Su hijo fue asesinado por el padre y ahora busca que la justicia admita «su error»: «No me falló a mí, le falló a Cristian»

Ahora Cristian tendría 17 años. Probablemente seguiría contando chistes sin parar, con esa alegría y dulzura que le caracterizaban. No habría dejado de ser ese niño que se apuntaba sin dudarlo a todos los planes que le propusieran y quizá continuaría siendo amante del fútbol y la playa. A Laura Hernández, su madre, le gusta recordarlo así, por cómo era y no tanto por lo que le ocurrió aquel 25 de julio de 2019, cuando con 11 años fue asesinado por su padre, David Sánchez, un hombre sobre el que pesaban dos condenas por violencia de género y que tras matar a su hijo de varias puñaladas en su domicilio se acabó ahorcando.

Han transcurrido desde entonces seis años, varios de los cuales Laura los ha pasado peleándose con los tribunales para intentar que reconozcan lo que considera que fue un error judicial que permitió que su exmarido estuviera en libertad aquel día y no en prisión. Sin embargo, en España se le han cerrado ya todas las puertas con la decisión tomada por el Tribunal Supremo, que acaba de inadmitir a trámite su demanda. Ahora se prepara para acudir al último recurso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Voy a llegar hasta el final”, dice esta mujer de 43 años.

El periplo se remonta a hace cuatro años, cuando el Supremo se pronunció por primera vez rechazando la reclamación de error judicial por haber sido presentada fuera de plazo: más de tres meses después de la sentencia que condenó a David y le dejó libre al suspenderle la pena de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estimó que se había vulnerado el derecho de la mujer a la tutela judicial efectiva y que el Supremo, al que obligó a pronunciarse otra vez, había sido demasiado rígido. En su nueva resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados vuelven a reafirmarse e inadmiten la petición, pero esta vez han entrado en el fondo del asunto: vuelven a concluir que reclamó fuera “del plazo legal” y se agarran a que la suspensión de la entrada en prisión del parricida contó con la conformidad de las partes.

El asesinato ocurrió en Beniel, el pueblo de Murcia de 20.000 habitantes en el que vivían Laura, David y los dos hijos que ambos tenían en común: Cristian y David, que entonces tenía 17 años. La pareja llevaba año y medio separada porque ella no aguantaba más los celos y el control sobre con quién salía o lo que hacía. A raíz del divorcio la mujer se fue a casa de sus padres y él se quedó en la vivienda familiar porque en ese momento llevaba tiempo en paro, pero la situación se volvió asfixiante. “Me llamaba 40 o 50 veces al día, si no lo cogía llamaba a otras personas, me perseguía, se escondía detrás de los coches para ver dónde iba”, cuenta Laura, para la que todo se volvió “insoportable”.

Entonces decidió denunciarle a principios de junio de 2019 y el hombre acabó condenado por un delito de coacciones a seis meses de cárcel, pero el Juzgado de Violencia sobre la Mujer no consideró necesario que entrara en prisión y suspendió la pena con la condición de que no volviera a delinquir en dos años ni acudir al domicilio o trabajo de la víctima ni aproximarse o comunicarse con ella durante ese tiempo. No pasaron ni 15 días hasta que David se saltó la orden de alejamiento y acudió a casa de Laura. El mismo juzgado volvió a condenarle a cuatro meses de cárcel y también volvió a suspender la pena a pesar de que se incumplían las condiciones.

Nadie valoró a Cristian

Seis días después David asesinó a Cristian en una de las visitas que la expareja había acordado verbalmente. A pesar de que Laura tenía una orden de alejamiento y que hacía poco que se habían reformado los protocolos policiales para incluir a los menores a raíz del asesinato de las dos hijas de Itziar Prats, Cristian nunca apareció en las sentencias que condenaron a su padre y la jueza nunca le escuchó ni valoró. Así, el pequeño se convirtió en el menor asesinado por violencia machista número 37, una estadística que arrancó en 2013 y que a día de hoy alcanza las 62 víctimas.

“Este hombre tenía que haber estado en prisión en el momento en que asesina al niño”, resume el abogado Alejandro Palacios, de Ortega Palacios Legal, que lleva el caso desde 2022. La demanda por error judicial ahonda en ello y apunta a que “nunca debió de suspenderse la pena impuesta” debido a que el parricida “había incumplido la primera de las condiciones impuestas y que no es otra que la de no delinquir en el plazo de dos años”. Además, esa sentencia plasmó en dos párrafos diferentes cosas opuestas: aseguró erróneamente que David carecía de antecedentes penales y que había sido condenado por sentencia firme poco tiempo antes, ese mismo mes.

“Me fallaron desde el primer momento”, lamenta Laura, que tras el asesinato de Cristian no ha podido volver a trabajar y sigue viviendo con su otro hijo en Beniel. “Nadie preguntó nada sobre él”, reitera la mujer, que recuerda cómo cada vez que el niño se iba con su padre “se ponía malo, no quería ir al colegio porque sabía que le tocaba con él” y volvía siempre “muy agobiado” porque David “no hacía más que preguntarle por mí para saber qué hacía o dónde estaba”. Laura se detiene en la conversación y medita lo que va a decir: “En realidad no me fallaron a mí, le fallaron a Cristian”, concluye.

La conformidad y la culpa

Sin embargo, el Supremo ha inadmitido la demanda con el apoyo de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, a pesar de que cuando el pequeño fue asesinado la entonces fiscal de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, afirmó un contundente “hemos fallado”. Los magistrados apuntan a que si Laura consideraba que la decisión que dejaba al padre de su hijo en libertad “era intrínseca y manifiestamente errónea”, debía haberlo planteado “en el plazo legal” y aluden a que el concepto de “error judicial” debe interpretarse “restrictivamente”. En ese sentido, rechazan que el dictamen de la jueza fuera una “equivocación palmaria y manifiesta” en “el ámbito de lo ilógico, irracional y arbitrario”.

Sobre el argumento principal de la mujer, es decir, que la segunda vez se suspendió la entrada en prisión del parricida a pesar de que incumplió las condiciones impuestas porque volvió a delinquir, el tribunal asegura que “no puede afirmarse que la jueza que acordó la medida lo hiciera con conciencia de que el afectado era la misma persona condenada 15 días antes”. Al mismo tiempo, el tribunal afirma que el Código Penal establece excepciones por las que se puede cancelar la pena aunque no concurran los requisitos, pero en ese caso establece condiciones como que haya “un esfuerzo en reparar el daño causado” que la jueza no menciona en el auto, en el que no aparece motivada esta supuesta excepción.

Por otro lado, el Supremo considera “obvio” que “no puede establecerse una relación causal entre la suspensión concedida y los lamentables acontecimientos que ocurrieron”, que es algo que “podría haber ocurrido en cualquier otro momento o aprovechando un permiso o visita carcelaria”. Y añade un último motivo: aunque reconoce que no es obligatorio escuchar a las partes sobre la suspensión, reitera en varias ocasiones que “todas las partes se mostraron expresamente conformes”, en alusión a que jueza y fiscal le preguntaron a Laura si quería que David entrara en la cárcel, respondió que no y su abogado aceptó la conformidad.

Reconoce su letrado actual, Alejandro Palacios, que lo mejor hubiera sido no admitir la suspensión o recurrirla, pero recuerda que “no son las partes las que tienen la última palabra”, tal y como, por otro lado, reconoce el Supremo en su auto. “No puede ser que se haga recaer sobre Laura la suspensión de la condena, no era ella quien debía determinar si entraba en prisión o no. Hay que tener en cuenta que era una persona sometida a maltrato psicológico y coacciones que había compartido su vida con él y con el que tenía dos hijos. No se les debe cargar con esta responsabilidad a las víctimas porque además pueden estar sometidas a presiones o tener miedo”, defiende el abogado.

“¿Quién lo puede pensar?”

Para Palacios este motivo es “revictimizante” y ha hecho que la mujer “se haya culpabilizado a sí misma” por el asesinato del niño en muchos momentos de este proceso, a pesar de que “judicial y legalmente no estaba en su mano”. El resto de razonamientos son para su abogado “incomprensibles” y por eso prepara ya la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo.

“Sé que a Cristian no me lo van a devolver y esta lucha es por él, pero también para que se sepa que esto sigue pasando y que la justicia sigue fallando en muchas ocasiones a los niños. Ojalá nadie más tuviera que pasar por este infierno”, señala Laura, que asegura que “a día de hoy” ya no se siente culpable.

La mujer considera que en su caso se dio “una cadena de errores” y sigue lamentando que nadie protegiera a Cristian a pesar de que desde 2015 la ley declaró a los hijos e hijas que viven con sus madres víctimas directas de la violencia de género. “Estuve conviviendo con un monstruo y no lo sabía. Jamás pensé que aquello podía llegar hasta donde llegó, no pensaba que el padre de mi hijo fuera un asesino. ¿Esto quién lo puede pensar?”, dice la mujer.

A Laura le ayuda el grupo de WhatsApp que comparte con algunas otras madres que han perdido a sus hijos por esta causa como Itziar Prats, que logró que el Estado reconociera “un fallo global” al no proteger a sus dos hijas, Nerea y Martina, de su padre, que asesinó a ambas en septiembre de 2018. A todas ellas aquellos hombres que en algún momento les dijeron que las querían les arrebataron a sus hijos, algo que, reconoce Laura, “nunca se llega a asimilar del todo”: “Hay días que estoy un poco mejor, otros regular y otros no me puedo levantar de la cama, pero sé que me moriré con esta pena”.

Ahora Laura piensa en irse de Beniel, aunque no sabe adónde. Anhela ir a comprar o pasear por las calles de un lugar en el que nadie sepa lo que le ocurrió. “Aquí me he quedado marcada”, cree. Aunque reconoce que no es como al principio, cuando apenas salía de casa porque “a cualquier sitio que iba se hacía un silencio incómodo”, todavía siente que los ojos que la miran la vinculan casi inevitablemente a la desgracia, al asesinato de su hijo a manos del padre. Pero ella prefiere hablar de Cristian, de lo que le gustaba, de cómo era. Prefiere que le pregunten por sus aficiones a que le recuerden lo que pasó. Algo que, asegura, no suele hacer mucha gente: “A mí me gusta que le recuerden, yo hablo mucho de él. Todos los días veo sus fotos. Le echo mucho de menos”.