Una amplia gama de edificios e instalaciones consiguen enrocarse durante años sobre espacios naturales a pesar de que los tribunales han decretado que son ilegales o que deben desmantelarse
El Gobierno expropiará el hotel El Algarrobico para derribarlo
Urbanizaciones de lujo, estaciones de esquí u hoteles paradisíacos. España está salpicada de Algarrobicos, edificaciones que, a pesar de que los tribunales han decretado que son ilegales o que deben desmantelarse, aguantan años y años encima de espacios naturales protegidos.
Este lunes, el Gobierno ha dicho que pretende expropiar el hotel El Algarrobico en Almería para poder derrumbarlo. Este edificio, a medio construir desde 2006, se ha convertido en el símbolo de cómo se pasa por encima del medio ambiente si al final del camino hay un negocio. Y de cómo se puede embrollar el caso para dilatarlo casi sine die. La sentencia de derribo de este hotel dictada por el Tribunal Supremo llegó en 2016 tras diez años de litigios, pero la madeja judicial ha hecho imposible ejecutar la demolición. La expropiación planeada por el Ejecutivo es un atajo para sortear los pleitos pendientes.
Con todo, la asociación Salvemos Mojácar –que inició la batalla judicial hace 20 años– advierte después de escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero de que este proceso de expropiación “podría demorarse muchos años si la promotora Azata o el Ayuntamiento recurren”.
Una dinámica constante
El ejemplo del resort invadiendo el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar sin permiso ilustra una dinámica que añade episodios continua y recientemente. Hace solo un par de meses, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional alargaba de facto la prórroga que mantiene activa una urbanización de lujo de chalés y campos de golf plantada en la isla de Valdecañas (Cáceres) a pesar de que, en febrero de 2014, el Tribunal Supremo sentenció que el complejo era ilegal.
El complejo Isla de Valdecañas en una imagen aérea
El Constitucional ha abierto ahora un debate –previsiblemente durante algunos años– sobre la ley autonómica aprobada ad hoc en 2023 para legalizar lo que había sido sentenciado como ilegal. Antes, en 2020, parecía que la demolición en la Isla de Valdecañas se ceñiría a lo medio construido, ya que un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acordó “la conservación de lo construido y terminado por no afectar al medio ambiente”. Pero el Supremo corrigió eso en 2022: debía desaparecer todo porque nada tenía los permisos precisos. De momento, todo sigue en pie.
Los casos parecen antiguos, pero son capaces de sobrevivir hasta ahora mismo y seguir siendo actuales. En el municipio lanzaroteño de Yaiza pueden atestiguarlo. Al menos tres hoteles cuyos permisos fueron declarados en firme como ilegales hace décadas han seguido funcionando y sus casos muy vivos en los tribunales.
En noviembre de 2024, el Ayuntamiento de Yaiza pidió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que sean los dueños del hotel Son Bou los que se hagan cargo de la demolición parcial del edificio para cumplir la sentencia en contra del proyecto fechada en 2005.
Ese mismo mes de noviembre, los magistrados canarios advirtieron al mismo ayuntamiento con sanciones por no ejecutarse una sentencia sobre el hotel Papagayo cuya licencia fue anulada en los tribunales en 2011. A pesar de ello, el hotel ha permanecido abierto al público y operativo.
El Papagayo mantuvo el negocio hasta que un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2022 –11 años después del fallo– acordó la ejecución de la demolición, pero un recurso de la propiedad de 2023 consiguió que se detuviera para intentar legalizar el complejo. Si eso no fuera posible –establecieron los jueces–, entonces sí se derrumbaría. Sin embargo, el departamento de Costas del Ministerio de Transición Ecológica certificó en julio de 2024 que el hotel invade el Dominio Público Marítimo Terrestre.
Parar completar el panorama en ese municipio, los magistrados declararon en 2008 nulas las licencias para construir el hotel Princesa Yaiza, pero en 2023 todavía estaba en proceso para recibir clasificación provisional como hotel de cinco estrellas de gran lujo.
No todo son hoteles
La variedad de infraestructuras y construcciones que consiguen enrocarse es amplia. En menos de un mes se cumplirán cuatro años extra de funcionamiento de la estación de esquí de Navacerrada a pesar de que el Gobierno –dueño del suelo– decidió su desmantelamiento por su impacto ambiental en marzo de 2021 una vez caducada la licencia de la empresa que gestiona el negocio. La estación linda con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Imagen de archivo de las instalaciones de la estación de Navacerrada. EFE/Pablo Martín
La oposición del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León ampararon que la actividad continuara. Así que el Ministerio de Transición Ecológica acudió a los tribunales para que se activara el desmantelamiento.
Los magistrados autonómicos le han dado la razón al Gobierno: en un fallo de enero de 2024 dictaron que la Junta “debe declarar” que el permiso está caducado y, por lo tanto, la empresa tiene que desmantelar las instalaciones y devolver la zona natural a su estado anterior. El ejecutivo autonómico es responsable de obligar que se cumpla ese desmontaje.
Y una vez más, a litigar: la Junta decidió recurrir ante el Supremo lo que ha otorgado, al menos, otro año más de actividad a la empresa. Otra cosa es que haya nieve porque eso no se dirime en los tribunales.