El Gobierno aprobará el martes la subida del SMI después de salvar la de las pensiones mientras el líder del PP seguirá a lomos del relato sobre una supuesta corrupción generalizada y la debilidad del Gobierno
El Gobierno prepara una ley orgánica que permita a las comunidades gestionar la acogida migratoria pero no las fronteras
El Congreso de los Diputados reabre sus puertas para un nuevo curso político, tras el habitual periodo inhábil de cada enero que establece la Constitución. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentarán el miércoles a su primer cara a cara de 2025 y nada hace pensar que será muy distinto al último de diciembre, en el que el primero se dedicó a glosar los buenos datos económicos y, el segundo, a replicar todos y cada uno de los titulares de la prensa afín a sus siglas que cada mañana dibuja un Gobierno acorralado por la corrupción.
El presidente del Gobierno llegará en esta ocasión con munición renovada sobre el escudo social, después de salvar la convalidación del decreto que revaloriza las pensiones y de aprobar, como está previsto que suceda el próximo martes, una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4,41% (50 euros). Sánchez tratará de llevar la pelota a su terreno y poner a Feijóo frente al espejo de sus contradicciones y de lo que los socialistas llaman “una evidente ausencia de proyecto”.
“Al PP no le importan en absoluto los pensionistas. Ya mintió sin ningún rubor en la campaña electoral de las elecciones del pasado 23 de julio, al asegurar que su partido nunca dejó de revalorizarlas cuando no lo hizo ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016”, asegura un ministro del PSOE.
En esa misma línea, el pasado enero, los votos del PP sumados a los de Junts y Vox lograron tumbar el decreto ómnibus que incluía la subida de un 2,8% para 2025, un 6% para las mínimas y un 9% para las no contributivas, además del descuento para el transporte público y las ayudas para los afectados por la DANA. “Feijóo y los suyos pusieron como excusa una mentira tras otra, como que el decreto contenía medidas que harían subir el precio de la luz, algo que era radicalmente falso”, añaden los mismos interlocutores.
Los populares se parapetaron también en la devolución al PNV de un edificio en París que les fue incautado por la Gestapo de Hitler y después por la dictadura franquista, o en una falsa subida del IVA de los alimentos que no contemplaba el decreto. Pero la presión de algunos barones y el más que posible coste electoral hicieron que Feijóo cambiara de criterio y anunciara el ‘sí’ a subir las pensiones en la segunda votación para aprobar el nuevo escudo social impulsado por el Gobierno que tendrá lugar en este primer pleno del año.
“Amigos, somos un partido libre. Libre para decir que no cuando de lo que se trata es de salvar a Sánchez. Y libre para decir que sí cuando de lo que se trata es de dejar claro que estamos a favor de subir las pensiones a nuestros mayores”, dijo el líder del PP para justificar sus vaivenes. La decisión del PP, remachan desde la Moncloa, no solo evidencia “su falta de coherencia, sino también su estrategia de confusión para tratar de ocultar su bloqueo previo”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto sobre vivienda con asociaciones juveniles
Pensiones, subida del SMI, crecimiento económico y empleo serán en todo caso las ideas fuerza de Sánchez el miércoles frente a un Feijóo que con la excusa de una genérica pregunta –“¿Qué opina del funcionamiento del Gobierno de España?”–, solo tendrá palabras para hablar de corrupción, con especial énfasis en el hermano y la esposa del presidente Sánchez. Ambos están imputados en dos causas judiciales abiertas al albur de varios recortes de prensa con informaciones no todas ciertas. El PP defiende que la debilidad parlamentaria de Sánchez –por la imprevisibilidad de Junts– solo es comparable a su “debilidad judicial” mientras que los socialistas también hablan de fragilidad, pero de la de Feijóo y hacen chanzas sobre quién acabará antes con él si Vox o Ayuso.
En la Moncloa empieza a ser un comentario recurrente que si Sánchez es capaz de encarrilar el diálogo con los de Puigdemont y buscar una salida para la delegación de competencias en materia de inmigración, el siguiente ítem serán los Presupuestos Generales del Estado y, el siguiente, la caída de Feijóo. Si el Gobierno logra aprobar las cuentas públicas para 2025, “Feijóo quedará en la cuerda floja dentro de un partido donde empiezan a ser constantes las voces que no creen que pueda llegar a las generales de 2027 con el raca raca de la inestabilidad”, augura un ministro del ala socialista.
Hasta llegar a ese puente, en todo caso, el Gobierno aún tiene que encontrar una salida que acepte Junts sobre las competencias en inmigración que no incluya el control de fronteras. Y esa es una negociación que, admiten en la sede de la Presidencia, aún sigue “encallada por las posiciones de máximos” de los neo convergentes. Al parecer, la fórmula para que los Mossos puedan acompañar a Guardia Civil y Policía Nacional en trabajos fronterizos y proponer expulsiones sin que la competencia deje de ser exclusiva del Estado no convence a Puigdemont, que “no se mueve ni un milímetro”, reconoce un conocedor de la negociación que califica de “chantajista” el método del líder de Junts.
El optimismo y el pesimismo va por días y depende de a quién se pregunte, pero lo que nadie duda es que Junts es el único nombre que envenena los sueños del Gobierno, “con permiso de algunos jueces”, bromea un socialista en alusión a las instrucciones de los magistrados Peinado y Hurtado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, mantiene abierta una causa contra Begoña Gómez que a estas alturas ya no se sabe si es por el rescate de Air Europa que validó la Justicia europea, por impartir un máster en la Complutense o por el registro de un software. Además de la denuncia basada en recortes de prensa contra la pareja del presidente del Gobierno, el juez Juan Carlos Peinado había antes imputado a 12 periodistas por publicar informaciones del sumario sobre la detención de los Comités de Defensa de la República (CDR) mientras la causa estaba secreta. La causa acabó archivándose, igual que otra denuncia de Manos Limpias de 2015 contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto y Guillermo Zapata, a cuenta de unos tuits ofensivos que ya estaban siendo investigados por la Audiencia Nacional. Peinado se acabó inhibiendo a favor de este órgano jurisdiccional.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado investiga, por su parte, si el fiscal general del Estado cometió un delito de revelación de secretos al descubrir unos datos que manejaban no menos de un centenar de personas sobre el doble fraude fiscal del novio de Ayuso, según la declaración de algunos testigos que ya han prestado declaración. Presidente del tribunal que enjuició el caso Gürtel en 2017, hizo todo lo posible por evitar que Rajoy tuviese que declarar por la corrupción del PP. Primero se opuso a recabar su testimonio, luego pidió que declarase por videoconferencia y finalmente intentó que fuese en La Moncloa para evitar la exposición pública.
Y, entre las instrucciones de uno y otro, los socialistas denuncian que desde determinadas instancias del poder judicial, en sincronía con el PP, algunas organizaciones ultraderechistas y varios medios de comunicación, “hay una campaña de acoso y derribo” contra el Gobierno.
El panorama no tiene visos de mejorar ni en el ámbito judicial ni en el parlamentario, donde el único problema de Sánchez no es sólo la imprevisibilidad de Junts, ya que la mayoría que le invistió ha ido acumulando desencuentros. A veces por el flanco derecho y a veces, por el izquierdo, el Gobierno ha tenido que hacer continuos ejercicios de equilibrismo. Hasta el momento, eso sí, el adhesivo que mantiene unida a esa mayoría, por muy precaria que sea, es más fuerte que lo que representa la unión de PP y Vox. Hasta que un día, deje de serlo, como suele decir el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.