El Ejecutivo laborista anula la prohibición para indocumentados hasta de solicitar asilo impuesta en 2023 por los conservadores, pero mantiene límites para conseguir el pasaporte
El Gobierno británico presume de redadas de migrantes ante el ascenso de la extrema derecha
El Gobierno de Keir Starmer hace equilibrismos para enmendar las políticas más duras contra refugiados aprobadas por el Partido Conservador y a la vez imponer restricciones para contentar a una parte de votantes laboristas y tratar de contener el avance de la extrema derecha.
De un lado, esta semana ha empezado el debate en la Cámara de los Comunes de la ley presentada por el Gobierno sobre fronteras que, entre otras medidas, vuelve a permitir a los refugiados llegados en patera al Reino Unido solicitar asilo y residir en el país.
En 2023, el Ejecutivo de Rishi Sunak aprobó una legislación que lo impedía en contradicción con la convención de 1951 de protección de refugiados, que dice que no se puede castigar a quienes llegan a un país en busca de asilo por haber entrado o haberse quedado sin autorización dadas las circunstancias que estas personas suelen afrontar, con peligro para su vida y sin margen para tramitar la documentación.
Se trata de personas que en la mayoría de los casos sí tienen derecho al asilo: unos dos tercios de las solicitudes de asilo en el Reino Unido son aceptadas porque el Ministerio del Interior considera su reclamación legítima. La ley de los tories, muy criticada, provocó hasta un terremoto en la BBC por la suspensión del presentador deportivo Gary Lineker, que atacó en X a la ministra de entonces.
La nueva ley defendida ahora por el Gobierno laborista acaba con los castigos que la ministra del Interior que los diseñó, Suella Braverman, reconoció podían no respetar la legislación internacional. Sin embargo, entretanto, desde este lunes, el Ministerio del Interior tiene una nueva guía que aconseja no otorgar la ciudadanía británica a los residentes que llegaran sin autorización previa al país.
Castigo por “viaje peligroso”
La ordenanza que da instrucciones para procesar las solicitudes de ciudadanía británica, que puede pedir alguien después de vivir al menos cinco años en el país, y dice que “normalmente se rechazarán” las peticiones de las personas “que hicieron un viaje peligroso” para llegar sin autorización previa. Eso incluye cruzar el canal de la Mancha en patera y viajar escondido en un camión u otro vehículo. “No incluye, por ejemplo, la llegada como un pasajero en un vuelo comercial”, dice la ordenanza, que presupone que cualquier que llegue en avión pasará por el control habitual del aeropuerto.
La guía, cuya publicación fue adelantada por la organización especializada en información sobre inmigración Free Movement, se refiere a uno de los requisitos para obtener la ciudadanía sobre el carácter personal de la persona candidata a ser británica y que siempre ha incluido puntos que juegan en contra de la solicitud como el posible historial delictivo, el fraude fiscal, las mentiras o la violación de las reglas de trabajo y de inmigración en general. Desde ahora, en este punto se incluye expresamente el haber entrado de manera ilegal en el país “sin importar cuándo”, aunque en el texto hay una referencia expresa a los anteriores 10 años que se pueden contar desde la entrada si está registrada o desde cuando el Ministerio del Interior se enteró del estatus de la persona en cuestión.
La guía ya ha provocado críticas de varias organizaciones civiles, entre ellas, el Consejo de Refugiados, una ONG fundada en el Reino Unido en 1951, cuando el país fue autor clave de la convención de la ONU de protección de refugiados.
“Este cambio es contradictorio con lo que quiere la opinión pública británica, que los refugiados a los que se la da protección en nuestro país se integren y participen en sus nuevas comunidades”, se queja el director, Enver Solomon, en un comunicado en el que pide al Gobierno que reconsidere este añadido en su guía para la ciudadanía.
Ascenso de la extrema derecha
El cambio llega mientras crece el apoyo a la extrema derecha de Nigel Farage, cuyo partido, ahora llamado Reform, se construyó con un mensaje contra los inmigrantes que llegaban de la UE. Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador, que es el más perjudicado por el ascenso de Farage, propuso hace unos días endurecer los requisitos para lograr la ciudadanía británica y, por ejemplo, alargar de cinco a 15 años el periodo de residencia en el Reino Unido necesario para poder presentar la solicitud de pasaporte británico.
El Gobierno laborista, además, está haciendo un esfuerzo por visibilizar los arrestos y las deportaciones de inmigrantes sin autorización para estar en el país o con un historial delictivo. Esta semana, presumió de un nivel récord de redadas en salones de uñas, restaurantes, talleres de lavado de coches y otros centros de trabajo, y difundió algunas imágenes de las operaciones policiales.
Durante el debate de la nueva ley migratoria, que sustituirá a la más dura en vigor, la ministra del Interior, Yvette Cooper, defendió el refuerzo de las reglas para que “quienes llegan en pateras no puedan pedir la ciudadanía” mientras algunos diputados conservadores se quejaban de lo contrario.
Una cuarentena de diputados laboristas, representantes de zonas empobrecidas y más conservadoras, pidió hace unos días a Starmer que muestre más dureza con la inmigración. Pero también hay voces que critican estas políticas, en particular el obstáculo para que los refugiados que ya tienen el asilo y la residencia puedan pedir la ciudadanía.
“El mensaje que manda esto es que vamos a evaluar tu solicitud de asilo, te dejaremos quedarte en el país, pero no queremos que seas parte de nuestra comunidad”, dijo este miércoles en el matinal de la radio BBC4 Stella Creasy, diputada laborista que representa un distrito a las afueras de Londres. “Es contraproducente”.
Sólo una minoría de la población cree que la inmigración ha sido algo “malo” o “muy malo” para el Reino Unido, pero desde el aumento de las llegadas en pateras en 2022 hay más preocupación y algo más de la mitad de personas cree que se debe reducir el número de llegadas de extranjeros al país, según los datos recopilados por el Observatorio de Migración de Oxford. Este centro de estudios destaca que la opinión pública británica tiene, en todo caso, posiciones más “suaves” sobre refugiados y migrantes que las de otros países europeos, como Alemania, Austria, Países Bajos, Eslovaquia o incluso Irlanda.