El caso de los ERE: la hora de la verdad

Tres autos que archivan la causa contra 10 investigados, y los que están por venir, son resultado de la aplicación del fallo del TC que transmutó «el mayor caso de
corrupción de la historia» en el mayor caso de ‘lawfare’ desde la entrada en vigor de la Constitución

Este jueves la Audiencia de Sevilla ha archivado la causa contra diez investigados en tres procesos en los que se sometían a juicio las ayudas concedidas a Egmasa, Novo Comlink y Siemens. Son tres autos de las decenas que se irán conociendo en los próximos meses a medida que se vaya aplicando la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que transmutó “el mayor caso de corrupción de la democracia” en el mayor caso de lawfare desde la entrada en vigor de la Constitución.  

No fueron los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán los que cometieron los delitos de prevaricación y de malversación, sino que fue la jueza instructora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los que protagonizaron una instrucción descabellada, que se acabó convirtiendo en sentencias condenatorias por delitos imposibles. 

Una vez dictada la sentencia por parte del Tribunal Constitucional quedaba por ver cuál era el resultado de la ejecución de la misma. Quedaba por ver cuántos de los ochocientos millones de euros que, según los máximos dirigentes del PP tanto del Estado como de Andalucía, habían sido malversados por los Gobiernos presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo habían sido de verdad.

Esto es lo que los tres autos dictados por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla los días 22, 27 y 29 de enero, que han sido dados a conocer este jueves y los que vendrán a continuación, van a dejar meridianamente claro.

En la partida presupuestaria con base en la cual se financiaron los ERE no hay delito alguno, ya que el Parlamento, por definición, no delinque. En consecuencia, únicamente en aquellos casos en que se hubiera hecho un uso desviado o fraudulento de la partida presupuestaria se habría cometido un delito.

El canon para determinar la cantidad defraudada no es la cantidad presupuestada, que es el canon seguido por los jueces y magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo, sino aquella parte de la cantidad presupuestada de la que se ha hecho uso indebidamente. 

Todavía quedan muchos casos por resolver, pero se puede anticipar de manera fundada que las decisiones judiciales van a dar por buenas la inmensa mayoría de las medidas de aplicación de la partida presupuestaria, reduciendo el fraude a una cantidad que se moverá entre el tres y el cinco por ciento de la cantidad presupuestada. Fraude injustificable y merecedor del castigo que corresponda. Pero un fraude que está a años luz del que pregonan los dirigentes del PP y que no permite calificar de corruptos a los Gobiernos presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán.     

Porque lo que no se puede dejar de subrayar es que se trata de un fraude que no ha sido perpetrado ni por los presidentes de la Junta de Andalucía ni por la casi totalidad de los miembros del Consejo de Gobierno. En Andalucía no ha habido los Rato, Zaplana, Mata, González, etcétera, del PP.  Los Autos o Sentencias mediante los cuales se vaya dando respuesta a los centenares de casos que quedan por resolver lo dejarán meridianamente claro.

Ello no impedirá que Juanma Moreno Bonilla, Elías Bendodo  y Alberto Núñez Feijóo o Miguel Tellado continúen proclamando urbi et orbe la tesis del mayor caso de corrupción de la democracia. Pero frente a cada una de esas mentiras habrá que recordar “la verdad judicial” que los autos y sentencias pondrán ante los ojos de los ciudadanos y ciudadanas. 

El caso de los ERE ha sido una cacería judicial, que afortunadamente ha podido ser corregida dentro de nuestro Estado de Derecho. El dolor producido ha sido inmenso. Eso no es reparable. Queda, por lo menos, la satisfacción de que la dignidad de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la de los miembros de sus Consejos de Gobierno ha quedado intacta. 

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