La Audiencia de Barcelona aplaza la vista en la que dos acusados se enfrentan a seis años de cárcel por disturbios mientras impedían un desalojo
La carta de un profesor a Collboni, Illa y Sánchez justo antes de ser desahuciado de la Casa Orsola: “Sois los responsables”
“Aquí no hay justicia ni verdad”, clamaba uno de los carteles de la concentración de apoyo a dos jóvenes a los que la Audiencia de Barcelona debía juzgar este jueves por disturbios en un desahucio. La verdad, al menos la judicial, tendrá que esperar. El tribunal ha decidido suspender la vista para que la Fiscalía, que inicialmente pide hasta seis años de cárcel a los activistas, concrete de qué les acusa.
Es la cuarta vez que, por distintas razones, se suspende el juicio por los altercados que hubo en el desahucio de una familia en el barrio de Sants de Barcelona en febrero de 2020, solo un mes antes del confinamiento. Casi cinco años después, el derecho a la vivienda monopoliza la lucha vecinal de la ciudad, con el desahucio del primer inquilino de la Casa Orsola previsto para este viernes.
En el caso de los vecinos de Sants, la Fiscalía acusa a uno de los dos jóvenes de intentar lanzar una puerta de madera a un agente, mientras que al otro lo señala por “lanzar, al menos, una botella de vidrio” contra los agentes mientras “los increpaba de manera agresiva y altisonante”.
Todo ello en el marco de una concentración de vecinos que “insultaron e increparon” a los Mossos d’Esquadra, además de “obstaculizar” el trabajo policial colocando mesa para evitar que la policía llegara hasta el inmueble, destaca el Ministerio Público.
La traducción penal de este comportamiento, para la Fiscalía, merece ser castigado con seis años de cárcel (dos por desórdenes públicos y cuatro por atentado a los agentes de la autoridad).
En cambio, esta acusación resulta, a juicio de la defensa de los acusados, demasiado imprecisa y desproporcionada, toda vez que en fase de instrucción a los jóvenes solo se les informó de que estaban imputados por desórdenes públicos.
Por ello, al inicio de la vista, las letradas Eva Pous y Norma Pedemonte, de Alerta Solidària, han alegado que la Fiscalía “no concretaba” de qué acusaba a los dos jóvenes. Las abogadas también han reclamado la nulidad de la causa por otras vulneraciones de derechos que el tribunal no ha estimado.
La petición de las abogadas se ha producido durante el trámite de cuestiones previas. Se trata del momento inicial de los juicios, en el que los abogados pueden denunciar vulneraciones de derechos o pedir la inclusión de pruebas de última hora.
Normalmente, los tribunales rechazan la mayoría de cuestiones previas o las resuelven en la sentencia, una vez celebrado el juicio. Pero no ha sido así este jueves. Tras un breve receso, el magistrado Ignacio González Vega, que presidía el tribunal de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona, ha comunicado que la vista quedaba suspendida.
“Debemos suspender el juicio y dar un plazo de cinco días para remediar estos defectos advertidos”, ha dicho el magistrado. Ahora el balón vuelve al tejado de la Fiscalía, que, en atención a lo reclamado por el tribunal, tendrá que volver a presentar un nuevo escrito de acusación.
Uno de los precedentes recientes de una imputación inconcreta admitida por un tribunal es la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió, en 2021, a un grupo de estudiantes acusados de disturbios en una manifestación.
En su resolución, los jueces concluyeron que la investigación de ese caso vulneró los derechos fundamentales de los jóvenes al imputarles “de forma indiscriminada e imprecisa” los disturbios. El “quebranto de garantías procesales” de los jóvenes vivido durante la fase de instrucción del caso, adujeron los magistrados, les generó una “material indefensión” y motivó la anulación de toda la causa.
El caso del desahucio de Sants todavía está lejos de saber su desenlace. La última vez que se suspendió este juicio se tardó casi un año en volver a señalarse.