El Gobierno anuncia la expropiación del macrohotel de la costa almeriense a la promotora Azata sin tener en cuenta que una sentencia firme del Supremo, en 2016, concedió a la Junta el derecho de retracto sobre los terrenos para que pasaran a titularidad pública. Ni el Ejecutivo de Moreno ni el anterior del PSOE han ejercido ese derecho
El Gobierno expropiará el hotel El Algarrobico para derribarlo
El Gobierno central (PSOE) y la Junta de Andalucía (PP) se disputan la demolición del macrohotel de la playa del Algarrobico, un monumento inacabado al urbanismo salvaje ubicado en primera línea de la costa almeriense. Las mismas administraciones que hace casi una década pactaron pagar a medias el derribo, hoy se enfrentan por apuntarse el tanto político.
En esta carrera electoral por ver quien pone la primera pica en el macrohotel, ambos gobiernos han pasado por alto que la Justicia ya determinó, hace nueve años, que la titularidad pública del solar estaba al alcance de la Junta de Andalucía.
En 2016, el Tribunal Supremo dictó una sentencia firme otorgando al Gobierno andaluz, entonces presidido por la socialista Susana Díaz, el derecho de retracto sobre los terrenos donde se asienta el Algarrobico para que pasaran a titularidad pública. La Junta convocó a las empresas constructoras -Azata Sol y Azata Patrimonio S.L.- para formalizar ese derecho, primer paso para adquirir los terrenos y facilitar su demolición.
Pero no se hizo. Nueve años después, el Gobierno andaluz no ha ejercido ese derecho de retracto y la sentencia del Supremo sigue pendiente de ejecutar, confirman desde el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Ni los últimos gobiernos del PSOE ni los últimos seis años bajo gobiernos del PP han dado ese último paso.
La portavoz de la Junta, Carolina España, ha respondido este martes que desconocía si el Gobierno andaluz era el dueño de los terrenos del Algarrobico, minutos después de censurar duramente la expropiación anunciada el lunes por la ministra María Jesús Montero. España, de hecho, ha sugerido que la decisión del Gobierno será recurrida. “Un procedimiento de expropiación es susceptible de recursos y esto puede demorarse de forma eterna”, ha advertido, antes de hacerse un lío ante la hipótesis de que sea la propia Junta quien adquiera esos terrenos en aplicación de una sentencia judicial.
Tampoco el Gobierno de España ha tenido en cuenta el derecho de retracto de la Junta de Andalucía sobre el solar del macrohotel de la playa de Carboneras cuando Montero anunció por sorpresa su expropiación justo enfrente, durante una visita a Almería.
El Gobierno ha aprobado este martes la declaración de utilidad pública de la parte de El Algarrobico sobre dominio público-marítimo terrestre. Es el primer paso para materializar la intención de expropiar El Algarrobico para derribarlo. La expropiación, anunciada inesperadamente el lunes, llega tras casi dos décadas en las que se suceden resoluciones judiciales que declaran la ilegalidad de la construcción, y en pleno parque natural de Cabo de Gata, y que luego no sirven para eliminarla. Esto abre nueva vía, supuestamente expedita y rápida, para poner fin a esta historia interminable.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y de Hacienda (los dos ministerios implicados) limitan la expropiación a un 40% del total, que es la parte que está en dominio público y, por tanto, puede tener ese interés público. El resto, dicen, debería expropiarlo la Junta de Andalucía.
Sin embargo, en la expropiación puede haber una piedra de grandes dimensiones capaz de añadir más nudos a la maraña. El Ministerio ha trabajado bajo la premisa de que el propietario de todos los terrenos (y por tanto el expropiado) es Azata del Sol, la empresa que obtuvo la licencia de obras y empezó a levantar el hotel. Sin embargo, la Junta de Andalucía tiene reconocido por sentencia firme el derecho de retracto sobre ese terreno a cambio de 2,3 millones de euros.
“La expropiación no es la solución”, ha insistido la portavoz de la Junta, escenificando ya un nuevo choque frontal con el Gobierno de Pedro Sánchez. También le ha achacado “falta de lealtad”, por poner sobre la mesa una solución sin previo aviso a la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía que hace seguimiento a la situación del Algarrobico. La última vez que se reunió, según España, fue en marzo de 2024.
El retracto, ejecutado por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 26 de septiembre de 2006, fue validado primero por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en 2013) y luego por el Tribunal Supremo, en 2016 (Sentencia 345/2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo), rechazando el recurso de la promotora. Entre medias, 2014, el entonces vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios anunció que la Junta había depositado ante la Caja de Ahorros de Almería el dinero para hacerse con el suelo. Dijo que era “la acción definitiva” para poner “ya a disposición de la administración para su demolición esa monstruosidad que nunca debió construirse”.
Sin embargo, la Junta no llegó a tomar posesión del suelo y siempre se encontró con la resistencia de la promotora a formalizarlo, a pesar de que las sentencias ya eran firmes. Cuando intentó ejecutarlo, los tribunales del orden contencioso le dijeron que las cuestiones relativas a cómo ejecutar el retracto (el contenido, la ocupación de las fincas y las incidencias que puedan producirse como consecuencia de la inscripción registral) debían tramitarse ante la jurisdicción civil.
“El lío jurídico es monumental”
“El retracto se ejerció sobre la totalidad de los terrenos, que son de la Junta”, señala José Ignacio Domínguez, abogado de los grupos ecologistas. “Los terrenos los sigue controlando Azata, pero para que vuelvan a ella tendrían que anular el retracto. Y eso no ha ocurrido”. De esta forma, la titularidad de los mismos estaría en un limbo: son de la Junta porque el Tribunal Supremo validó el retracto, pero este no habría llegado a perfeccionarse.
Tras más de veinte años pleiteando para echar abajo El Algarrobico, y muchos denunciando la falta de voluntad de las administraciones, Domínguez advierte ahora de que la expropiación aboca a nuevos laberintos y callejones sin salida. “Es una metedura de pata histórica. El lío jurídico es monumental. Cuando comuniquen a Azata, lo primero que va a decir es que no es propietario. Azata no tiene derecho, lo que pasa es que se niega a entregar los terrenos”.
El Tribunal Supremo confirmó la adquisición por parte de la Junta de Andalucía en una sentencia de 10 de febrero de 2016, que confirma el “retracto por motivos medioambientales” que ejerció la Junta de Andalucía el 26 de septiembre de 2006, apenas unos meses después de que un juez paralizara la obra de El Algarrobico estando al 94,5% de ejecución. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, desestima definitivamente el recurso que había interpuesto Azata, que peleaba contra la pérdida del terreno, y confirma la adquisición del terreno por la administración autonómica.
Desde entonces, la promotora ha seguido ocupando el inmueble, que sigue vallado y donde una persona mandatada por Azata hace las veces de vigilante frente a intrusos. Pero lo hace sin título posesorio, en precario. La sentencia del Tribunal Supremo ya dejaba claro que la edificación entraba en el lote adquirido por retracto, rechazando que la promotora fuera un tercer poseedor de buena fe y la pretensión indemnizatoria de Azata, que cifraba la inversión hasta que la obra fue paralizada en 27,4 millones de euros. Contó incluso con una subvención estatal de 2.847.788,90 euros.
La vía judicial, abierta durante veinte años
Este lunes, María Jesús Montero se plantó delante de El Algarrobico para formular un anuncio que se ha llevado con mucha discreción. Se trata de una operación que Teresa Ribera trató de encauzar antes de marcharse a Bruselas como comisaria, en la que también ha participado el Ministerio de Transición Ecológica que ahora dirige Sara Aagesen, y que finalmente ha anunciado la ministra de Hacienda y recién nombrada secretaria general de los socialistas andaluces, y próxima rival de Juan Manuel Moreno por la Presidencia de la Junta de Andalucía.
El Gobierno de Moreno entró con fuerza en el asunto hace poco más de un año. El propio Moreno, en su discurso de Navidad de 2023, se fijó como objetivo la demolición de El Algarrobico. Los Presupuestos andaluces reservan un millón de euros para las tareas de desescombro. Y desde entonces, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía se personaron en los dos procedimientos para ejecutar dos sentencias firmes desde 2018, y empezaron a presentar escritos de impulso. Se supone que la ejecución de esas sentencias conduce en última instancia al derribo. Ordenan que el PGOU de Carboneras recoja que ese suelo no es urbanizable (pues está protegido por la Ley de Costas y el plan del Parque Natural del Cabo de Gata) y que se revise la licencia de obras concedida en 2003.
El papel del Ayuntamiento de Carboneras
Ocurre que para eso debe contarse con la colaboración del Ayuntamiento, y esta no ha existido desde hace veinte años. Carboneras primero se opuso en todos los procedimientos a demoler El Algarrobico, y ahora lo que hace es sembrar pequeños obstáculos en el camino, demorar cualquier paso, arrastrar los pies. “El ayuntamiento no va a tramitar ese expediente de revisión de licencia ni a anular el PGOU. Nunca. Porque entonces podría tener que indemnizar a la promotora”, advierte Domínguez.
En todo caso, esta era la única vía abierta hasta este lunes, por la que también apostaba la Junta, que se quedó descolocada con el anuncio de Montero. Una hora antes, la consejera Catalina García había pedido al Gobierno que mostrara una “verdadera intención de demolerlo”. Tras el anuncio de que el Gobierno quería expropiar para demoler, fuentes de su departamento acusaron al Gobierno de “falta de lealtad” por lanzar así una fórmula que no había sido tratada en las comisiones bilaterales, y que va en un sentido muy distinto a la estrategia adoptada hasta ahora: insistir en el cumplimiento de las sentencias.
El Gobierno andaluz sigue creyendo que “no hace falta expropiar para demoler el edificio”. “Basta con que el Ayuntamiento de Carboneras –gobernado por Salvador Hernández (Ciudadanos)– cumpla lo que mandó” el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “y declare nula la licencia de obras que otorgó en su día”.