Esta fundación creada hace una década por entidades sociales catalanas se dedica a buscar y promover viviendas con ayuda de los Ayuntamientos para destinarlos a familias vulnerables
El Ayuntamiento de Barcelona compra la Casa Orsola junto con Hábitat 3
Hace diez años, en el peor momento de la crisis de los desahucios en España, las entidades sociales en Catalunya buscaban cómo ayudar a sus usuarios a no quedarse sin techo. “Era una necesidad acuciante, necesitábamos pisos asistidos, ayuda a las familias…”, rememora Àngels Guiteras, entonces presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que aglutina a más de 3.000 asociaciones. Una de las soluciones que encontraron fue fundar la gestora de vivienda social Hàbitat 3.
Un decenio después, la Fundación Hàbitat 3 ha anunciado la compra junto con el Ayuntamiento de Barcelona de la Casa Orsola. Las 26 viviendas de la finca, emblema de la crisis de la vivienda en la ciudad, pasarán a estar gestionadas por la entidad, que se ha convertido en una de las principales administradoras de pisos sociales de Catalunya. Entre los que son de su propiedad y los cedidos por terceros –sean caseros privados o administraciones–, las viviendas que gestionan son 1.307. En total, 3.651 inquilinos, la gran mayoría vulnerables.
A pesar de la diversidad de programas que albergan, su cometido principal es localizar viviendas, sea cual sea su procedencia, para ponerlas a precio asequible y a poder ser en manos de familias necesitadas. Inicialmente, su idea era captar los pisos vacíos de los bancos fruto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. “Pero pronto ya vimos que este no era el modelo que los bancos querían”, explica Albert Ferré, director general de la fundación. En cambio, sí empezaron a llegar a acuerdos con administraciones para hacerse cargo de viviendas vacías o de emergencia.
El primer convenio lo firmaron con el Gobierno municipal barcelonés de Xavier Trias (CiU), que les sirvió para acceder a sus primeras 200 viviendas, pero luego vendrían otros con alcaldes y políticos de todos los colores, entre ellos Comuns y PSC. Una figura fundamental para ello ha sido la presidenta desde sus inicios y hasta hoy de la Fundación, Carme Trilla, que fue secretaria de Vivienda de la Generalitat durante el Tripartito y que como experta en la materia mantiene buenas relaciones con la mayoría de actores del sector.
A día de hoy, de los 1.307 pisos que gestionan, 301 son de propiedad, alcanzada a menudo a través de compras gracias al ejercicio de tanteo y retracto. También administran, siempre con criterios sociales, carteras de inversores privados (267) y el grueso principal de su parque, 512 viviendas, son cesiones de particulares. La mayoría de ellas, en Barcelona, son las que canaliza el consistorio a través de la Mesa de Emergencia (de familias desahuciadas) o del servicio Primer Hogar (para personas sintecho).
En cuanto a las compras, Ferré explica que la mayoría las llevan a cabo ejerciendo el derecho de tanteo y retracto y con financiación del Institut Català de Finances (ICF), que subvenciona los tipos de interés a cambio de que la titularidad de la vivienda pase a la Agencia de l’Habitatge de Catalunya (AHC) en 75 años. “Así actuamos también para ampliar el parque de vivienda pública”, defiende el responsable.
A la izquierda, Carme Trilla, presidenta de Hábitat 3, antes de comparecer en el Ayuntamiento de Barcelona junto al alcalde Jaume Collboni y al Síndic de Greuges, David Bondia
El modelo de Hàbitat 3, que se ha convertido en una de las principales entidades de vivienda social en Catalunya junto con Fundació SALAS o la Fundació Família i Benestar Social, es parecido al de las Housing Associations en países como Austria, Holanda o Reino Unido, aunque en España no gozan de tradición ni legislación que favorezca su actividad. Se trata en líneas generales de empresas, fundaciones o cooperativas que se dedican a movilizar vivienda “con el objetivo de alquilarlas por debajo del precio de mercado”, señala Eduardo González de Molina, profesor y consultor en materia de vivienda.
“En España no tenemos una normativa que cree jurídicamente estas empresas”, lamenta. Esta debería incluir las condiciones para que sean viables estas iniciativas, describe, como por ejemplo prioridad en el acceso a suelo público, cargas fiscales reducidas y facilidades de acceso a la financiación pública.
Al margen de la compra de Casa Orsola, Hàbitat 3 ha participado en otras operaciones mediáticas. La primera fue la cesión por parte de la Generalitat de la Casa Bloc, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Construida durante la Segunda República como modelo de vivienda para la clase obrera, y deteriorada durante años, en 2016 la fundación asumió la administración de 17 de esos hogares para albergar a familias víctimas de desahucios. Lo hizo con el apoyo económico de grandes firmas como Naturgy o La Caixa, en lo que fue un ejemplo de su capacidad de captar recursos de grandes empresas.
Otro caso conocido es el del Gimnasio Social Sant Pau, en el Raval. Tras años de conflicto y amenazas de desahucio, el Ayuntamiento logró un acuerdo de compra con la propiedad en la que participó una empresa del empresario Jaume Roures, que puso parte de la inversión. La gestión de los 36 pisos sociales resultantes corre a cargo también de Hàbitat 3.
Pero aun así, en la fundación reconocen que el de la Casa Orsola ha sido un caso inédito para ellos. En primer lugar, por la cantidad desembolsada, de 4,8 millones de euros (la mitad del precio total de compra), según Trilla conseguidos a través de un préstamo con una entidad bancaria con aval del consistorio y también gracias al compromiso de financiación sostenida de la Administración municipal para garantizar la viabilidad de la gestión de las rentas.
Además, el de Orsola es un caso excepcional para Hábitat 3 por el perfil de residentes de la finca, que no son vulnerables desde el punto de vista económico. La presidenta de la Hábitat 3 reconoció este viernes que esta particularidad provocó un debate “intelectual y ético” en el seno del patronato de la entidad. Finalmente, avalaron la compra por tres razones: porque parte de las viviendas están vacías y sí se podrán destinar a alquiler social; para favorecer la integración de familias vulnerables en edificios con hogares que no lo son, y para contribuir a la lucha contra la gentrificación en la capital catalana.
En este sentido, la operación ha sido criticada con dureza por el Sindicato de Inquilinas, que a pesar de celebrar la paralización de los desahucios ha lamentado que se haya “premiado” el fondo inversor con la compra de la finca por 9,2 millones. La entidad ha calificado de vergonzosa la rueda de prensa en la que ha participado Hàbitat 3, por considerar que se ha realizado a espaldas de los vecinos. Además, el Sindicato le reprocha a Trilla que asumiera en su día la propuesta de Collboni para modificar de la norma que obliga a los promotores a reservar un 30% de la nueva vivienda para uso social.