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La Eurocámara impone sólo un castigo de 700 euros al constatar que el agitador ultra y líder de Se Acabó La Fiesta no ha completado su declaración de intereses, un paso obligatorio para todos los eurodiputados después de conseguir un escaño
La Fiscalía pide al Supremo que impute a Alvise e investigue las cuentas de su partido
El Parlamento Europeo ha sancionado a Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de ‘Se Acabó La Fiesta’, por ocultar sus ingresos en su declaración de bienes después de tomar posesión como eurodiputado el año pasado. La decisión de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha sido suspender de las denominadas dietas de estancia durante dos días, por lo que infringir el código de conducta le costará tan solo 700 euros.
El agitador ultra ocultó sus ingresos cuando llegó el momento de declarar sus intereses tras tomar posesión como eurodiputado, algo obligatorio para todos los parlamentarios cuando llegan al Parlamento Europeo, según establecen las reglas de la institución. El Código de Conducta de la Eurocámara obliga a los eurodiputados a dar detalles sobre las actividades remuneradas los tres años anteriores a la entrada en el Parlamento así como la pertenencia durante ese tiempo a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica.
Alvise Pérez se negó entonces a proporcionar esa información a la Eurocámara dejando en blanco el apartado de los ingresos por su actividad profesional en la eclaración de intereses en la que se limitaba a señalar “sin remuneración, sólo donaciones”, a pesar de que reconocía recibirlas con carácter mensual.
El agitador sigue sin proporcionar a la Eurocámara esa información sobre el dinero que percibió en los últimos años por su labor como “Analista y consultor político por cuenta propia”, según recoge en su declaración de bienes. La trayectoria política de Alvise Pérez inició como asesor de Toni Cantó en Ciudadanos y en los últimos años se ha dedicado a fabricar y emitir bulos en las redes sociales.
El eurodiputado y líder de SALF está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si abre una investigación contra él en Madrid por financiar su candidatura de forma ilegal, cobrando 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas un día antes de arrancar la campaña electoral de las últimas elecciones europeas. La Fiscalía ha pedido que sea imputado y también que la Justicia investigue a fondo tanto sus cuentas bancarias como la financiación de su partido.
Los problemas con la justicia son la razón por la que el grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR), que lideran los Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni y al que en la anterior legislatura pertenecía Vox, no ha aceptado a Alvise Pérez. No obstante, sí abrió la puerta a los otros dos eurodiputados de la candidatura, Diego Solier y Nora Junco.