La presidenta madrileña encarga un estudio que cuantifica en 2.635 millones el coste para hosteleros y comerciantes de la medida del Gobierno mientras Feijóo mantiene en el armario su propuesta de concentrar el trabajo en cuatro días de nueve horas
Economía y Trabajo pactan aprobar la semana que viene la reducción de jornada por el trámite de urgencia
Isabel Díaz Ayuso se ha puesto al frente de la pelea contra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar el próximo martes. Mientras la dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene la cautela y evita un rechazo rotundo a la medida acordada por los ministerios de Trabajo y Economía, la Comunidad de Madrid ha decidido mimetizarse con la patronal más conservadora. La presidenta y su equipo, alineados con el ala más derechista de su partido y con fuerte influencia en la dirección nacional, vuelven así a marcar el paso a Génova 13 y al resto de las comunidades autónomas gobernadas por los populares.
El Gobierno madrileño quiso esta semana hacer expresamente pública su oposición a una de las medidas estrellas de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El miércoles, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, recalcó el “rechazo frontal” del Gobierno de Ayuso a una reducción de la jornada que, según las encuestas, respaldan dos de cada tres españoles y que ya está implantada en muchos sectores y convenios.
En su tono habitual contra toda medida que sale de la Moncloa, la administración madrileña considera que reducir la jornada laboral es “una imposición unilateral” del Gobierno de Pedro Sánchez, “que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa”. “Esta futura ley del Gobierno central genera inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, y las presunciones que se establecen en caso de incumplimiento pueden resultar excesivas y difíciles de gestionar, traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en toda España”, zanjan desde la Puerta del Sol.
El miércoles, el consejero de Presidencia de Ayuso presentó un primer informe referido exclusivamente a los efectos que podría tener la reducción de la jornada laboral en el comercio y la hostelería, obviando la posible creación de nuevos puestos de trabajo que podría propiciar el hecho de que a los trabajadores ya en nómina se les reduzca la carga de horas semanales. La Comunidad de Madrid eleva a 2.635 millones anuales los gastos extra que deberían afrontar comerciantes y hosteleros de la región una vez se implante la medida del Gobierno a partir de la próxima semana, ya que el acuerdo entre PSOE y Sumar plantea una aprobación exprés por la vía de urgencia.
La Comunidad alerta de “pérdida de ingresos”
Para el gobierno de Ayuso el nuevo texto estatal “carece de un análisis serio y riguroso del impacto económico, las cargas administrativas o las consecuencias organizativas que puede generar, especialmente para pymes y autónomos” que, a juicio de la administración madrileña, “son quienes más sufrirán sus efectos nocivos”. Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ya se ha remitido este mes al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con todas las alegaciones del Gobierno madrileño al anteproyecto de Ley. Y desde Sol se insiste en que “varios estudios externos advierten de las graves consecuencias que supondrá” para negocios hosteleros y tiendas, “que se verán obligados a contratar otra persona para cubrir esas horas o a cerrar su actividad durante ese periodo, con la consiguiente pérdida de ingresos”.
Madrid insiste en que “esta normativa hará que España pase de tener una legislación dentro de los márgenes habituales en la Unión Europea a poseer una de las más rígidas en la materia, añadiendo nuevos costes financieros y burocráticos, que serán más difíciles de cumplir para aquellas compañías de menor tamaño”.
La madrileña es, por el momento, la única región que ha mostrado claramente su ‘no’ a la medida del Ejecutivo central, con el que mantiene un choque permanente y al que su presidenta Ayuso dedica todo tipo de descalificaciones y exabruptos en prácticamente todas sus intervenciones. Barones de relevancia dentro del PP como el andaluz Juanma Moreno o el gallego Alfonso Rueda han evitado un pronunciamiento como el del gobierno de Ayuso pese a las peticiones de la oposición de izquierdas en sus respectivos territorios para que digan qué les parece la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Y desde otros territorios controlados por los populares como Castilla y León se instó esta semana al Ejecutivo central a abordar la reducción de jornada por sectores.
Feijóo plantea jornadas de más de nueve horas
En cuanto a la dirección nacional de los populares la única propuesta conocida es la que planteó Feijóo en septiembre y que más que una reducción de la jornada laboral supone un reparto distinto del actual de las mismas 40 horas establecidas por ley. El líder del PP aseguró entonces que su partido está dispuesto a que la semana laboral pase de cinco a cuatro días. Eso sí, siempre que los trabajadores hagan las mismas horas y la jornada diaria se alargue hasta las “nueve horas” o “nueve horas y media”. “La productividad de nuestra economía está por encima de los intereses sindicales o empresariales”, dijo Feijóo.
Para la dirección del PP “España tiene un problema de productividad” porque está “en el récord máximo de incapacidad temporal”, e insinúa que una parte de esas incapacidades son falsas. “Estamos abiertos a que la economía española mantenga la productividad de los mejores países de la UE, de rebajar el gasto en incapacidad temporal y, si es posible, trabajando menos días a la semana, tengamos la misma productividad que si trabajamos los mismos días”, dijo Feijóo hace ya cuatro meses.