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La magistrada pide a la Conselleria de Emergencias la información remitida a los ayuntamientos afectados por el barranco del Poyo
Hemeroteca – Una acusación popular pide a la jueza de la DANA una “inspección ocular” para “verificar” las cámaras del Cecopi
La jueza de la DANA ha encargado a la Policía Judicial de la Guardia Civil un informe sobre las cámaras y las pantallas del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana en l’Eliana. La instructora ha pedido específicamente al Instituto Armado que centre sus pesquisas en los “sistemas de participación en reuniones, vía telemática, y la grabación de las mismas”. Las instalaciones albergaban el pasado 29 de octubre, jornada de la catastrófica barrancada, la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
La magistrada avala así varias de las diligencias solicitadas por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), tales como el requerimiento a la Conselleria de Emergencias e Interior de la información remitida por el departamento dirigido por Salomé Pradas el pasado 29 de octubre a la Diputación de Valencia y a los ayuntamientos que “se pudieran haber visto afectados por la crecida del barranco del Poyo”.
El informe encargado a la Guardia Civil también incluye la “información que se almacena en el sistema suministrada por los servicios que participan en la emergencia”, las pantallas de las instalaciones o el sistema de localización automática del lugar desde donde se llama al teléfono 112.
La acusación popular también pedía que se investigara, además de la información que comparten las pantallas de las múltiples estancias del Centro de Coordinación de Emergencias, el sistema que garantiza “en todo momento” la cobertura de la red para el funcionamiento de la telefonía móvil.
La magistrada ha abierto una nueva línea de investigación: la información (o la falta de información) que manejaban los consistorios en peligro por el desbordamiento del barranco del Poyo. La instructora quiere saber qué datos envió el departamento de Pradas a los consistorios y a la Diputación de Valencia, presidida por el también popular Vicente Mompó.
Por otro lado, también requiere a un informe al director general de Medio Natural, Luis Gomis Ferraz, sobre las “acciones realizadas” por su departamento y “el momento en que finalizaron las medidasd de control del barranco del Poyo” el pasado 29 d eoctubre. El alto cargo de la Generalitat, tal como desveló elDiario.es, reconoció la mañana de la DANA que la competencia del seguimiento del caudal de ríos y barrancos también era autonómica.
Los empleados de Emergencias en la DANA
Por otro lado, la magistrada instructora también requiere a la conselleria, dirigida actualmente por Juan Carlos Valderrama, la relación de puestos de trabajo de los empleados de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, así como una relación de de las tareas, formación y datos personales de aquellos que prestaban sus servicios el pasado 29 de octubre.
Tal como le pedía la acusación popular que ejerce ACPV, la magistrada requiere a la Conselleria de Emergencias “la actualización o actualizaciones” del Plan Especial de Inundaciones, así como la documentación acreditativa de su desactivación.
La jueza instructora, por otro lado, descarta ordenar la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas emitidas o recibidas por el Centro de Coordinación de Emergencias el 29 y 30 de octubre. La magistrada argumenta que la medida encajaría en delitos dolosos y, pese a la “gravedad penológica” de la instrucción de la DANA, se trata de una investigación de presuntos delitos de homicidios imprudentes, lo cual “excluye” la diligencia solicitada.