáramos detallados los costes de cada una de las medidas a negociar, lo que es responsabilidad de la empresa, que nos reconoció que ese estudio ya lo tenía hecho”.

Al mismo tiempo, CSIF intentó registrar la denuncia al acuerdo de empresa. Para su sorpresa, se dieron cuenta de que no constaba en los archivos. El acuerdo suscrito en 2011 nunca fue oficializado legalmente, por lo que ahora resulta imposible impugnarlo. Según Incibe, a ese acuerdo se le han ido añadiendo acuerdos adicionales y “está actualizado a las necesidades laborales de la plantilla”, tal y como han asegurado a elDiario.es.

Negociación dilatada

Llegados a este punto, CSIF optó por promover una nueva negociación colectiva. Era febrero de 2024: “La empresa tampoco creó la comisión negociadora y en julio nos dijeron que era imposible negociar porque por delante venían las elecciones europeas”, añade Riesco. Una vez superados los comicios, “la nueva excusa fue que no podíamos negociar porque en ese momento se estaba tramitando la transformación del Incibe de sociedad mercantil a empresa pública estatal”, añade.

Riesco sostiene que ese proceso de transformación nominal está completamente parado. “Dada la parálisis de la empresa, volvimos a pedir renegociar el acuerdo de empresa original, y ahí nos dijeron que no sería equitativo ya que ahora mismo CSIF no tiene la misma representación sindical del comité que lo firmó en 2011, con CCOO a la cabeza”, desarrolla el sindicalista. Ya era octubre de 2024 y desde CSIF se opusieron de manera rotunda a este motivo: “Nos niegan que podamos negociar mejoras de un acuerdo firmado por una mayoría sindical distinta. Esto es dejar en el desierto absoluto a los trabajadores cada vez que se modifique su representatividad en el comité”, incide el sindicalista de León.

Todavía quedaban unos meses de vaivenes por delante. En diciembre del año pasado volvieron a exigir que se creara la comisión negociadora para un convenio propio de Incibe. “En esta ocasión la excusa fue que Hacienda no les había autorizado el inicio de las negociaciones, pero al mismo tiempo nos dicen que tampoco lo han solicitado”, cuenta el integrante del CSIF.

Ya este enero, el motivo que Incibe planteó a la representación sindical para no llevar a cabo la mesa paritaria era que la compañía actualmente no cuenta con secretario general. “Aquí no hay voluntad ninguna. Es totalmente inadmisible la situación generada en esta empresa pública, con un acuerdo totalmente desactualizado de 2011”, denuncia el propio Riesco.

Personal cualificado con bajos salarios

Sobre la realidad que se vive en el centro neurálgico de ciberseguridad en España, el representante sindical recalca que un técnico altamente cualificado, el perfil mayoritario en la compañía, cobran unos 26.000 euros brutos al año, lo que tilda de “inadmisible”.

Un trabajador de Incibe con siete años de experiencia en la entidad que responde a las siglas de J. F. M. recalca que se trata de “un personal muy demandado en el mercado, y en el sector privado las empresas tecnológicas ofrecen unas condiciones que apenas se iguala en lo público”. Opina que, si realmente les interesa retener el talento en Incibe, su nivel salarial no tendría que ser hasta dos y tres veces inferior al que pueden encontrar en otros centros.

Este empleado de la compañía pública admite que, más allá de los técnicos, hay algunos otros perfiles con mayor responsabilidad que gestionan proyectos europeos de millones de euros que pueden llegar a cobrar hasta 35.000 euros brutos al año. “Ahora también nos enfrentamos a muchos cambios en el organigrama de la plantilla. Se han dado varios despidos arbitrarios, ocho como improcedentes, incluso uno nulo, y los trabajadores tienen miedo”, comenta.

J. F. M. asegura que sus sueldos no han variado más allá de lo estipulado en la normativa general estatal. Por otro lado, se centra en el aspecto de la antigüedad como un elemento clave del futuro convenio: “Yo no sé de ninguna empresa pública en la que no se respete la antigüedad de sus empleados”, apuntilla.

El Incibe confirma que sus trabajadores no reciben ningún plus por antigüedad. “La retribución de los empleados se divide en un salario fijo y una retribución variable vinculada al cumplimiento de objetivos de desempeño”, ha explicado la entidad. Según han informado, a 30 de noviembre de 2024, el salario medio fijo de los 160 empleados de Incibe, excluyendo los contratos directivos (dos contratos de alta dirección y el contrato de alto cargo del director general), asciende a 35.914 euros anuales, a los que se sumaría la retribución variable, los beneficios sociales como seguro médico privado de empleados y empleadas y sus familiares, vales comida, guardería infantil. Asimismo, el Instituto asegura que, en los últimos dos años, el salario medio fijo se ha incrementado un 9%, e igualmente se ha ampliado la plantilla en 33 nuevos contratos, lo que representa un incremento del 26% de personal.

Riesco enfatiza que “es inasumible que se mantengan a los trabajadores en condiciones pésimas mientras el director general cobra 127.00 euros al año”. Por otro lado, también se dirige a los representantes del Gobierno: “Apoyamos sin dudas las pretensiones de este Gobierno sobre mejorar las condiciones laborales y subir el SMI, pero no es entendible que se hayan olvidado de la plantilla de una empresa como esta. Parece que si no estás en Madrid es como si no existieras”.

Requisitos para la negociación

Un trabajador que también prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias laborales, con unos nueve años de experiencia en Incibe, agrega que desde el comité de empresa enviaron una carta dirigida al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, explicándole lo que sucedía. “Se ha puesto de perfil pese a ser socialista. Lo único que hizo fue comunicarle a la dirección del Incibe que le habíamos enviado esa carta y la dirección criticó al comité de empresa en una reunión con los empleados”, enuncia.

El Instituto de Ciberseguridad señala que está “plenamente dispuesto” a negociar un convenio colectivo. Pero añaden: “No obstante, está pendiente de que se disponga de información vinculante, como las implicaciones del cambio de estatus jurídico de Incibe, que está en trámite de conversión de Sociedad Estatal Mercantil a la nueva figura de Ente Público Empresarial, tal y como se aprobó iniciar en trámite en Consejo de Ministros de abril de 2024”.

Por otra parte, reivindican que el comité de empresa especifique las cuestiones que se pretende negociar, “tal y como exige la ley, a lo que el comité solo ha enviado una relación de asuntos y partidas abiertas y ambiguas, que van desde la ampliación de los vales de comida, al abono de complementos salariales por antigüedad”, en sus propios términos. Incibe se ha comprometido a constituir la tan ansiada mesa negociadora en febrero de este año.

Miedo en la plantilla

J. F. M. reitera en que hay mucho miedo en la plantilla a la hora de reivindicar mejoras laborales. “En los últimos dos años se han dado despidos arbitrarios. La empresa también mueve muchos puestos y hace cambios en los departamentos, lo que supone que algunos profesionales acaben arrinconados como represalia”, añade. Del mismo modo, se queja de la sobrecarga de trabajo constante que sufren y que nunca se reconoce por parte de la compañía.

Su compañero suscribe estas palabras: “Aquí ha habido despidos y personas a las que se ha degradado su categoría profesional, a veces sustituidos por otras que no tienen el perfil más adecuado, por eso la plantilla tiene mucho miedo”, defiende.

Por el momento, será el Servicio Regional de Relaciones Laborales en primera instancia quien intente una aproximación entre la parte empresarial y la plantilla. “Al menos para que la empresa cumpla el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, porque muchas veces ni siquiera informan al comité de los cambios en las medidas organizativas”, explica la trabajadora del Incibe. Todavía no hay fecha para el acto de avenencia.