El Ministerio Público solicita al juez que cite a declarar a tres secretarios del Ayuntamiento de Mariena del Alcor, entre 2015 y 2024, relevantes para la causa por posibles deliltos de prevaricación y tráfico de influencias en la que está imputado el líder del PP de Sevilla
Claves del caso tanatorio: varios líderes del PP en Sevilla citados ante el juez por prevaricación y tráfico de influencias
La Fiscalía ha solicitado al juez que investiga al presidente del PP de Sevilla y a otros altos cargos del partido por una supuesta trama urbanística en la concesión del tanatorio privado de Mariena del Alcor que prorrogue la instrucción otros seis meses y que cite a declarar como testigos a tres secretarios del Ayuntamiento, que emitieron informes municipales relevantes para la causa.
La petición del Ministerio Público para abrir nuevas vías de investigación en una supuesta causa de corrupción que salpica a la plana mayor del PP de Juan Manuel Moreno ha coincidido con la celebración en Sevilla, este fin de semana, de la 27 Interparlamentaria del PP, que concentra a medio millar de diputados, senadores, parlamentarios y concejales del partido en una convención que preside el propio Alberto Núñez Feijóo.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona está investigando desde hace meses las supuestas irregularidades en la concesión por parte del Ayuntamiento de Mairena, gobernado por el PP, de un tanatorio privado a la empresa familiar de un miembro de la ejecutiva regional del partido que dirige el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
El Consistorio paralizó un proyecto para construir un tanatorio público en el municipio -que quedó en suspenso durante ocho años- y acto seguido autorizó hacer otro privado, que ya está construido. El PSOE interpuso una denuncia que derivó en la apertura de diligencias y la imputación del presidente del PP de Sevilla y delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez (antiguo alcalde de Mairena del Alcor), del regidor actual, Juan Manuel López, y de Francisco Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional del PP andaluz, cuya empresa familiar se benefició de la concesión municipal del tanatorio.
Los tres declararon hace unos días ante el juez como imputados por posibles delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación, pero el fiscal del caso considera que éstas “no son las únicas diligencias de instrucción que se antojan necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos”, y propone al juez nuevas vías de investigación y más tiempo para indagar, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico.
La investigación judicial se debe desarrolar en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa, que en este caso arrancó en junio de 2024. El magistrado que instruye el llamado caso tanatorio, Francisco José de Córdoba, había solicitado a las partes personadas sus alegaciones para prorrogar el periodo de instrucción.
Los abogados de los dirigentes del PP imputados en la causa solicitaron el sobreseimiento -no reclamaron nuevos testigos ni presentaron diligencias-, pero el fiscal Nicolás Suffo sí ha pedido una ampliación de plazo y que se tome declaración en calidad de testigos a tres trabajadores del Ayuntamiento de Mairena.
El Ministerio Público considera relevante escuchar a los autores de tres informes municipales emitidos durante los más de ocho años que el Ayuntamiento dejó paralizado el tanatorio público, mientras impulsaba el proyecto privado. Se trata de Palma Fernandez Espejo, secretaria del Ayuntamiento y autora de un iforme fechado el 13 de marzo de 2015; Virgilio Rivera Rodríguez, secretario municipal y responsable de otro informe, fechado el 9 de julio de 2018; y por último Patricia Cabello Pilares, vicesecretaria y autora de dos informes, uno fechado el 2 de julio y otro del 9 de octubre de 2024.
El origen del caso
El caso del tanatorio se remonta al año 2015, cuando el Ayuntamiento mairenero –con Ricardo Sánchez, actual líder del PP de Sevilla, como alcalde– aprobó por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal. Durante su mandato, se invirtieron más de 21.000 euros en la redacción del proyecto y, un año después, en 2016, se dio luz verde al anteproyecto del tanatorio. Sin embargo, la construcción nunca arrancó y el proyecto se quedó guardado en un cajón durante ocho años.
Entretanto, el mismo Ayuntamiento del PP –ya con Juan Manuel López al frente– autorizó en 2021 conceder la licencia de obras a la promotora familiar de un alto cargo del partido (Previpaz S.L.) para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes. El centro privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, gracias a una “inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa” de los técnicos municipales, que emitieron informes favorables a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa a la hora de solicitar las licencias y de llevar a cabo las obras.
Los socialistas en Mairena del Alcor llevaron el caso a los tribunales en abril de 2024, denunciando a Ricardo Sánchez, Juan Manuel López y Francisco Rodríguez Roa por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Dos meses después, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona decidió abrir diligencias previas y encomendó a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigara los hechos denunciados. Tras meses de trabajo, la Guardia Civil emitió un informe que ampliaba la investigación, sumando indicios de dos nuevos delitos (prevaricación urbanística y administración desleal) y otros dos investigados a la causa.
Basándose en las conclusiones de ese atestado, el pasado 5 de febrero, el juez decidió imputar a un total de seis personas, entre ellas, los tres dirigentes populares denunciados, considerando que el informe de la Policía Judicial “apuntala” la supuesta participación de todos ellos en posibles actos delictivos. La causa judicial parte de que la administración local “no actuó con arreglo a la normativa vigente” y sí “en favor de la mercantil” que promovió la construcción del centro privado en este municipio sevillano.
El caso del tanatorio trasciende el ámbito local y supone un terremoto político capaz de sacudir los cimientos del PP a nivel provincial y regional. Por un lado, la imputación del líder del partido en Sevilla ha reabierto las heridas internas del PP sevillano, sembrando de nuevo entre sus filas la sombra de la desconfianza. También ha salpicado a la ejecutiva regional de Moreno, de la que uno de sus miembros está imputado en la causa.