El Constitucional tumba el protocolo de Canarias para la acogida de menores migrantes

El pleno del tribunal estima de forma parcial y por unanimidad el recurso del ejecutivo central y anula el acuerdo del gobierno de Canarias que aprobó este protocolo, anulado de forma cautelar desde hace meses por distintos tribunales

Archivo – Las contundentes conclusiones de la fiscal superior de Canarias sobre el protocolo del Gobierno de CC-PP para la acogida de menores migrantes

El pleno del Constitucional ha decidido tumbar el protocolo que el gobierno de Canarias de PP y Coalición Canaria impuso en septiembre del año pasado para regular la acogida de menores migrantes. Un protocolo, suspendido desde hace meses de forma cautelar por los tribunales a petición de la Fiscalía, que obligaba a los menores a pasar por más trámites y ralentizando, en la práctica, su entrada en el sistema de protección.

Según ha adelantado la agencia EuropaPress, el pleno ha decidido por unanimidad estimar parcialmente el recurso del Gobierno y anular la resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre del año pasado que establecía ese protocolo territorial.

El Gobierno central decidió llevar este protocolo ante el tribunal de garantías al entender que existía un conflicto de competencias y que el ejecutivo de Fernando Clavijo había legislado en materias exclusivas del Estado. El recurso cuestiona tres puntos clave del protocolo, entre ellos el que condiciona la recepción del menor a que se aporte gran cantidad de documentación sobre su situación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya suspendió hace meses el protocolo de forma cautelar y así lo volvió a hacer el Constitucional cuando admitió a trámite el recurso del Gobierno.

En paralelo, el ejecutivo central y el gobierno canario han sido negociando para un reparto puntual de 4.500 menores desde las islas y desde Ceuta con “prácticamente los mismos” criterios acordados ya en 2022 durante la sectorial con “algunas correcciones”. En el caso de las islas, los servicios sociales atienden a más de 5.800 menores.

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