Vox, Manos Limpias, Hazteoír y el resto de acusaciones presentan un recurso contra la decisión del juez de imputar a la asistente de Gómez en Moncloa sin haberlo argumentado lo suficiente: están de acuerdo con el fondo pero temen que una nulidad termine arruinando la causa
La Audiencia Provincial da la razón al empresario Barrabés y anula el registro de su casa que ordenó el juez Peinado
La acusación popular del caso Begoña Gómez, que reúne al partido de extrema derecha Vox y varias asociaciones ultras, acaban de trasladar por escrito al juez Juan Carlos Peinado su preocupación por las consecuencias que pueda tener imputar a una asesora de Moncloa sin fundamentar la decisión. Hasta ahora habían sido las defensas de los acusados quienes habían tratado de poner límite, sin apenas éxito, en los excesos de la instrucción de Peinado, pero ahora son los máximos interesados en ampliar la investigación hasta el presidente del Gobierno quienes alertan del carácter contraproducente de adoptar medidas sin respeto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El magistrado ha llamado a declarar como investigada para el próximo 28 de febrero a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa encargada de coordinar la agenda de la esposa del presidente del Gobierno. De igual forma que ha hecho con otros investigados, Peinado tomó primero declaración a Álvarez en calidad de testigo. Durante la misma reconoció haber enviado correos y realizado gestiones con la Universidad Complutense en nombre de Gómez y lo enmarcó en las funciones que tenía asignadas como asistente de la esposa del presidente del Gobierno.
La acusación popular, que encabeza Vox, comienza aclarando en su escrito que está totalmente de acuerdo con la decisión, “absolutamente acertada”, de imputar a la asesora, pero advierte al juez Peinado de las consecuencias de hacerlo sin un auto en el que lo fundamente, algo propio de la instrucción del magistrado. En consecuencia, la acusación popular ha presentado un recurso de reforma para que sea resuelto por el propio juez.
“Sí que consideramos, con todos los respetos al instructor, que podría ser oportuno aportar mayor motivación y argumentación con respecto a la decisión tomada por el instructor, no por entender insuficientemente la misma, sino especialmente cuando a día de hoy conocemos que la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado ciertas diligencias de investigación por considerar que no se había justificado o motivado suficientemente la necesidad de las mismas o su urgencia”, dice el escrito de la acusación popular, al que ha tenido acceso elDiario.es.
La Audiencia Provincial de Madrid ha firmado en las últimas semanas un serio varapalo a la instrucción de Peinado anulando los registros que practicó el año pasado en la casa y la oficina del empresario Juan Carlos Barrabés mientras este permanecía ingresado en un hospital. Los jueces llegaron a recordar a Peinado: “No se puede obtener la verdad a cualquier precio”.
Esta rectificación de la segunda instancia a Peinado se produce meses después de que la Audiencia Provincial apenas asumiera las tesis de las defensas solicitando que pusiera coto a la instrucción “prospectiva” y desproporcionada que practicaba, a su entender, Juan Carlos Peinado, contra el que llegaron a querellarse sin éxito.
“Razones no faltan para tomar dicha decisión –pero entiende esta parte–, siempre con respeto al criterio del instructor, que es fundamental exteriorizar dichas razones con el fin de paliar el potencial peligro de una nulidad que dejase sin efecto diligencias fundamentales para la adecuada progresión de la causa”, añade el escrito de Vox, Hazteoír, Manos Limpias y el resto de organizaciones que ejercen la acción popular contra Begoña Gómez y el resto de investigados.