Este viernes está programado el primer desalojo de finca modernista del barrio del Eixample, después de que una empresa comprara todo el inmueble
La lucha de 20 familias de una finca modernista de Barcelona para que un grupo inversor no las eche
La calle Consell de Cent de Barcelona, en pleno centro del Eixample, acoge una de las pacificaciones más famosas de la ciudad y es, según Time Out, una de las mejores calles del mundo. Normalmente la transitan turistas y visitantes, pero este viernes ha amanecido plagada de tiendas de sacos de dormir y esterillas en las que decenas de personas han pernoctado aquí.
Son activistas por el derecho a la vivienda, que han pasado la noche frente a la Casa Orsola, una finca modernista que estas semanas está acaparando toda la atención a raíz del desahucio de Josep, un profesor de 49 años que tiene su expulsión fijada para este viernes. Llevan concentrados desde la tarde del jueves, cuando el Sindicat de Llogateres convocó una “maratón cultural” para mostrar el apoyo de la ciudadanía a Josep y que se ha alargado hasta la mañana del viernes.
A ellos se han sumado, desde las siete de la mañana, otros tantos madrugadores que, en seguida, han llenado la confluencia de las calles Consell de Cent y Calabria. “Es un símbolo y nos toca defenderlo”, ha dicho un joven, con el saco enrollado en la mochila.
“Casa Orsola, no estás sola”. Este cántico, salido de un megáfono, ha dado inicio a la concentración, a las 8:45 horas. Por el momento, la única presencia policial es la de la Guàrdia Urbana que desvía el tráfico.
La Casa Orsola, tras más de cuatro años de conflicto, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la gentrificación y el alquiler de temporada. Todo se remonta a 2021, cuando Lioness Inversiones compró la finca. Entonces había 27 pisos habitados; de ellos, unos pocos tenían contratos indefinidos y al resto, se les vencería en pocos años.
Un año después del cambio de titularidad, y tras varias concentraciones, intentos fallidos de negociación y una también fracasada mediación del Ayuntamiento, cinco de los vecinos de la Casa Orsola están fuera de contrato.
La propiedad interpuso demandas contra ellos para poder llevar a cabo un desahucio y, en este momento, hay dos vecinos a los que ya se ha aprobado el desalojo. El primero de ellos en tener una fecha fijada es Josep, y la ciudad se ha volcado para ayudarle.
“Hoy es Josep, pero mañana puedes ser tú”, es uno de los lemas que más se están escuchando estos días, demostrando que parte del éxito que ha tenido la convocatoria para parar el desahucio es que la Casa Orsola, en pleno corazón del Eixample, es la muestra de que la crisis habitacional ha llegado a los barrios de clase media-alta.
Eso y que está en uno de los barrios más gentrificados de Barcelona. Sobre todo desde que se finalizó la pacificación de la calle Consell de Cent. Desde ese momento, el barrio -tal como cuentan los mismos vecinos- empezó a perder comercios y habitantes de toda la vida, que se vieron sustituidos por expats, alquileres de temporada y locales de brunch.
Esos nuevos vecinos han llegado a la Casa Orsola. Aunque la propiedad niegue que su intención sea convertir la finca en un edificio de alquileres de temporada, lo sucedido hasta la fecha le contradice. Las viviendas que se han quedado vacías han sido reformadas y ocupadas por jóvenes extranjeros que pagan más de 2.000 euros al mes.
Eso mientras vecinos como Josep pagaban entre 600 y 800. Pero lo que más molesta a los antiguos inquilinos es que los nuevos desconocen o se despreocupan de la situación de la finca. “No quieren saberlo. Para ellos, la ciudad es un decorado. Solo les interesa que haga buen tiempo y que no les roben, pero no se dan cuenta de que el robo es que les cobren 2.400 euros de alquiler”, remacha Josep Torrent.
Una negociación frustrada
Desde que Lioness Inversiones adquirió la finca, el Sindicat de Llogateres ha instado a una negociación colectiva con la propiedad para llevar a un acuerdo y evitar así la expulsión de los vecinos. Pero todos los intentos han sido infructuosos, incluso un conato de mediación que protagonizó el Ayuntamiento de Barcelona.
Pero después del ruido mediático que ha provocado la convocatoria del desahucio de Josep, la tensión comenzó a crecer de tal manera que, a pocas horas de la convocatoria, el Ayuntamiento pidió in extremis que se paralizara el desalojo y que las partes se sentaran a negociar, pero el Sindicat y la propiedad se han acusado mutuamente de dinamitar cualquier atisbo de diálogo.
Apoyado en una iniciativa del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), el consistorio se ha ofrecido a mediar entre las partes. Pero desde el Sindicat le han echado en cara que se activara a falta de pocas horas para el desahucio. “El Ayuntamiento tiene contacto con la propiedad y con el Sindicato de Inquilinos y saben perfectamente que es la propiedad la que se niega a la negociación”, añaden.
A lo largo de la jornada de este jueves, también la propiedad de la finca se ha pronunciado públicamente, algo muy inusual. Lioness Inversiones, ha emitido un comunicado en el que denuncia la “creciente inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de viviendas”. Una situación, afirman, que se “agrava por la lentitud de los procesos judiciales, que facilitan que los inquilinos no vulnerables se nieguen a abandonar la vivienda”.