Los «errores legislativos» relacionados con las petroleras y las eléctricas le han costado a la Administración (a todos los contribuyentes) 12.165 millones en la última década
1.000 millones menos para las ‘arcas públicas’: PNV, Junts, PP y Vox rechazan el impuesto a las energéticas
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este jueves un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década, y que todavía tiene pendientes por indemnizar y devolver algo más de 12.000 millones en los próximos años. En total, son 21.530 millones por sentencias judiciales en contra de la Administración a los que tenemos que hacer frente todos los contribuyentes por el momento, porque la Autoridad fiscal advierte de que están por llegar más fallos similares de los tribunales.
Algo más de la mitad de esa cantidad, exactamente 12.165 millones —de nuevo según la AIReF—, proviene de sentencias relacionadas con el sector energético, como la indemnización por la clausura del almacén del gas Castor, por el “canon hidráulico”, por la financiación del bono social eléctrico o por el impuesto especial a los hidrocarburos. Unos pagos por errores legislativos que benefician directa o indirectamente a las petroleras, gasistas y eléctricas que operan en nuestro país.
Este destacado peso del sector energético en las sentencias contra el Estado desde 2014 no es una casualidad. Es consecuencia y una nueva demostración del poder de uno de los grupos de presión (lobbies) más importantes en España y en el conjunto de la Unión Europea (UE). Un sector que tiene a su disposición un pequeño batallón de altos funcionarios en excedencia, a los que, por ejemplo, desplegó para intentar tumbar el conocido como “tope al gas” —o “excepción ibérica”— que desarrolló el Gobierno en 2022 para aliviar la crisis de inflación, según se explica en esta información.
El siguiente sector empresarial protagonista de las indemnizaciones judiciales por errores legislativos es el de las telecos, con una sentencia a favor del conjunto de los operadores y otra en concreto de Telefónica, según se puede observar en el gráfico de este tema. Estas sentencias suman en total cerca de 3.000 millones, una cuarta parte que lo ‘ganado’ por las energéticas. Otro par de fallos de los tribunales, por 2.376 millones, tienen que ver con el impuesto de Sociedades, el que grava el beneficio de todas las empresas.
Entre los errores legislativos y malas prácticas que han sido recurridos y que tienen sentencias en contra, la Autoridad fiscal resalta “el uso inadecuado” de los reales decreto-leyes, como hizo el Gobierno del PP en el caso Castor o en la reforma del impuesto de Sociedades; la “extralimitación normativa”, como en el canon hidráulico, que ha costado a los contribuyentes 1.737 millones; o la “omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea”.
Además, la AIReF recuerda que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado) de los próximos ejercicios. “Las acciones legales contra el Estado constituyen un riesgo fiscal relevante”, lamenta la Autoridad fiscal.
“Recientemente, se han dictado varias sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas para las que se prevé una elevada cuantía, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Además, persisten riesgos judiciales pendientes debido a los numerosos procesos en curso, que podrían agravar el déficit de los próximos años, incluidos los arbitrajes internacionales en materia de energía, los contenciosos en el sector del transporte y las cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales”, incide.
Impuesto sobre hidrocarburos: el denominado “céntimo sanitario”
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 27 de febrero de 2014 declaró que el IVMDH, aplicado entre enero de 2002 y diciembre de 2012, era contrario al derecho de la Unión Europea. Este tributo, conocido como “céntimo sanitario”, tenía como objetivo principal recaudar fondos para financiar la sanidad pública.
Como resultado de esta sentencia, en 2014 se registró un mayor déficit de 1.671 millones de euros, asumido por la Administración central.
264 millones a Endesa
La sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2020 (ROJ 1045/2020) estimó parcialmente el recurso presentado por Endesa relativo a la aplicación indebida de un sistema de minoración de la retribución de la energía eléctrica vendida mediante contratos bilaterales físicos, establecido por la Orden ITC/3315/2007.
El importe fue de 264 millones por la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños y perjuicios.
Caso Castor
Indemnización por la clausura del almacén de gas CASTOR En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró nulo el Real Decreto-ley que establecía una indemnización urgente por importe de 1.350 millones a la empresa promotora del almacén de gas Castor, por su clausura en 2013. Esta indemnización, financiada por Enagás con préstamos de CaixaBank, Bankia y Banco Santander, debía repercutirse en la factura del gas durante 30 años.
Este Tribunal consideró que no había concurrido una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara el uso de un Real Decreto-ley en lugar de utilizar una ley ordinaria para el pago de la indemnización, vulnerando el artículo 86.1 de la Constitución. Como consecuencia, los bancos reclamaron al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados. Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo 3324/2020, de 27 de octubre, reconoció a los bancos el derecho a cobrar esa cantidad, obligando al Estado a asumir su responsabilidad patrimonial.
Canon hidráulico
La Sentencia del Tribunal Supremo 513/2021, de 15 de abril, declaró nula una parte del Real Decreto 198/2015 que regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, por ser contraria al ordenamiento jurídico español. El importe asociado a este fallo ascendió a 1.737 millones de euros y se registró en 2021.
Bono social eléctrico
El error legislativo en el caso de las comercializadoras que habían financiado el bono social eléctrico fue chocar con la Directiva 2009/72/CE. El Tribunal reconoció el derecho de las empresas a ser indemnizadas por las cantidades abonadas más intereses, descontando cualquier importe repercutido al consumidor final.
Sin embargo, surgieron dudas sobre si las comercializadoras del mercado libre habían trasladado estos costes a los consumidores, mientras que las comercializadoras reguladas, cuyos ingresos están regulados, quedaron fuera de duda.
En el segundo y tercer trimestre de 2024, el Tribunal Supremo se fue pronunciando a favor de las comercializadoras del mercado libre, confirmando su derecho a ser indemnizadas, al no resultar probada la repercusión de los costes al consumidor final. En cuanto al impacto derivado de estas sentencias, se imputó un importe de 366 millones en el año 2022. La cuenta de la Administración General del Estado 2023 recoge una provisión de 276 millones por las indemnizaciones que corresponderían a la indemnización para las comercializadoras del mercado libre. Por tanto, el importe total podría ascender a los 642 millones.
Impuesto especial de hidrocarburos
La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2024 declaró ilegal el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos correspondiente al periodo de 2013 a 2018. El fallo concluyó que el impuesto era contrario al Derecho de la Unión Europea.
Falta por determinar la cuantía económica derivada de esta sentencia y el momento en que se reflejará en el déficit en contabilidad nacional. En 2023, el Gobierno estimó un efecto de hasta 6.500 millones por esta sentencia, cifra que se corresponde con el total de la recaudación que tuvieron las comunidades autónomas, que establecieron ese tipo autonómico, en todos los años en que estuvo vigente.
El Congreso rechaza el impuesto extraordinario a las energéticas
Además de las victorias judiciales, el sector energético se ha visto beneficiado recientemente por algunas votaciones parlamentarias mientras consigue beneficios récord, en plena crisis de precios, y recibe ayudas y subvenciones milmillonarias para la transición ‘verde’.
En enero de este 2025, los socios del Gobierno de coalición EAJ PNV y Junts confirmaron en el Congreso de los Diputados su rechazo a la prórroga al impuesto “temporal” a las energéticas. Las derechas nacionalistas se unieron al PP, Vox y UPN en contra de la prórroga del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy, lo que significa que las ‘arcas públicas’ dejarán de ingresar cerca de 1.000 millones.
Junts también pactó con el PP la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad, aunque el Gobierno ha conseguido salvarlo. Este tributo está diseñado para pagar la deuda milmillonaria pendiente con las empresas eléctricas desde hace años, el famoso déficit de tarifa, que actualmente es de alrededor de 7.000 millones.