El doctor en Derecho acaba de publicar ‘Cuando Antígona encontró a Benjamin’, un texto en el que repasa las políticas de memoria histórica, sus avances y deudas pendientes, y reclama un sentido colectivo sobre esta materia para formar sociedades más democráticas
Ni paz ni prosperidad con Franco: las mentiras del manifiesto firmado por Tejero en apoyo al dictador, una a una
Siguiendo uno de los episodios más conocidos de la mitología griega, los hermanos Etéocles y Polinices se enfrentan por el trono de Tebas en una pelea que acabará con la muerte de ambos. El primero será enterrado con honores fúnebres pero para Polinices, considerado un traidor a su patria, el rey Creonte prohibirá que se le dé sepultura. Sin embargo, según el relato, Antígona, la hermana de ambos, desobedecerá la ley y cumpliendo con lo que consideraba un deber moral, dará entierro digno a su hermano.
El mito sirve a Rafael Escudero Alday, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, como punto de partida de su último libro. En Cuando Antígona encontró a Benjamin (Editorial Trotta), Escudero, que es actualmente subsecretario del Ministerio de Juventud e Infancia, reinterpreta la figura mitológica para hacer que represente a las víctimas del franquismo, que, incansables, siguen reclamando los huesos de sus familiares desaparecidos. Haciendo un repaso por las políticas de memoria, por sus avances y sus deudas pendientes, el texto recupera al filósofo Walter Benjamin y su reivindicación de la memoria para imaginar una confluencia entre Antígona y él a modo de encuentro entre las demandas de las víctimas y sus derechos. Una aproximación que, reconoce el profesor, “no puede darse por sentada” dada la eclosión actual de posiciones negacionistas y revisionistas.
Medio siglo después de la muerte del dictador todavía hay muchas personas buscando a sus seres queridos bajo la tierra. ¿Por qué un objetivo tan humano aún no se ha cumplido para todas?
Una de las razones es porque esto trasciende el ámbito individual, no es solo que las víctimas tengan derecho a recuperar a sus familiares, sino que, detrás, hay una cuestión colectiva sobre cómo España ha abordado su pasado y qué democracia quiere construir. Las críticas a los proyectos de recuperación de la memoria, en el fondo, son una crítica a un proyecto colectivo. Por otro lado, en la Transición esta cuestión se dejó de lado, se apartó de la conformación del nuevo régimen, la Constitución de 1978 carece de referencias al pasado, ni siquiera hace un intento de enganche con su referente democrático anterior, que fue la República. Es una posición política esta que sostienen buena parte de los partidos de la derecha y la ultraderecha y sigue enfrentando a la sociedad.
¿La Constitución debería hacer alguna mención?
Yo creo que sí. Los teóricos que han estudiado la Constitución nos dicen que el fundamento es el propio proceso de Transición, pero a mí siempre me ha sorprendido que no contenga referencias. Cuando vas estudiando te das cuenta de que así lo quisieron, no se optó por que la de 1931 fuera un referente y fue intencional. Eso que decimos del ‘pacto de olvido’ fue más bien un ‘pacto de echar al olvido’ porque no fue inconsciente, no fue surgiendo, sino que fue parte del propio fundamento del régimen constitucional actual. Esto ha supuesto déficits en formación de la ciudadanía. Yo que soy licenciado en Derecho, por ejemplo, nunca estudié nada de la Constitución de 1931.
Nos encontramos con voces que menosprecian la memoria histórica con incluso derogaciones de leyes en algunas comunidades por parte de PP y Vox. ¿Qué supone esto para el derecho a la memoria que pone sobre la mesa en el libro a través de Benjamin?
A Antígona la utilizo para fundamentar el derecho individual de las víctimas y la teoría de Benjamin me sirve para hablar del derecho colectivo a la memoria, pero lo que planteo es que este camino no está exento de riesgos e involuciones. Nos encontramos en un momento político muy complicado en este sentido. Benjamin ya advertía de ello, la tragedia y el horror no son cosa del pasado y, desde ahí, debemos estar vigilantes para evitar que estos discursos revisionistas calen. Por eso es importante avanzar en políticas educativas y culturales sobre la memoria y que los poderes públicos no se vayan de vacaciones en su labor de desarrollo de la legislación que tenemos.
Tenemos una cultura heredada del olvido de la Transición que ha permeado en la sociedad y que tiene que ver con todo lo que sigue costando explicar el pasado o reivindicar la República, un régimen democrático constitucional
Más allá de narrativas que hacen apología de la dictadura, como el manifiesto firmado por Tejero y los nietos de Franco, hay también un discurso que despoja a la Guerra Civil de factores políticos o que reproduce mitos sobre la dictadura. ¿Está consolidado en la sociedad?
El propio Feijóo fue el que dijo aquello de que la guerra fue “una pelea de nuestros abuelos”. Es un discurso preocupante porque supone la banalización de lo que fue el golpe de Estado y la dictadura. Y además intenta pasar por un discurso amable, lo que puede hacer que para algunos sectores sea más atractivo. Por eso insisto en la responsabilidad que tenemos como ciudadanía, sobre todo con nuestros jóvenes.
En el libro aborda cómo en España se ha impuesto el olvido en relación con las víctimas del franquismo y sus demandas apelando al espíritu de la Transición, en esa permanente llamada de “mirar hacia adelante” y “pasar página”. Hay quienes aseguran que no había otra opción, pero ¿cuáles han sido los costes de esto?
Sobre lo de que no había otra opción, no sabemos qué hubiera pasado si esto se hubiera abordado, lo que sí sabemos es que en otros países se han creado fuertes mecanismos de memoria y en su momento hubo políticas de justicia transicional. Durante la Transición hubo costes en vidas y en derechos, no fue modélica ni pacífica, y además tenemos una cultura heredada de ese olvido de la Transición una cultura que ha permeado en la sociedad y que tiene que ver con todo lo que sigue costando explicar el pasado o reivindicar la República, un régimen democrático constitucional. También tenemos herencias de todo esto en la judicatura, en el Ejército…
En este sentido, analiza algunos productos culturales de éxito englobados bajo el apelativo Cultura de la Transición, a la que achaca reproducir ese “pacto de echar al olvido” lo que había ocurrido y las demandas de las víctimas para hacer emerger una imagen idealizada del periodo. Y pone como ejemplo la serie Cuéntame. ¿Por qué?
El de Cuéntame es un caso digno de estudio, es un ejemplo de producto de éxito para vender un determinado relato, en este caso del franquismo: transmite una visión de la Guerra Civil como lo que decíamos, un conflicto ‘entre hermanos’, en el que la represión pareció deberse más que a cuestiones políticas a desengaños amorosos, disputas de tierras… También permea a lo largo de la serie el mito del desarrollismo del franquismo, que trabajando puedes llegar a donde sea, el protagonista de hecho llega a ser cargo de la UCD. Otro ejemplo es la escena de El Ministerio del Tiempo de Lorca, en la que dice algo así como que ha ganado él porque todos le conocen y añade ‘dejemos las cosas como están’. Son productos muy emotivos, de enorme belleza, pero, claro, nos dirigen hacia un mensaje. Rafael Chirbes los llamaba productos estabilizadores, que no favorecen el espíritu crítico.
Siempre emerge aquí el eterno debate sobre qué exigimos a los productos culturales de entretenimiento, pero ¿qué riesgos le ve a estas creaciones?
El riesgo de llegar a amplias capas de la población y ayudar a conformar una determinada concepción de lo que fue la Transición, la Guerra Civil o la República que no es tal. No creo que estos sean los relatos que necesitamos hoy como sociedad democrática que quiere ser respetuosa con su pasado.
No haber tenido en España esta fotografía, este relato en nuestra sociedad, de los juicios a los criminales del franquismo nos hace un poquito más débiles en términos democráticos
Hay una idea que desliza que es que, en estos casos, el paso del tiempo lo único que consigue es dificultar la implantación de medidas y hacer que sean menos eficaces, lo que entra en contradicción con esta percepción más o menos común de que la Transición no era el momento, que se debía esperar a que la sociedad estuviera preparada. ¿En qué ha perjudicado el retraso?
En España hay una cosa muy concreta que es el derecho a la justicia. Tenemos países, como Argentina, en los que sí se juzgó a las cúpulas militares y este es el gran déficit que tenemos aquí. El tiempo y el Derecho son malos amigos y nos encontramos con que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional siguen resolviendo que no se puede juzgar a los criminales del franquismo usando la prescripción y la amnistía como argumentos. Hay un problema de muy difícil solución, sobre todo en lo relativo a la represión de los primeros años. En lo que sí se puede y debe avanzar es en las violaciones de derechos humanos del tardofranquismo y de la Transición.
Entonces, siguiendo la metáfora que usa en el libro, ¿es posible el encuentro entre Antígona y Benjamin si nunca llegan a juzgarse los crímenes del franquismo?
Es un camino en el que hay que seguir y no está exento de riesgos. Y el de la justicia es un gran problema. Naciones Unidas establece como tríada de un proceso de justicia transicional la verdad, la justicia y la reparación. Nos encontramos con que la Ley de Memoria Democrática va, en mi opinión, hasta lo máximo que puede ir el legislador en ese sentido, incluso declara que estos crímenes son contra la humanidad y es aplicable la amnistía, pero el poder judicial sistemáticamente se niega a avanzar en este sentido. Mientras, debemos implementar más políticas de reparación y verdad y ahondar en la construcción del relato de lo que realmente sucedió.
Hace un par de años el Congreso tumbó la reforma del Código Penal para que pudieran enjuiciarse hechos que en el momento de cometerse eran considerados delitos de lesa humanidad por el derecho internacional –y, por tanto, imprescriptibles– aunque no estuvieran así tipificados en España. ¿No puede hacer más el legislativo?
Se puede, pero al final el Tribunal Supremo maneja los argumentos que esgrimió en el caso Garzón, fundamentalmente la irretroactividad, es decir, que no se pueden aplicar los delitos con carácter retroactivo. La aplicación del derecho es cuestión de jueces y tribunales y ahí yo creo que aunque se avanzara en medidas legislativas, nos encontraríamos con un frontón judicial.
Más allá del derecho a la justicia de las propias víctimas, ¿en qué nos influye como sociedad no haber efectuado ningún tipo de juicio?
La imagen que sale del juicio a las Juntas en Argentina, la imagen de la cúpula militar sentada en el banquillo y el alegato del fiscal es un material importante para la construcción de la sociedad. Se estudiaría en las clases y serviría para formar a los jóvenes. No haber tenido esta fotografía, este relato en nuestra sociedad, nos hace un poquito más débiles en términos democráticos. Aunque también sabemos, precisamente por la experiencia argentina actual, que nada está escrito y que nunca hay que dejar de estar vigilantes.