El Gobierno sube por quinto año consecutivo el SMI, que crecerá hasta los 1.184 euros mensuales, pero para que casi 3 millones de trabajadores se beneficien de la medida se tienen que dar dos condiciones: que Hacienda transija con elevar el mínimo exento del IRPF y que los empresarios no jueguen con los complementos para absorber la subida, como les permite la norma
Hecha la ley, hecha la trampa. Y los empresarios se las saben todas. Quizá por eso no están en el acuerdo. Porque no les interpela. Hablamos del SMI, que crece este año un 4,4 por ciento hasta los 1.184 euros mensuales por 14 pagas. Es la quinta subida consecutiva desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y beneficiará a casi 3 millones de trabajadores. Pero para que así sea tendrán que darse dos condiciones. La primera, que Hacienda eleve el mínimo exento para el IRPF, que no está claro que esté por la labor, ya que dejaría de ingresar unos 1.500 millones de euros en impuestos. Y la segunda, que los empresarios no jueguen, como acostumbran, con los complementos que los trabajadores tienen en las nóminas para absorber la subida.
Tiene razón Yolanda Díaz cuando defiende que el Gobierno debería poner el foco en “los altos sueldos” y los “altos dividendos”, y no en el salario mínimo para recaudar más. A diferencia de la virulencia y las descalificaciones personales con que libró la pelea con el titular de Economía a cuenta de la reducción de la jornada laboral, esta vez la ministra de Trabajo ha apelado a la “justicia fiscal” para cargarse de razones. Sin duda, en esta ocasión las tiene.
Y es que, aunque España tiene pendiente una reforma fiscal ambiciosa y progresiva que incluya a las rentas del trabajo, no parece una buena idea que un gobierno progresista empiece la revisión por las rentas más bajas cuando las grandes empresas ganan más que nunca y las rentas del capital pagan menos que las del trabajo. Si el Gobierno busca un aumento de la recaudación, podría empezar por impulsar medidas de control sobre las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas a los trabajadores, que son más de 3,5 millones cada semana y suponen un ahorro de 4.000 millones de euros anuales para los empresarios en concepto de salarios y costes sociales.
Se da la circunstancia, además, de que muchos empresarios juegan con los complementos para no incrementar los salarios. Y esto es posible porque el salario mínimo no es lo mismo que el sueldo base y a lo que la ley les obliga es a que al sumar al sueldo base los complementos salariales (antigüedad, productividad, peligrosidad, exclusividad…), la retribución llegue a lo establecido en el SMI vigente. Dicho de otro modo: muchas empresas no suben el sueldo a sus trabajadores cuando se aprueba una subida del salario mínimo, ya que si con los pluses llegan a la cuantía fijada, no están obligados a hacerlo.
Los sindicatos lo han denunciado históricamente y por eso reclaman que la ley prohíba la absorción de los complementos, porque el Tribunal Supremo ha avalado hasta en tres ocasiones estas prácticas abusivas y creado, por tanto, jurisprudencia. “Para conseguir la efectiva percepción del SMI garantizado hay que atender a las previsiones del convenio colectivo, incluyendo los diversos complementos salariales, salvo que una norma con rango de Ley aboque a otra conclusión, o el propio convenio colectivo lo indique de forma expresa”, sentenció el Alto Tribunal en marzo de 2022.
El caso es que una semana después de la aprobación de la reducción de la jornada laboral, la subida del SMI llega a la mesa del Consejo de Ministros sin que Hacienda haya tomado una decisión sobre la exención del IRPF. Y, aunque las diferencias entre Montero y Díaz a este respecto también han sido públicas, en esta ocasión no ha habido virulencia. Quizá porque los argumentos de la titular de Trabajo, que comparten los sindicatos, coinciden en buena medida con el discurso sobre fiscalidad desplegado por el PSOE sobre la progresividad y sobre la necesidad de incrementar los impuestos a los ricos y proteger “a las clases medias y trabajadoras de un sistema injusto” (sic).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Y esto, a pesar de que en la parte socialista del Gobierno hay cierto hartazgo con lo que llaman la permanente representación de la “izquierda Robin Hood” de Yolanda Díaz, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno lograse sacar de sus casillas al templado ministro de Economía en el Consejo de Ministros de hace una semana. Y no sólo a él. En ausencia de Pedro Sánchez, era María Jesús Montero quien presidía el cónclave, y la intervención de Díaz a cuento de la reducción de la jornada laboral obligó a varios ministros a intervenir para recordar lo que debían ser “las mínimas formas en una deliberación”, pedir “respeto” y subrayar “quién ordenaba los debates”.
“No sé si sabes que es la vicepresidenta primera, y no la segunda quien tiene la competencia de dirigir el Consejo en ausencia del presidente”, espetó Margarita Robles a su colega de Trabajo ante las continuas interrupciones de Díaz a Cuerpo en un tono que varios de los presentes calificaron de “chusco, soberbio y maleducado”. Al término de la reunión, la secretaria de estado de Comunicación, informada por la portavoz del Gobierno del clima de tensión dentro del Consejo, se vio obligada a mediar entre ambos para que, en la rueda de prensa posterior, no se repitiera lo que ocurrió dentro del cónclave, donde la vicepresidenta segunda había pedido a los presentes “prudencia” en las declaraciones públicas sobre lo que se iba a aprobar en el Consejo. “Os recuerdo que lo que se aprueba en esta mesa, compete a todos los ministros y todos tienen que defenderlo en público”, dijo Díaz.
“No puedo estar más de acuerdo en lo de la prudencia”, replicó airado Cuerpo, a quien su colega había llamado “mala persona” ante los micrófonos de una emisora de radio. Ambos discutieron acaloradamente y Montero se vio obligada a zanjar el enfrentamiento con un “se acabó y pasamos al siguiente asunto”. “Nunca antes habíamos visto tan enfadado al ministro de Economía, que no es hombre de broncas ni de palabras gruesas”, asegura uno de sus colegas socialistas, quien recuerda que, pese al entusiasmo de la titular de Trabajo, siguen faltando votos en el Congreso para que la reducción de la jornada sea una realidad.
Siete días después de aquella zapatiesta entre socios, este martes Díaz llega al Consejo con otro asunto que ha dividido a la coalición. Esta vez las diferencias no son con Cuerpo, sino con Montero. Trabajo y Hacienda mantienen criterios distintos y, aunque también los han hecho explícitos en público, se busca evitar la bronca. De hecho, Cuerpo eludió este lunes posicionarse en el debate y prefirió destacar que la renta mínima subirá 50 euros al mes mientras Hacienda guarda silencio sobre la decisión definitiva.
En el fondo, Montero es consciente de que no eximir de IRPF el SMI le ha dado un argumento inesperado a un PP, que ya habla de “infierno fiscal” para los más desfavorecidos. Esto, por no hablar de que, por primera vez, ha conseguido poner de acuerdo a la derecha, a Sumar y a los sindicatos.
La torpeza ha sido infinita.