El anuncio de que el Estado declarará la utilidad pública de los terrenos sobre los que se levanta el hotel es la constatación del fracaso en la ejecución de dos sentencias firmes desde 2018 que debían llevar a la reclasificación del suelo y la nulidad de la licencia y, finalmente, a la demolición
El Gobierno expropiará el hotel El Algarrobico para derribarlo
19 años después de que un juez paralizara las obras de El Algarrobico, la inmensa mole (21 plantas, 400 habitaciones) destinada a hotel enclavada en mitad de una playa de Carboneras (Almería), en pleno Parque de Cabo de Gata, el Gobierno ha decidido abrir una nueva vía para la demolición que se anuncia desde entonces y nunca llega. A la vista de que restaurar el lugar por la vía de la legalidad y la ejecución de las múltiples sentencias es un camino larguísimo y sin final a la vista, ahora opta por la vía supuestamente rápida: expropiar al titular de los terrenos y la licencia, darle dinero y entonces ya sí, demoler.
Esta vía puede dejar algún girón: ha sido necesario el uso de una de las potestades de la administración más intensas, la de iniciar un proceso para privar a alguien de su bien a la fuerza con dinero público, porque dos décadas de intentos de restablecer la legalidad en los tribunales han dejado El Algarrobico exactamente en el mismo sitio en el que estaba. De paso, el Estado se muestra dispuesta a pagar a quien quiso construir donde no se podía y durante años ha hecho todo lo posible para impedir que se ejecuten las sentencias de los tribunales. Allí, la promotora ha llegado a pedir 72 millones de euros por los supuestos daños que la causa no poder construir donde quería hacerlo.
La nueva estrategia fue anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reciente secretaria general de los socialistas andaluces y flamante rival del presidente de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2026. Tiene, por tanto, una lectura política evidente, que este lunes ha quedado a la vista de todos cuando la consejera de Sostenibilidad andaluza, Catalina García, ha acusado al Gobierno de no hacer nada apenas una hora antes de que Montero anunciara, a pie de Algarrobico, que van a iniciar los trámites para la expropiación.
Está por ver cómo se entienden Junta y Gobierno en asunto que exige su coordinación porque el Gobierno plantea una expropiación de lo que está en zona de servidumbre (en torno al 60% de la estructura, unos 20.000 metros cuadrados), dejando lo demás para la Junta, y porque ambos están unidos por un protocolo que reparte las tareas de derribo, desescombro y restauración, suscrito nada menos que en 2011.
El ayuntamiento no ejecuta las sentencias
Hace mucho que los ecologistas venían denunciando que todo lo que giraba en torno al Algarrobico era un teatro con el que marear al personal sin hacer nada efectivo para la demolición. “Hemos entrado en bucle”, contaba resignado José Ignacio Domínguez, abogado de los ecologistas desde el comienzo: “Es la pescadilla que se muerde la cola”. La prueba de lo poco que contaban las resoluciones ante la manifiesta voluntad de una administración (el ayuntamiento) de no cumplirlas es que todos tienen claro que El Algarrobico no podía estar allí, pero dos décadas después la licencia de obra sigue siendo válida.
Los ecologistas contaban con dos sentencias clave del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), firmes tras pasar por el Tribunal Supremo en 2018, que ordenaban al ayuntamiento de Carboneras reclasificar el suelo para que en su PGOU también se reflejase que ese terreno no es urbanizable, por un lado, y que iniciase el procedimiento para revisar la licencia de obras que concedió en 2003.
Siete años después de la firmeza, ni una ni otra sentencia se ha cumplido, porque el ayuntamiento ha hecho entre poco y nada para ello. Más bien al contrario, tal y como demuestran las advertencias de multa que cada cierto tiempo hacía el propio TSJA a los regidores carboneros para que se dieran prisa o al menos dijeran que estaban haciendo. No hay constancia de multas efectivas.
La sutil estrategia municipal para no ejecutar dio continuidad a lo que hizo de forma más evidente en los primeros años: oponerse y abrir nuevos pleitos para aplazar sentencias de derribo. Desde 2018, el ayuntamiento, cuando el Supremo zanjó la cuestión, empezó a hacer de todo para nada. Anunció sin más la modificación del PGOU en el Boletín Oficial, y el TSJA tuvo que decir que aquello no valía. Luego pidió más tiempo y llegó la pandemia. Después se hizo el remolón y fue advertido por los jueces, así que acordó la modificación del PGOU en Pleno, pero lo hizo mal, con frases que lo justificaban en los “efectos sobrevenidos” (lo que abría la puerta a una indemnización a la promotora). Así que (estamos ya en 2023) el TSJA tuvo que anular aquellos acuerdos de Pleno y devolver la ejecución de una sentencia de 2016 (firme desde 2018) a la casilla de salida.
Los últimos meses los ha pasado diciendo que ya estaba, cuando lo cierto es que el registro de instrumentos urbanísticos de la Junta no recoge la modificación. Cuando la envió al Juzgado, este se dio cuenta de que estaba mal, así que había que rehacerla. Y ahí está ahora: el ayuntamiento dice que no tiene secretario que pueda validar el trámite, y el TSJA dice que no hace falta y que si no se da prisa lo va a multar. Además, no es cierto que no haya secretario, según ha podido comprobar este medio.
A la vista de las trabas, los ecologistas trataron de que fuesen los tribunales quienes operaran materialmente la reclasificación del suelo y la anulación de la licencia, pero estos lo rechazaron alegando que eso solo puede hacerlo el ayuntamiento.
En estos años, la estrategia jurídica del ayuntamiento ha estado dirigida por Jorge Muñoz, ahora letrado de Martínez-Echevarría contratado por Carboneras, pero antes uno de los tres magistrados de Sala que firmaron las únicas resoluciones favorables al mamotreto, empantanando el asunto allá por 2015. Los ecologistas, que creen que hay un uso de su influencia, han denunciado este y otros hechos de la maraña judicial al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cincuenta sentencias
Azata del Sol, la promotora que quiso construir su hotel en primera línea de playa en mitad de un parque natural, tendrá ahora la palabra. Domínguez cree que si rechaza el justiprecio, sigue abierta la vía judicial, y cree que ahora las cosas están más claras, porque ha pedido al TSJA que anule directamente la licencia, sin contar con un ayuntamiento del que no espera colaboración.
Azata compró los terrenos (16,2 hectáreas a 50 metros de la línea de costa) por 2,3 millones de euros en 1999, y obtuvo las licencias municipales de obras y la calificación ambiental favorable en marzo de 2003, mientras se tramitaba en paralelo un expediente de deslinde donde se discutía algo clave: ¿dónde situar la servidumbre de protección de la franja costera? ¿A veinte metros de la línea de costa o a cien?
Azata, que conocía el expediente de deslinde, se dio prisa. Mientras la Dirección General de Costas, la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía y Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Carboneras discutían, la promotora inició la obra el 22 de marzo de 2003. Eran tiempos en que sus pretensiones tenían el respaldo no solo del Ayuntamiento, sino también de la Junta de Andalucía.
Cuando el 30 de mayo la Dirección General de Costas dio la orden de modificar los planos del proyecto de deslinde y retranquear la servidumbre hasta los 100 metros, ya era tarde. Azata había aprovechado las dudas para plantar la semilla de su enorme mamotreto. Prosiguió las obras hasta que el juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Almería le ordenó parar, el 22 de febrero de 2006.
En estos años se acumulan unas cincuenta sentencias, de distintas instancias, que se han pronunciado sobre la construcción o sobre aspectos incidentales, como si cabe compensar económicamente a la promotora. Trece de ellas son del Tribunal Supremo, que hace tiempo resolvió lo fundamental: el hotel se levantó donde no se podía construir y debe ser demolido. Por entonces, la plataforma conservacionista Salvemos Mojácar anunció que estarían “vigilantes” para que la demolición se ejecutara “sin demoras”.
La obra, al 74% en febrero de 2006, sigue igual 19 años después, sin que ningún juez ni ningún cargo político haya sido capaz, hasta ahora, de reponer lo que nunca debió tocarse. El Gobierno quiere ser el primero.