El ministro de Función Pública, Óscar López, defiende que ha tratado de «cumplir la ley» y afirma que García forma parte el Consejo de Ministros que aprobó la última licitación con una subida de la prima del 41,2% para las compañías privadas
OPINIÓN – Muface, la última licitación, por Mónica García
La gestión de la crisis de Muface ha dividido a los socios de Gobierno. El día que se aprobó la nueva licitación, que subía la prima un 41,2% a las aseguradoras que estuvieran dispuestas a prestar el servicio de sanidad privada a los funcionarios públicos en los próximos tres años, la ministra de Sanidad (Sumar), Mónica García, mostró su “contundente discrepancia” con la solución adoptada.
“Creo que se han primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios”, dijo entonces. Cuatro días después, García asegura que esta licitación “de acabar produciéndose, debe ser la última”. “Es el mercado, amigo, y ha dejado bien claro que cuando el margen de beneficio se estrecha, la atención sanitaria deja de importar”, escribe en una columna publicada por elDiario.es. Un informe elaborado por Sanidad en noviembre señalaba a las aseguradoras por seleccionar pacientes y ya avanzaba la posición del departamento al concluir que sería “razonable” extinguir Muface.
El ministro de Función Pública, el responsable de la gestión de esta nueva licitación, defiende que ha actuado para “cumplir la ley y resolver un problema”. En una entrevista en la Cadena Ser, Óscar López, también candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, ha rehúsado aclarar si para el PSOE también será esta la última licitación, como pide Sumar. “El debate es apasionate, pero primero resolvemos el problema y luego debatimos posibles reformas para el futuro”, ha afirmado tras recordar que todavía están “pendientes de la respuesta de la aseguradoras”. Sobre la posición de la ministra de Sanidad, López ha dicho que “respeta todas las opiniones” y ha recordado que García forma parte del Consejo de Ministros que aprobó la última oferta.
La crisis de Muface, que afecta a unos 770.000 trabajadores públicos y a otros 424.000 beneficiarios, se remonta a más de cuatro meses atrás. En este tiempo, el Ministerio de Función Pública (PSOE) ha hecho tres intentos para atraer a las empresas al concurso. La subida inicial del 17% para los años 2025 y 2026 escaló hasta el 33,5% acumulado en tres años. 4.478 millones de euros en este periodo. Ninguna de estas ofertas satisfacieron a las aseguradoras. Salvo a Asisa, la única que no cerró la puerta a seguir prestando el servicio. DKV y Adeslas anunciaron que no iban a concurrir porque no les salía rentable. Con el aumento de la prima hasta el 41% (330 millones más), la última oferta del Gobierno para renovar el contrato, Adeslas ha reconsiderado su decisión y ahora lo ve viable.
“El argumento de que el sistema lleva muchos años no es suficiente para justificar su pervivencia. Si nació para responder a una realidad que ya no existe, es momento de pasar pantalla”, abunda García en elDiario.es y subraya que “la razón de ser de la sanidad pública no es el negocio sino la salud”.
Por otra parte, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha apelado este lunes a la voluntad del Gobierno para dar una solución respecto al concierto con Muface para la asistencia sanitaria de empleados públicos, no solo teniendo en cuenta la parte económica sino también mirando “la letra pequeña” de las condiciones de este servicio sanitario. CSIF sigue “recibiendo cientos y cientos de quejas por falta de asistencia, por denegación de pruebas o por retraso de las mismas”.