Alberto González Amador se arriesga a que el pacto que ofreció a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales y no entrar en la cárcel quede arruinado por una ampliación de la investigación que apunta a sus negocios con Quirón
La Fiscalía pide investigar el posible “soborno” de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón
La Audiencia Provincial de Madrid decidirá el próximo miércoles, 19 de febrero, si permite a la jueza del caso de Alberto González Amador ampliar la investigación a nuevos delitos. Ese día se reunirán tres magistrados de la Sección Tercera para deliberar sobre el recurso que presentaron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid, y al que se adhirió la Fiscalía, para que González Amador sea investigado por haber cometidos más delitos de los que admitió, entre ellos, corrupción en los negocios.
Hasta ahora, González Amador está imputado por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsificación de documentos. Sin embargo, el examen de toda la información que manejó la Agencia Tributaria en sus pesquisas durante dos años sirvió a la acusación popular para presentar un escrito en el que advertía de que existían indicios para investigar a la pareja de la presidentga madrileña por otro delito fiscal, también de falsedad documental y contable.
El pasado 10 de enero se produjo un giro en la investigación cuando tocó el turno a la Fiscalía de pronunciarse sobre la petición de Más Madrid y PSOE, concretamente acerca del recurso que habían presentado contra la decisión de la jueza de no ampliar la investigación a tantos delitos, pese a haber abierto una pieza separaeda. En un escrito, la Fiscalía apoyó que la causa sume a los dos presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos otro de “corrupción en los negocios”.
El Ministerio Público aprecia indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. El fiscal incluye en su escrito el término “soborno”.
La jueza del caso había abierto la pieza separada pero no había practicado ninguna diligencia a la espera de que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre el recurso que presentó la defensa de González Amador contra la ampliación de la investigación. Hasta el 10 de enero la Fiscalía se había mostrado favorable a alcanzar un acuerdo, a propuesta de González Amador, que reconocería el fraude fiscal y la falsificación de documentos a cambio de una condena de ocho meses de cárcel, que no implicaría su ingreso en prisión, y el pago de una multa.