El juzgado que lleva la causa del tanatorio de Mairena del Alcor ve indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en la actuación de varios dirigentes del PP, a los que atribuye la condición de investigados y cita a declarar en marzo
La Guardia Civil investiga a dirigentes del PP andaluz por tráfico de influencias en la licencia de un tanatorio privado en Sevilla
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona ha resuelto imputar al líder del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y un miembro de la ejecutiva regional de Juan Manuel Moreno, Francisco Rodríguez Roa, entre otros dirigentes del partido, por su presunta participación en la trama urbanística del tanatorio de Mairena del Alcor, donde la Guardia Civil ha detectado indicios de delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación.
En un auto emitido este mismo miércoles 5 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico, el juez cita a declarar a los investigadis el próximo mes de marzo. Ello en el marco de la causa abierta contra varios dirigentes del PP por paralizar durante ocho años el proyecto de un tanatorio público en Mairena del Alcor y autorizar –en cinco meses– otro privado a la promotora familiar de uno de los cargos investigados, Rodríguez Roa, en la que trabajó durante ocho años.
El juez también atribuye la condición de investigados por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencia al actual alcalde del municipio sevillano, Juan Manuel López, y a José Navarro, exconcejal de Urbanismo y actual presidente del PP de Mairena del Alcor. En total, figuran seis personas en la lista como investigados: los cuatro dirigentes populares mencionados, así como el asesor jurídico que autoriza la concesión del tanatorio privado y el administrador de Gesit S.L., la mercantil que solicita la licencia de obra por encargo de la promotora familiar de Rodríguez Roa (Previpaz S.L.).
En concreto, el magistrado atribuye a Ricardo Sánchez –también delegado de la Junta de Andalucía en la provincia y exalcalde de Mairena del Alcor– un presunto delito de administración desleal; a Juan Manuel López y Francisco Rodríguez Roa, un posible delito de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, en el que está implicado el asesor jurídico como “cooperador necesario”. A Roa también se le imputa prevaricación urbanística, junto al administrador de Gesit S.L. y José Navarro. Estos dos últimos también podrían incurrir en tráfico de influencias.
Sánchez niega las acusaciones y el PSOE exige su cese
Tras conocerse su imputación en la causa, el presidente del PP en Sevilla ha manifestado que afronta esta situación “desde la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”. Ricardo Sánchez ha asegurado que se pone a disposición de la justicia en aras de “aclarar, colaborar y explicar al juez los hechos para demostrar la falsedad de las acusaciones falsas del PSOE”, según ha expresado en un comunicado.
Del otro lado, el auto del juez ha llevado al secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, a exigir al presidente andaluz que “cese de inmediato” al delegado de la Junta en Sevilla, dada su supuesta implicación en el “escándalo” del tanatorio privado de Mairena del Alcor que le salpica por su etapa como alcalde del municipio. “Ricardo Sánchez no puede seguir al frente de la Delegación de la Junta en Sevilla ni un solo día más. No puede defender los intereses de la provincia una persona implicada en un caso de corrupción urbanística donde participan el PP local, provincial y regional”, ha condenado este miércoles Recio.
El presidente del PP sevillano prestará declaración ante el juez el próximo 3 de marzo como investigado. Una citación que, según ha apuntado el propio Sánchez, “me proporciona la oportunidad de zanjar este asunto con total transparencia”.
Indicios de posibles delitos cometidos
El juez ha decidido abrir la investigación en torno a la trama del tanatorio de Mairena del Alcor –denunciada en abril de 2024 por el PSOE local– después de estudiar el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, donde se detallan los indicios delictivos fruto de “varios meses de arduo trabajo analizando y estudiando una profusa documental”, como remarca el auto.
En primer lugar, la resolución judicial alude al “abandono” del tanatorio público “en el que se habían invertido 21.118,76 € en 2015”, bajo la alcaldía de Ricardo Sánchez. De ahí que se le impute un presunto delito de administración desleal (castigado con una pena de prisión de dos a seis años, según el Código Penal) por haber causado “un perjuicio para el patrimonio público gestionado por su cargo”, según estima la Policía Judicial.
A continuación, el auto se centra en las “irregularidades” que rodean la construcción del tanatorio privado vinculado a la empresa familiar de Rodríguez Roa, que se autorizó en “muy corto espacio de tiempo”, mientras el proyecto municipal permanecía estancado durante años. En este punto, el juez se remite a las conclusiones de la Policía Judicial para justificar la posible imputación de un delito de tráfico de influencias (con penas de prisión de seis meses a dos años) al acreditarse la “prevalencia de los cargos públicos y su relación entre sí, en favor de un interés económico de por medio” a la hora de conceder la licencia a Previpaz S.L., ya con el número dos de Ricardo Sánchez, Juan Manuel López, al frente del Ayuntamiento mairenero.
El juez sostiene que el proyecto de la empresa familiar del miembro de la ejecutiva del PP andaluz se ha “beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones ‘todas favorables’ en muy corto espacio de tiempo”, a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa a la hora de solicitar las licencias y de llevar a cabo las obras, como constata la Policía Judicial en su investigación.
Todo ello lleva a apuntar a un presunto delito de prevaricación administrativa (castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público), al considerar “irregular” la emisión de las resoluciones asociadas al mismo. Según argumenta el informe, la administración local “concede la licencia de obra mayor a sabiendas de que no se había cumplido en tiempo y forma” el trámite de audiencia legalmente exigido.
El juez, guiado por el informe de la Guardia Civil, incorpora también el delito de prevaricación urbanística (penado con prisión de un año y seis meses a cuatro años), ya que la promotora llevó a cabo “las obras del reformado de bar/cafetería/cocina y la zona de instalación del horno crematorio, sin la preceptiva licencia de obra o declaración responsable”.
El titular del juzgado que lleva esta causa concluye la resolución judicial citando a Ricardo Sánchez para que comparezca el 3 de marzo como investigado. Al día siguiente, está citado a declarar el actual alcalde popular de Mairena del Alcor y para el 13 de marzo está convocado Francisco Rodríguez Roa, en calidad de apoderado de la empresa Previpaz S.L. y a la sazón Coordinador de Área de Empresas en la Vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva del Partido Popular de Andalucía y Consejero de RTVA por designación de su partido. El resto de investigados comparecerán ante el juez entre los días 14 y 18 de ese mismo mes.