Los socialistas negocian con Junts la fórmula para que los Mossos puedan acompañar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en trabajos fronterizos y proponer expulsiones sin que la competencia deje de ser exclusiva del Estado
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El Gobierno no le cederá a Catalunya las competencias de extranjería y de control de fronteras que la Constitución fija como exclusivas del Estado y que Junts reclama como parte de su acuerdo con el PSOE. Los socialistas ya han trasladado en privado a los de Carles Puigdemont que ni siquiera se trata de una línea roja de carácter político, sino meramente técnico y legal. Los independentistas catalanes exigen que la Generalitat asuma los trámites administrativos de llegada y de expulsión de personas inmigrantes y que los Mossos d’Esquadra controlen de forma exclusiva las fronteras. Algo que en el Ejecutivo asumen que no tiene encaje legal en el marco constitucional.
“Junts hace un planteamiento de máximos y luego hay que llegar a un acuerdo que, en cualquier caso, tendrá que estar dentro de la Constitución. Y hay planteamientos que la exceden”, afirmó esta semana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una entrevista en laSexta. En los últimos meses, en base a unas negociaciones discretas entre un equipo de Junts comandado por Francesc Homs y otro del Ministerio de Migraciones de Elma Saiz con la Secretaría de Estado a la cabeza, se llegó a las puertas de un acuerdo respecto a las competencias de los servicios de acogida, que el Gobierno sí está dispuesto a ceder. Pero el bloqueo llegó justo antes de Navidad.
“Queremos que la Generalitat sea la institución de referencia absoluta para cualquier persona inmigrada que viene a Catalunya, tanto en derechos como en deberes”, defendió también esta semana el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en TVE. “Es la diferencia entre tener una gestión integral o no tenerla. No tiene sentido que tengamos capacidad para hacer todos los expedientes sancionadores menos el más grave, que es la expulsión”, añadió.
Desde la Moncloa, como es habitual, esquivan cualquier tipo de choque público con los independentistas catalanes. La intención de los de Pedro Sánchez es poder desbloquear esta última encrucijada para poder abordar, por fin, la ansiada negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Y por eso en breve trasladarán a Junts una propuesta formal en busca de una salida pactada.
Según ha podido saber elDiario.es, el Gobierno trabaja en la elaboración de una ley orgánica sobre gestión migratoria en la que están implicados hasta cinco departamentos ministeriales: la Vicepresidencia Primera, Interior, Exteriores, Inmigración y Presidencia. Según las fuentes consultadas ese texto abrirá la puerta a que las Comunidades Autónomas que lo requieran, y no solo Catalunya, puedan asumir competencias en materia de acogida e integración de personas inmigrantes llegadas a cada territorio. Algo que el Ejecutivo defiende, además, como un “paso lógico” para que los servicios sociales de zona dependientes de ayuntamientos y comunidades autónomas tengan más peso en el proceso de inclusión social de estas personas.
También se estudia que ese texto incluya alguna fórmula que contemple que los Mossos d’Esquadra, un cuerpo policial que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puedan participar en labores de acompañamiento durante algunas operaciones fronterizas muy concretas. O que incluso estos puedan emitir informes preceptivos sobre posibles expulsiones, aunque en todo caso con las competencias estatales intactas para ministerios como el Interior o el de Asuntos Exteriores.
Desde el Ejecutivo se recuerda, además, que la legislación europea de fronteras se encuentra bajo el paraguas del Espacio Schengen, un acuerdo de libre circulación entre 29 países europeos por el que quedan suprimidos los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con terceros países). Algo parecido a lo que ocurre con la gestión de las expulsiones, auspiciadas en la mayoría de casos en acuerdos bilaterales entre estados con países de origen para poder llevar a cabo la repatriación.
Antecedentes en la cesión de la acogida
La implicación de varios ministerios en las negociaciones se explica por el reparto de competencias de la política migratoria del Gobierno. Si bien todo lo que tiene que ver con control fronterizo, seguridad y resolución depende de Interior, el departamento dirigido por Elma Saiz se encarga de todo lo que tiene que ver con la acogida de migrantes y solicitantes de asilo a través de dos programas principales, a los que podría afectar la transferencia a la que sí está abierta el Ejecutivo central.
Una de las piezas que conforman las políticas de acogida estatales se centra en la atención humanitaria de quienes llegan a España en situación irregular, a los que se les proporciona alojamiento de forma temporal, generalmente un máximo de seis meses tras su llegada. La segunda forma parte del sistema de asilo y se refiere a la acogida de los solicitantes de protección internacional con bajos recursos, una tarea que el Ejecutivo central por ahora gestiona a través de una serie de ONG, como Cruz Roja, Accem o CEAR, entre otras.
En lo que se refiere a los solicitantes de asilo, Inclusión lleva años defendiendo la posibilidad de transferir parte de las competencias de su acogida a las comunidades autónomas. En concreto, hasta ahora, el Ministerio ha planteado la posibilidad de delegar –a los gobiernos autonómicos que lo aceptasen– la segunda fase de la acogida de estas personas, aquella que tiene que ver con una etapa de mayor autonomía, por la que los demandantes de protección internacional que ya han recibido la respuesta positiva de su petición pasan a beneficiarse de una serie de ayudas enfocadas a vivir de forma independiente en España.
En febrero del año pasado, el Gobierno central cerró un pacto con Euskadi para aplicar esta fórmula y transferir la competencia sobre la acogida de beneficiarios de protección internacional en su segunda fase de acogida. Así, a partir de enero de 2025, el Ejecutivo vasco empezó a asumir la gestión integral de la denominada fase de autonomía, que busca favorecer la inclusión en la sociedad de quienes ya han recibido una respuesta positiva a su petición de asilo.
En este sentido, Euskadi defendía entonces la adquisición de la gestión total de las medidas de inclusión de los beneficiarios de protección dado que, en esa fase de la atención, otras políticas enfocadas en la integración ya dependían de los gobiernos autonómicos o municipales, como los servicios sociales, la sanidad, la educación o la protección social. “Es adecuado que la misma cabeza diseñe esos itinerarios de gestión”, explicó el año pasado el Ejecutivo Vasco. El pacto preveía destinar unos 2,4 millones de euros a este fin.
Se desconoce si, durante las negociaciones con Junts, el Gobierno central se limitará a aplicar esta fórmula de transferencia de competencias en el ámbito de la acogida o pretende ir más allá y abarcar otras fases del sistema. La cesión de la etapa de autonomía también fue incluida como uno de los objetivos a estudiar en el marco de la reforma del sistema de asilo, incluida en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Según argumentó Inclusión en varios documentos oficiales que justifican la petición de fondos europeos, esta reforma preveía también “avanzar la reflexión sobre la reorganización del sistema de acogida desde el punto de vista territorial, con el desarrollo de un proyecto piloto con una, o varias, comunidades autónomas en materia de integración, para avanzar en la asunción de competencias que a estas le corresponden de acuerdo a distintas sentencias de los tribunales de justicia”.
El proyecto de Inclusión, diseñado durante la etapa de José Luis Escrivá, pretendía que el Estado seguiría atendiendo a los solicitantes de asilo en una “fase previa” a una posible “fase de derivación a las comunidades autónomas de aquellos solicitantes de protección internacional que les corresponda”, para lo que se trataría de idear previamente con las autonomías un “criterios objetivos” para distribuirlos por distintos territorios.