Un equipo de fiscales, que incluye especialistas en medio ambiente, penal y anticorrupción trabaja, en colaboración con el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que asume las competencias sobre las diligencias de la tragedia
Un centenar de afectados por la DANA se querella contra cargos del Gobierno de Mazón y la Confederación Hidrográfica
Un juzgado de instrucción de una de las localidades de l’Horta Sud más afectadas por la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre ha asumido las diligencias de las denuncias y querellas. El Ministerio Fiscal ha acordado centralizar las diferentes diligencias seguidas hasta ahora por la DANA en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, cuya titular es la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Se trata de la localidad de la comarca de l’Horta Sud situada en el partido judicial que más víctimas mortales acumula a consecuencia de la barrancada, con un total de 75 fallecimientos. La magistrada, que es la decana del partido judicial de Catarroja, ha oficiado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana para que le informe de todas las actuaciones llevadas a cabo por ese órgano el 29 y el 30 de octubre y a la Conselleria de Interior y Emergencias para que comunique quién tomó la decisión de emitir la alerta masiva a los móviles a las 20.11 del 29 de octubre, la información de que se disponía y desde qué momento, si ésta procedía de otros órganos o administraciones y si se adoptaron otras medidas preventivas.
Por otra parte, la Fiscalía Provincial de València también ha informado sobre la creación de un equipo de cinco fiscales para proporcionar una “respuesta coordinada” desde el Ministerio Público y trabajar en colaboración con el juzgado de instrucción. El equipo incluye a fiscales especialistas en medio ambiente, penal y, lo más llamativo, anticorrupción.
Las denuncias por la DANA se encontraban en una suerte de limbo, a tenor del excepcional desafío que suponen por la cantidad de personas afectadas y la complejidad jurídica. La causa, en el caso de que prospere una instrucción, se antoja larga y con una severa carga de trabajo, con antecedentes como la pantanada de Tous en 1982.
La jueza pide información a la Generalitat, el ministerio y la CHJ
La jueza, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), comunicó verbalmente este jueves a la delegación de fiscales su disposición de asumir la competencia sobre las diligencias previas por denuncias o querellas relativas a la gestión de la DANA que le puedan llegar desde diferentes juzgados de la provincia para acumularlas a sus diligencias previas 692/24, abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades de su partido judicial.
En el marco de ese procedimiento, la magistrada ha acordado la práctica de algunas diligencias de investigación, tales como la remisión de un oficio al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a fin de que aporte documentación sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo y el estado de sus cauces. También ha reclamado información al ministerio sobre el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros extremos.
Tres meses después de la catastrófica barrancada, los numerosos denunciantes o querellantes ya tienen un juzgado de instrucción que centralice de las diligencias. El TSJ-CV remitió al ámbito de los juzgados de instrucción las siete querellas y denuncias iniciales contra el president Carlos Mazón. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València archivó una denuncia del pseudosindicato Manos Libres, al considerar que planteaba una causa general. Además, Podemos también presentó una denuncia por la DANA, aunque sin dirigirse contra ningún responsable en concreto.
Esta semana, un centenar de afectados (incluidos tres familiares de fallecidos), agrupados en la Asociación de Damnificados Horta Sud de València, se querelló contra miembros del Consell de Mazón (ninguno de ellos aforado) y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, por los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, daños, prevaricación omisiva y omisión del deber del socorro.