«Solo para inversores» y «ocupado sin posibilidad de visita»: los fondos se deshacen de pisos con familias dentro

El mensaje es claro: “Oportunidad solo para inversores”. El texto se repite en decenas de pisos en venta en plataformas como Idealista. Ningún banco dará una hipoteca al futuro comprador, porque el inmueble ni siquiera se puede visitar. “El activo se encuentra ocupado”, indican los anunciantes. “Con los servicios de Solvia podrá encontrar la vivienda que necesita y asegurar su inversión”, dice uno. “El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble”, indica otro, del fondo Hipoges. Cualquiera que haya buscado piso por los barrios obreros de las grandes ciudades se ha topado con algún anuncio de este tipo. Es posible, incluso, que sean los primeros en aparecer al filtrar por precio: están por debajo de mercado.

Claudia tiene 60 años y vive con su marido, que tiene una discapacidad. Durante la gran recesión se vio abocada al impago de su hipoteca. Negoció con el banco la dación en pago de su piso en un pequeño municipio catalán y un alquiler social, que paga sin demora y que han ido renovando las distintas leyes autonómicas. La próxima fecha de vencimiento llega en 2027. “Parece mucho tiempo, pero los meses corren rápido”, dice. Hace seis meses encontró su vivienda, propiedad de Solvia, en un portal inmobiliario: “No dice que somos inquilinos, nos tratan como ocupas. Y yo tengo un contrato, estoy al día de pago y hay leyes que me avalan. Es terrible ver la imagen de tu hogar en venta”. Ella se hipotecó por algo más de 100.000 euros, por una vivienda que ahora se oferta por 40.000.

“Estas prácticas se están incrementando en los últimos años de manera exponencial y cada vez es más habitual con inquilinos que tienen un alquiler social o una moratoria hipotecaria”, explica el abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Víctor Palomo. “Son viviendas que suelen venir de ejecuciones hipotecarias, normalmente en barrios humildes, como los del sur en Madrid y en los municipios como Parla, Getafe y Leganés”, indica.

No hay un registro piso a piso, pero las expertas consultadas para este reportaje tienen pocas dudas del perfil de las familias inquilinas. “La genealogía de estas viviendas nos permite hacer también la de sus habitantes y los diferentes procesos de expulsión. En el caso de España, hay un diálogo entre los ciclos de acumulación inmobiliaria, en la construcción y la compra y luego en el alquiler, y los de expulsión de la población más vulnerable o con menos recursos”, señala la doctora en Antropología Social e investigadora postdoctoral en la Universitat Oberta de Catalunya Inés Gutiérrez Cueli. Durante la preparación de su libro ‘Venir de barrio. Estrategias familiares, espacio y clase en los PAU de Madrid’ , esta autora ya registró como las familias sobre endeudadas en la burbuja habían pasado al alquiler social en viviendas transferidas a fondos buitre y, de ahí, a una nueva cascada de desahucios.

El de Claudia es un caso similar. También el de María. Su madre perdió la casa, en Carabanchel, con la crisis, pero consiguió pactar con el banco un alquiler social, para que su hija pudiese seguir viviendo en el inmueble. El piso pasó del Sabadell a Solvia, en ese baile de propiedad que han sufrido este perfil de inquilinas durante los últimos tres lustros. El contrato, de tres años, se renovó por otros dos en 2020. “Cuando se acabó me avisaron de que no me iban a renovar y que me tenía que ir”, recuerda la mujer, en la segunda mitad de su veintena y con una niña de 14 años a su cargo. “Me puse a moverme por todos lados, fui a la asistente social y les propuse un alquiler a precio de mercado, porque no podía irme a otro sitio y asumir los tres meses de fianza, pero no obtuve respuesta y me llevaron a juicio”, recuerda.

María acudió al juzgado con un informe de vulnerabilidad y este falló a su favor. La propiedad debía renovarle el contrato año a año, así que le reclamaron todos los meses que se habían negado a recogerle las mensualidades. Ella tenía el dinero y se puso al día de inmediato. “Era lo que quería, pagar”, recuerda. Pero el fondo volvió a la casilla de salida y puso el piso en venta: “Hace un año y medio vi el anuncio. Ponía claramente ”ocupado ilegalmente“. Me quedé sorprendida, porque mi abogado de oficio había propuesto que me lo vendieran a mí, que podía intentar comprarlo con ayuda familiar”. Desde entonces, esta joven ha recibido periódicamente visitas a su domicilio, más o menos invasivas. “Cada cierto tiempo viene gente a tocarme en la puerta o me ofrecen dinero para que me vaya, pero siempre lo he rechazado, porque lo que necesito es una vivienda”, explica. En la lista de encontronazos, que una mujer la amenace con desahuciarla en pleno rellano o que llamen a los vecinos preguntando por el presidente de la comunidad.

“Al ponerlos a la venta, los fondos exponen a los inquilinos de esa casa ante inversores que van a tratar de enterarse de las condiciones de la vivienda y hacen pasar a las familias auténticos suplicios. Es un negocio moralmente reprobable, en el que tratan de vender casas baratas, aun sabiendo que les harán la vida imposible”, señala Palomo, que lleva el caso de María, entre otros muchos. “En los casos de personas con moratoria antidesahucios, la táctica es traspasarlo a otro propietario, que trata de plantear un desahucio, aunque haya un título válido”, explica. En estos casos, “el juicio se gana, pero a mucha gente le da miedo esa demanda y sufre mucha más presión”.

Para la antropóloga social Irene Sabaté, esta estrategia comercial “pervierte la función social de la vivienda”, porque no solo se privilegia a los inversores privados, sino que incluso se expulsa del acceso de estos pisos a quienes quieren vivir en ellos. “Se inclina la balanza hacia el rentismo y la inversión en un activo financiero, en lugar de que sea un hogar para alguien”, indica en conversación con elDiario.es.

La problemática va, consideran las voces consultadas, de lo particular a lo general. “Cuando una persona está haciendo una búsqueda para comprar un piso y se encuentra estos anuncios más baratos, va confirmando ese discurso mediático [sobre la okupación] que tiene una escala que no se corresponde con la realidad”, indica Sabaté. Además, señala, estas prácticas “impulsan la industria de la desokupación extrajudicial, que crece con una impunidad pasmosa, porque quien decida hacer una inversión en uno de estos inmuebles, lo primero que va a intentar será desalojarlo”. Es lo que le ocurrió a Manuela: cuando el piso cambió de propiedad, una empresa de desokupas apareció en su puerta.

Según los datos del Ministerio de Vivienda, el riesgo de ocupación en España es de menos 0,06%. “El gran problema”, dijo la ministra Isabel Rodríguez, “es el acceso a la vivienda”. Pero desde algunas terminales mediáticas y grupos políticos llevan varios años alentando el discurso de la okupación, con su ramificación en la inquiokupación, en la que cabe todo: desde personas con un título válido, como las familias acogidas a moratoria hipotecaria o de desahucio, hasta aquellas con un alquiler social a las que no se quiere renovar. Al menos, cuando interesa. Hace unos días María recibió una llamada del fondo. Querían que les enviara fotos de todas las estancias, para conseguir, supuestamente, el certificado energético. Ella sospecha que es para adjuntarlas al anuncio: “Me tienen desde 2023 en precario, pero ese día me trataron como inquilina”.