Si el alto tribunal da la razón al presidente, supondría un punto de inflexión en su campaña contra las personas migrantes y en su pulso con el poder de los tribunales federales
Trump invoca el secreto de Estado en la deportación de venezolanos y entorpece la causa para determinar si desoyó el bloqueo judicial
La batalla judicial de la administración de Donald Trump para poder usar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones finalmente ha llegado a la última instancia: el Tribunal Supremo. Los abogados de la Casa Blanca presentaron este viernes un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial para solicitar que se levante el bloqueo impuesto por el juez federal James Boasberg a la invocación de dicha norma a mediados de marzo.
Fue con el recurso a esta norma de finales del siglo XVIII con lo que el gobierno estadounidense deportó a más de 200 venezolanos a prisiones en El Salvador, y sin un proceso judicial, por su supuesta vinculación con el grupo criminal El Tren de Aragua.
El recurso de emergencia presentado ante el Supremo pide al alto tribunal que anule el bloqueo de Boasberg al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para poder seguir utilizándola y deportar sin garantías procesales a todas aquellas personas que el gobierno considere vinculadas con la banda criminal. La petición se enmarca en la guerra abierta que el presidente estadounidense ha declarado contra el juez federal, quien sigue investigando si Trump violó su orden al deportar a los más de 200 venezolanos a El Salvador.
A nivel legal, se trata de uno de los casos más sensibles, pues si el Supremo da la razón al presidente, este tendría carta blanca para acelerar su campaña de deportaciones.
La solicitud llega después de que el tribunal de apelaciones del circuito de Washington denegara el mismo recurso presentado por la administración Trump. Durante los argumentos iniciales, la jueza Patricia Millet afirmó que los nazis recibieron un mejor trato cuando se les aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial que los venezolanos.
La ley de 1798 fue creada para tiempos de guerra con el fin de expulsar rápidamente del país a aquellas personas migrantes consideradas colaboradoras de países enemigos. Entre otros aspectos, la ordenanza permite la expulsión sin proceso judicial de quienes sean objeto de su aplicación. Antes de Trump, la norma solo se ha utilizado en tres ocasiones. La última fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.