Louzán, último recurso: el Supremo trata la prevaricación del presidente del fútbol que apoyó a Feijóo y disculpó a Rubiales

Cada vez es más habitual que el fútbol se juegue en los despachos, pero todavía se hace raro que sean los tribunales los que desplacen al césped como escenario de los choques más trascendentales del deporte rey. Y más aún que eso suceda en modo carrusel, con la atención dividida y pendiente del minuto y resultado en dos decisivos encuentros simultáneos. Al juicio en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, por agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso se sumará este miércoles, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la revisión del recurso del actual presidente, Rafael Louzán, condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación, tras pagar dos veces un mismo campo de fútbol cuando presidía la Deputación de Pontevedra. La Fiscalía ha pedido que se confirme la condena y el Gobierno anuncia que, si eso sucede, convocará elecciones en la Federación. Mientras, Louzán, se muestra confiado en las cartas que se guarda en la manga.

Los destinos de los dos acusados están unidos por el cargo, con el breve paréntesis de Pedro Rocha, sucesor bendecido por Rubiales al que una inhabilitación —¡otra!— impidió presentarse a las elecciones celebradas en diciembre pasado. Fue entonces cuando Louzán dio el paso al frente. Como la práctica totalidad de los barones, el gallego también se mostró en un primer momento muy indulgente con el beso no consentido del entonces presidente: “Son errores que se cometen en la vida”, fueron sus palabras. Es la frase, prácticamente textual, que su primer mentor político, Nené Barral, pronunció al quedar en libertad con cargos tras ser acusado de mover medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando.

“Me siento muy bien, muy tranquilo, confío en la justicia y me dedico a trabajar cada día para llevar adelante el gran reto de gestionar el fútbol español y aportar toda conciliación posible para que haya paz y armonía en el fútbol español”. Tras largas horas de espera, el redactor de El Desmarque había obtenido su premio. Era el único plumilla que quedaba en la Cidade da Cultura de Santiago este viernes, cuando finalizó la toma de posesión del nuevo presidente de la Federación Galega de Fútbol.

Más de medio millar de personas acudieron a ver en directo cómo el ferrolano Pablo Prieto, hasta ahora responsable de fútbol sala con el propio Louzán, recogía el testigo de su predecesor. Para ello, antes tuvo que dejar su escaño en el Parlamento de Galicia. En esta ocasión, por incompatibilidad y no por inhabilitación. En la foto oficial del acto, lo acompañaban, además del presidente de la RFEF, otros destacados miembros del PP como Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, o Luis López, presidente de la Deputación y del partido en Pontevedra, dos cargos que conoce bien Louzán.

Durante estos 50 días al frente de la Federación, Louzán se ha comportado siempre como si tuviese un plan a largo plazo y hubiese llegado para quedarse. Proyectó desde el primer momento su figura pública. Se le vio en el palco de la Supercopa de Europa en Arabia Saudí —allí donde, según la Federación, las mujeres de los futbolistas del Mallorca confundieron agobio con acoso—, o le contó a Josep Pedrerol lo que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le dijo sobre los árbitros —“Nos están perjudicando, tenéis que resolverlo”—, como si fuese el trailer de la película de agravios en la que viven los blancos tras el penalti no pitado a Mbappé.

El plan B del plan B

Para el lunes 10 de febrero, cinco días después de su cita con el Supremo, Louzán ha convocado una asamblea extraordinaria de la Federación en la que se tratará, entre otros asuntos —como el que oficialmente se considera prioritario: aprobar el presupuesto de 372 millones de euros para este año— la modificación de los estatutos para adaptarlos “a los criterios de buena gobernanza y transparencia”. Según publicó El Mundo, lo que busca en realidad es una fórmula que le permita seguir siendo presidente si es condenado. Una sentencia, sea la que sea, que casi con toda seguridad se conocería después de esa asamblea.

“Lo primero que habrá que discutir es si le afecta la inhabilitación para cargo público, si la presidencia de la RFEF es cargo público o no. Hay muchos juristas que dicen que no”. Javier Tebas, presidente de LaLiga y flamante vicepresidente de la Federación de la mano de Louzán, dejaba claro en El País que, para él, el gallego era “el más capacitado de todos” los aspirantes al puesto. No sólo eso: también minimizó el delito por el que fue inhabilitado.

“Las condenas por prevaricación son complicadas de entender. No me conozco el procedimiento, pero por lo que he leído es por un tema de 86.000 euros, que no tiene nada que ver con el fútbol”. Pese a que los entrevistadores le recordaron que a Louzán se le condenó por pagar dos veces las obras de uno de los campos de césped artificial con los que sembró la provincia, él ironizaba: “Y había una pelota redonda… Pero era un tema de un dinero… Eso no tiene que ver con la organización del fútbol”.

En las antípodas de Tebas —y de Louzán— está el Gobierno. A los mensajes lanzados desde la misma presentación de su candidatura por el secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes, considerando que no era “buena” para la Federación, se sumaron, desde el día siguiente a ser elegido, los de la portavoz del Ejecutivo. “Es muy difícil de entender y de explicar. Porque en su situación no es que yo no podría estar sentada en esta mesa como ministra, es que no podría ni ser concejal de mi pueblo”, decía entonces Pilar Alegría. Hace una semana, con la vista puesta en la decisión del Supremo, la también titular de Deportes iba más allá en la Cadena SER: “Si se ratifica la condena por prevaricación, habrá nuevas elecciones para presidir la RFEF”.

Alegría invocaba la Ley del Deporte para hacer esa aseveración. Porque más allá del debate de si Louzán es hoy un cargo público o no, la norma dice textualmente que “cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata”. Por eso, según Relevo, ya trabaja en otro plan B, el enésimo, que no esconde: volver a convocar elecciones, respaldar la candidatura de Sergio Merchán —quien ya la presentó en diciembre sólo por si tumbaban la suya— y, si gana, regresar a la federación pero no como presidente sino como CEO.

El bedel de Barral

Rafael Louzán empezó su carrera política en el mismo ayuntamiento de 5.000 habitantes donde tiene su plaza de bedel: Ribadumia, en la comarca de O Salnés. Lo hizo de la mano de Nené Barral, alcalde por el PP durante 18 años hasta que fue detenido por contrabando de tabaco. El caso, que permaneció abierto durante un cuarto de siglo —el más longevo de todos los procedimientos del Estado y el último por esta causa en Galicia— se cerró hace una semana con la absolución de todos los supervivientes de aquella presunta trama, acusada de introducir cientos de miles de cajetillas de forma ilegal. Uno de ellos, el hermano de Nené, Feliciano, del que Louzán fue socio. Barral, fallecido en 2023, no llegó a ver el final del proceso. Tampoco cómo el que fue su pupilo y después rival gobernaba el fútbol estatal.

Cuando Barral cayó en 2001, el joven Louzán ya dirigía el partido en Pontevedra y estaba a un paso de hacer lo mismo con la Deputación. Desde ambos sitios fue clave, alternando promesas y amenazas, para asegurar que Alberto Núñez Feijóo se coronase como sucesor de Manuel Fraga. Su poder se extendía por toda la provincia a golpe de mociones de censura, en los ayuntamientos de izquierdas, y de campos de hierba artificial, sobre todo, en los afines. Uno de ellos, el de Moraña, fue el que le costó el puesto.

El juzgado primero y la Audiencia Provincial, después, consideraron probado que la Deputación, presidida por Louzán, pagó dos veces por las mismas obras para satisfacer las demandas de la empresa constructora. Un sobrecosto de 86.000 euros para las arcas públicas y de siete años de inhabilitación para él. Pudo ser más: el Juzgado de lo Penal de Pontevedra sumaba un año más y otros dos de prisión por un delito de fraude del que la Audiencia lo absolvió.

Ahora, el presidente de la RFEF confía en que la Sala de lo Penal del Supremo haga lo mismo con esa “complicada” prevaricación de la que hablaba Tebas. Para su entorno, que el alto tribunal admitiese el recurso de casación siempre fue un buen síntoma. La Fiscalía no opina lo mismo y ya ha pedido al Supremo que confirme la condena. Considera, según adelantó la Cadena SER, que en este caso “constan todos los elementos nucleares y periféricos del delito de prevaricación”.

De la Deputación a la Federación

Los tambores legales empezaron a sonar para Louzán al mismo tiempo que su provincia vivía un cambio de ciclo. Si una cosa no fue consecuencia de la otra, lo que no se puede negar es la concatenación de hechos. Ya entonces tenía un plan B: alcanzó la presidencia de la Federación Gallega derrotando a José García Liñares, alcalde socialista de la localidad coruñesa de Cerceda que años después —no se lo imaginan— acabó inhabilitado para cargo público.

Eso era 2014. En 2015, la alianza de socialistas y nacionalistas le arrebata al PP la Deputación de Pontevedra. Ese año, un juzgado lo investiga por cohecho y al siguiente, dimite como presidente popular en la provincia. Su sustituto fue el actual presidente de la Xunta, entonces número dos de Feijóo, Alfonso Rueda.

En 2018, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las pruebas de la Fiscalía contra Louzán y el Ministerio Público desistió de seguir adelante. Tres años después, llegó la inhabilitación por pagar dos veces unas obras ya ejecutadas, la misma sobre la que ahora el Supremo tiene la última palabra. Pero sea cual sea el final de la vía judicial, seguro que al antiguo bedel del concello de Ribadumia todavía no se le han acabado las vidas extra. Ni los planes B.