Necesitamos un compromiso ético por parte de nuestros gobernantes para dejar de externalizar y mercantilizar los servicios sociales especializados. No se me ocurre nada más vulnerable, importante y prioritario que el sistema de protección y reeducación que se ocupa de los niños, niñas y adolescentes
Si en una encuesta le preguntasen a la gente cuáles profesiones considera de riesgo, tengo la certeza de que las vinculadas a lo social serían muy poco mencionadas. Y, entre ellas, estoy segura de que la Educación Social pasaría muy desapercibida o, simplemente, sería olvidada. Sin embargo, parece que la triste realidad reciente nos demuestra lo contrario.
El asesinato reciente de Belén, compañera que trabajaba como auxiliar técnico educativo en un centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores en Badajoz, ha evidenciado una realidad oculta y simultáneamente nos ha sacudido fuertemente a todas las profesionales del sector social.
Es obvio que ninguna de nosotras se levanta y va al trabajo pensando que podamos llegar a perder la vida mientras hacemos aquello para lo que nos hemos preparado, mientras acompañamos a niños, niñas o adolescentes que se encuentran en situación de desamparo o conflicto social. Pero también es evidente que la educación social, como muchas profesiones en el ámbito social, conlleva riesgos inherentes a la interacción con personas en situaciones de vulnerabilidad.
La tragedia de Belén, como tantas otras veces, ha provocado que surjan a la superficie muchos casos límite, que responden a múltiples situaciones, pero en los que siempre encontramos un denominador común: la precariedad. Durante esta última semana hemos escuchado testimonios desgarrados de compañeras que han pasado miedo o que han sufrido agresiones, hemos llorado juntas recordando a nuestra compañera y hemos revivido incontables momentos de soledad e impotencia por los que hemos pasado todas en nuestros puestos de trabajo.
Una precariedad que documentamos a diario en los Colegios profesionales de toda España cuando recogemos las denuncias, consultas, quejas o experiencias difíciles de profesionales que buscan ayuda para solucionarlas, y no de cualquier modo, sino procurando solucionar los problemas del día a día sin perder el foco de la motivación que las llevó a ese puesto de trabajo, sin olvidar nunca que el principal objetivo es siempre el interés superior del menor. Compañeras y compañeros extraordinarios que con unos recursos totalmente insuficientes intentan ser parte de la solución dentro de esta sociedad y sistema que no supo, no pudo o, incluso, no quiso dar a algunos jóvenes las oportunidades y el contexto adecuado para desarrollarse fuera del conflicto social.
Los colectivos profesionales llevamos años advirtiendo sobre la precarización del sistema de protección y reeducación de menores que, lejos de ser una prioridad para los diferentes gobiernos autonómicos, ha sido dejado de lado, invisibilizado, privatizado y puesto en manos de empresas, multinacionales y entidades que se lucran a costa del fracaso del sistema de bienestar. ¿O, acaso, que existan jóvenes que tienen que hacer uso de este tipo de recursos no es un fracaso como sociedad?
La postura más valiente y responsable sería asumir este fracaso y empezar de una vez a poner los medios necesarios para que, por un lado, los niños, niñas y adolescentes reciban en su propio entorno los apoyos y atención necesaria para evitar situaciones que los deriven a un centro de cumplimiento de medidas judiciales. Por otro lado, si un adolescente se ve en una situación de conflicto social, el sistema debe poner los medios necesarios para que tenga las oportunidades que no ha tenido antes, el sistema debe compensar las carencias sufridas hasta entonces y dar la oportunidad de reeducar, de aprender a resolver los desafíos y conflictos que se le presenten de una manera asertiva según las normas y valores sociales.
Esta es parte del trabajo de los y las educadoras sociales, y nuestra principal herramienta de trabajo es la relación que establecemos con los jóvenes a los que acompañamos, la vinculación con esos menores que vienen de experiencias violentas de maltrato, de abandono o de contextos sociales muy vulnerables es uno de los pilares de nuestra labor profesional. Está más que demostrado que lo más reparador para el menor es vincularse con una persona adulta, que sea un modelo positivo, de fiar, que dé seguridad, que le enseñe a resolver los conflictos de manera pacífica, que lo acompañe en el día a día.
En los casos en que surgen conflictos o se altera la convivencia en un centro durante el proceso de acompañamiento, la intervención corresponde al educador o educadora, quien aplicará medidas educativas y técnicas de desescalada. Sin embargo, para que esta intervención con el adolescente sea posible, es necesario que otros profesionales del centro se hagan cargo del acompañamiento del resto del grupo. Si estás sola este trabajo no lo puedes hacer, por lo cual en una situación de crisis o alteración de la convivencia no podrás hacer tu trabajo.
Además, si estamos hablando de un centro en el que puedan convivir jóvenes con alteraciones graves de la conducta, tendrá que haber medidas de seguridad que impliquen a otros profesionales formados para intervenir en situaciones que puedan suponer un riesgo para los menores o para las profesionales.
La realidad en los centros de trabajo es que las ratios que establecen las diferentes normas autonómicas son ridículas y no tienen en cuenta realmente las particularidades de cada tipo de centro y perfil de los jóvenes residentes. Las diferencias de ratios entre los turnos de día y los de noche no se ajustan a la realidad, están establecidas como si desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana los adolescentes se dedicasen a dormir. Es inviable ir a trabajar en el turno de noche estando sola, no porque creas que te puede pasar algo a ti, cruzas los dedos porque tu gran miedo realmente es que le pase algo a alguno de los chicos y chicas y no puedas hacer tu trabajo, porque de noche también se trabaja, también se hace acompañamiento socioeducativo y se llevan a cabo intervenciones.
¿Qué necesitamos? Por un lado, necesitamos visibilizar una realidad que por mucho que se ignore no va a desaparecer, solo así dejaremos de contribuir a la estigmatización de los niños, niñas y adolescentes que pasan por el sistema de protección o de reeducación.
Las administraciones no pueden seguir mirando para otro lado.
Necesitamos un marco normativo que unifique criterios, ratios y protocolos de actuación y que se ajuste realmente al espíritu de la normativa actual en cuanto a la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Necesitamos un compromiso ético por parte de nuestros gobernantes para dejar de externalizar y mercantilizar los servicios sociales especializados. No se me ocurre nada más vulnerable, importante y prioritario que el sistema de protección y reeducación que se ocupa de los niños, niñas y adolescentes, es más, teniendo en cuenta la situación actual de precarización de las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sistema, es urgente revertir esta situación y que los centros y recursos vuelvan a ser de titularidad pública.
Si algo sacamos en claro de esta dolorosa situación, es que la precariedad laboral mata.