Álvaro García Ortiz reclama medidas urgentes al departamento de Protección de Datos del CGPJ después de que la Guardia Civil haya aportado a la causa del Supremo un documento en el que revela su dirección y la de varios de sus contactos: «Ponen en riesgo mi seguridad»
La Guardia Civil certifica que García Ortiz no habló con periodistas la noche de la filtración del correo de la pareja de Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha dirigido por escrito al Consejo General del Poder Judicial para solicitar su intervención urgente por la filtración de sus datos personales en informes y documentación aportados por la Guardia Civil a la causa del Tribunal Supremo en la que está imputado. “Pone en riesgo mi seguridad personal y familiar, así como la de distintos interesados”, lamenta García Ortiz en el escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces por un documento policial remitido a las partes en el que figura, entre otros, su domicilio en Galicia.
El juez Ángel Hurtado, que investiga desde hace meses al fiscal general por la filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto a disposición de las partes varios documentos e informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su teléfono móvil, sus mensajes borrados después de la apertura de la causa y su listado de llamadas en marzo de 2024. Informes y anexos que certifican la imposibilidad de recuperar su WhatsApp, borrado varias veces en octubre del año pasado, y que también especifican las personas con las que habló esos días.
Uno de esos anexos refleja su tráfico completo de llamadas y datos entre el 7 y el 14 de marzo de 2024, el periodo de tiempo investigado por el Supremo. Un documento que refleja no solo el cliente de la línea, la mayor parte de las veces Álvaro García Ortiz, sino también su dirección personal en Galicia y la de terceras personas.
El fiscal general ha presentado una reclamación ante el departamento de Protección de Datos del Poder Judicial “ante la actuación” del juez Ángel Hurtado, que en numerosas ocasiones ha rechazado sus quejas por la filtración de sus datos personales en la causa, remitiendo a García Ortiz a acudir a los juzgados para denunciar las filtraciones. “De modo manifiestamente injustificado se incorpora el dato relativo al domicilio particular de todos y cada uno de los titulares de las líneas telefónicas”. No solo sus datos, explica, sino los de “particulares, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
La normativa del Poder Judicial, explica el fiscal general, exige que las actuaciones procesales incluyan los datos necesarios y los jueces deben adoptar medidas para “la supresión de datos personales de las resoluciones y documentos” que se ponen a disposición de las partes. En este caso, Hurtado podría haber incurrido según García Ortiz en una “infracción muy grave” y además, añade, “pone en riesgo mi seguridad personal y familiar”. Añade que “a raíz de dicha injustificada actuación se ha instado a que se adopten medidas de protección en los domicilios de todas las personas afectadas”.
La petición del fiscal general incluye medidas provisionales “necesarias y proporcionadas” para salvaguardar la protección de datos “referidas al bloqueo cautelar de los datos”.