Perú encara otro año de crisis política con una presidenta investigada por corrupción y en mínimos de popularidad

El primer discurso de 2025 de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue un alegato a favor de la transparencia que se contradice con las polémicas que manchan sus más de dos años de gobierno. “Ustedes, peruanos, tienen una presidenta que trabaja con las manos limpias, sin corrupción”, dijo el 2 de enero en el inicio del año judicial, a pesar de que está siendo investigada en al menos siete casos que la involucran directa o indirectamente.

Y este miércoles el Gobierno de Boluarte oficializó la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026, e indicó que una posible segunda vuelta se celebraría el 7 de junio de ese año, según estableció el decreto publicado en el diario oficial El Peruano con la firma de la presidenta.

Entre las investigaciones que la afectan está la que analiza su presunta responsabilidad en la muerte de 50 personas durante las protestas de diciembre de 2022 —cuando le correspondió asumir el Gobierno como vicepresidenta de Pedro Castillo, acusado de autogolpe y destituido de su cargo— o el pago supuestamente ilícito de relojes de lujo. Procesos que la han llevado a un mínimo histórico de aprobación, el 3%, según la encuesta de Datum para El Comercio publicada el 15 de diciembre.

“El Gobierno de Boluarte se está caracterizando por ser frívolo, propio de una persona improvisada que ha tratado de tomar distancia de su origen político, que era Pedro Castillo, para ganar el favor de la población y de los sectores políticos. Eso ha tenido un doble efecto: desde la izquierda se ha visto como una traición, y en la derecha se considera que es improvisada y que es notorio su intento de pasar de una orilla a la otra para ganarse el favor del Congreso. Para un lado es una traidora, para el otro, una arribista”, opina el periodista y analista político Enrique Castillo.

Una de las controversias recientes de su gestión implica a su hermano Nicanor Boluarte, acusado de pertenecer a una organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El mayor de los Boluarte intervino directamente en la designación —competencia del Ejecutivo— de 47 prefectos y subprefectos de Lima y otras siete regiones a cambio de dinero y de conseguir afiliados para su proyecto partidario, Ciudadanos por el Perú (CPP), según las investigaciones.

La red, conocida popularmente como Los waykis en la sombra (wayki significa “amigo” en quechua) está presuntamente conformada por otras 21 personas, entre ellos Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, y Jorge Ortiz, exjefe de la Dirección General del Gobierno Interior. Nicanor Boluarte, supuesto cabecilla de la organización, fue detenido el 10 de mayo de 2024, días después de que la Fiscalía abriera la investigación, pero fue liberado tras pocas horas. Un juez dictó una orden de prisión preventiva el 20 de noviembre, pero el Poder Judicial la revocó el pasado 11 de marzo luego de aceptar las alegaciones de la defensa. Algunos medios apuntan a que CPP puede ser el partido a través del que la actual jefa de Estado se presente a las elecciones, ya que asistió a sus reuniones.

Omisión de funciones y abuso de autoridad

“El caso salpica a la presidenta en la medida en que involucra a una de las personas más cercanas a ella, a la que le dictaría instrucciones. Hay muchas designaciones de cargos que no tienen un sustento técnico y legal”, explica el politólogo José Carlos Requena. Sin embargo, hasta que no se pruebe su conexión, es una de las últimas prioridades de Dina Boluarte, quien ya tiene que enfrentar los cargos de omisión de funciones por no haber anunciado oficialmente su ausencia durante varios días de junio pasado a causa de una rinoplastia. O los que recaen sobre ella por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad por la decisión de desactivar el equipo especial de la Policía Nacional del Perú que apoyaba al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, cuerpo que investiga precisamente a su hermano.

La jefa de Estado también tendrá que declarar el miércoles ante la Fiscalía en el marco del proceso conocido como Cofre. El nombre hace alusión al coche presidencial oficial en el que presuntamente huyó, el 6 de octubre de 2023, el prófugo y exgobernador del departamento de Junín, Vladimir Cerrón, condenado a tres años y medio de prisión por un delito de corrupción relacionado con un aeródromo. Para el director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Eduardo Hernando, esto alimenta la desconfianza de la sociedad en la justicia: “En esta lucha de poderes tan dividida, la organización de la justicia, el derecho, es una herramienta, un arma más”.

De hecho, otro crimen por el que se señala a Boluarte son sus supuestas reuniones secretas con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, apartada del cargo mientras las pesquisas siguen en curso y a quien la investigación señala por reemplazar a su equipo de fiscales de la Junta Nacional de Justicia para favorecer a terceros.

Casi ocho años de inestabilidad

El analista Requena cree sin embargo que Boluarte no escapará de la ley y será juzgada “al día siguiente” de dejar de ser presidenta. “Salga el gobierno del color que salga [en las elecciones de 2026], la idea de llevarla a los tribunales será general, por la desaprobación, el odio que ha cosechado entre la población, principalmente en las zonas altoandinas [las de mayor apoyo a Castillo] y todo el desorden ministerial”, pues por su gobierno han pasado 57 ministros con 38 cambios. “No tengo duda de que será perseguida mucho más que los expresidentes que están siendo juzgados”. Así, la exsegunda de Perú Libre engrosaría la lista de mandatos a la espera juicio, como Alejandro Toledo o Martín Vizcarra.

Es justamente ese listado de potenciales presidentes convictos el que evidencia una crisis política en el Perú desde hace al menos dos décadas, cuando, gracias al caso Lava Jato de 2014, se descubrió que jefes de Estado y líderes políticos del Perú aceptaron, entre 2005 y 2014, sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, algunos analistas, como Enrique Castillo, limitan el comienzo del periodo de ingobernabilidad a 2016, año en el que ganó los comicios Pedro Pablo Kuczynski, pero con una minoría en el Congreso frente a los 66 de 130 escaños que consiguió su partido rival, Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. Desde entonces, se han sucedido seis presidentes en siete años.

“La actitud del fujimorismo fue tratar de obstruir la labor del Ejecutivo, tratando de hacer un gobierno paralelo desde el Congreso, que fue además lo que Fujimori ofrecía a sus alianzas”, apunta Castillo. En ese contexto se produce el intento de Pedro Castillo de instaurar el estado de excepción tras disolver un Legislativo que estaba a punto de debatir una tercera moción para censurarlo. “Dina Boluarte se asienta sobre la estructura congresual, donde están desde los partidos más de derecha, como Avanza País, hasta un partido de izquierda comunista, como Perú Libre, que a su vez está aliado con el fujimorismo. Si Boluarte renunciase o la hubieran destituido, esos congresistas hubieran tenido que irse a sus casas. Por eso ella es funcional para ellos y no la censurarán, ni a ella ni a sus ministros. No los interpelarán porque les interesa quedarse hasta 2026 para terminar su agenda legislativa y seguir ganando el dinero que no conseguirían en sus correspondientes ciudades”, sentencia el analista Castillo.

Cuarenta partidos políticos

Esa divergencia política en el Legislativo se hace notar en las primeras proyecciones para las próximas elecciones de 2026, donde se perfilan hasta 40 partidos inscritos. “Lo que buscan muchos es acceder al Parlamento. Esto es el reflejo de una sociedad atomizada, fragmentada, con un elevado grado de desconfianza que impide que muchos de estos grupos pequeños puedan juntarse, hacer alianzas que han sido siempre muy efímeras, donde prevalece el interés personal de uno sobre el resto”, opina Hernando.

Los analistas prevén varias tendencias en el panorama electoral: una de derecha radical representada por el comediante y presentador de televisión Carlos Álvarez, que imitará a Nayib Bukele o Javier Milei; una de centroderecha, aupada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y Keiko Fujimori; una tercera de izquierda moderada, plasmada en el economista y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López-Chau; y finalmente, una ultraizquierda en la que podría sonar el nombre de Guido Bellido, primer ministro de Castillo.

Como han demostrado los resultados de las últimas elecciones, las regiones geográficas toman una postura determinante: Lima y el norte del país se decantan por la derecha, y el sur, como Puno, Cuzco, Arequipa o Junín, las zonas electorales más grandes y epicentros de la protesta después de la destitución de Castillo, se inclinan a la izquierda. En cuanto a Boluarte, su postulación no es viable por todos los antecedentes que carga, por lo que su destino será enfrentarse a la justicia o buscar “un favor debajo de la mesa”, como adelanta Enrique Castillo: “Podría suceder que un partido pequeño, cercano a Boluarte, la metiera en su lista de senadores. Darle algún tipo de protección legal frente a las acusaciones que recibirá al día siguiente de que deje la presidencia”.