Una asociación nacida en la pandemia, que también ejerce una de las acusaciones en la causa, cuestiona los certificados de defunción y asegura que investiga «algunas lápidas» de víctimas de la barrancada
Hemeroteca – Rubén Gisbert vuelve a intentar monetizar la tragedia de la DANA con el bulo de que el Gobierno oculta el número real de muertos
Rubén Gisbert, el ‘youtuber’ convertido en uno de los rostros de la ‘conspiranoia’ de la DANA y despedido por el programa de Iker Jiménez tras mancharse aposta de barro antes de una conexión en directo en plena catástrofe, ejerce de abogado de una de las acusaciones particulares en la causa que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. El letrado, conocido (entre otras polémicas) por colarse de noche a grabar un video en una residencia de personas mayores en Albal, localidad afectada por la barrancada, confirmó a este diario que había asumido la representación jurídica de una de las partes personadas en el procedimiento, en condición de acusación particular. Gisbert accedió el pasado 11 de abril a la Ciudad de la Justicia de València con un poco de retraso respecto de la hora a la que estaba citada a declarar la exconsellera Salomé Pradas. A la salida, se paró para mantener una breve charla con el reportero Cake Minuesa, que preparaba un video para un diario digital en el que señalaba la supuesta politización de las asociaciones de víctimas que protestaban coincidiendo con la reaparición pública de Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.
El mismo día, Gisbert emitió un video en directo en su canal de Youtube sobre las declaraciones de la exconsellera y de Argüeso ante la jueza instructora. El ‘youtuber’, oriundo de Catarroja, asegura que representa gratuitamente a sus clientes, familiares de víctimas de la DANA.
A pesar de que había mantenido un perfil más bien bajo en el marco de la instrucción, este lunes adquirió cierto protagonismo en la sala tras solicitar a la magistrada verbalmente la imputación de la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, que declaraba como testigo. Lo hizo inmediatamente después de su ronda de preguntas a Bernabé y dirigiéndose directamente a la magistrada. Sin embargo, la jueza instructora le contestó que, en todo caso, lo pidiera por escrito, según informan fuentes consultadas por este diario. Tras la larga declaración de Bernabé, el ‘youtuber’ emitió un nuevo video en directo en el que expresó opiniones críticas con la instrucción de la jueza.
Rubén Gisbert, fundador en 2020 de la Junta Democrática de España, está censado en el Colegio de Abogados de València desde hace un lustro y también figura como trabajador autónomo, a título de empresario individual, en materia de “actividades de producción cinematográfica y de vídeo”. Su última producción audiovisual más destacada acabó con su despido fulminante como colaborador del programa ‘Horizonte’, dirigido por Iker Jiménez, tras ser pillado manchándose de barro para una conexión en directo.
El ‘youtuber’ reconoció el error y se justificó argumentando que, previamente a la cuestionada escena, había grabado un falso directo para el programa y que necesitaba que sus pantalones aparecieran con el mismo nivel de barro en su siguiente conexión (ya en auténtico directo).
Iker Jiménez, muy afectado, dijo posteriormente en un video colgado en redes sociales que la actuación de Gisbert fue “despreciable”, aunque apostilló que su colaborador también había llevado a cabo “un trabajo encomiable” en relación con la DANA, contando a los espectadores “cosas increíbles” sobre la tragedia.
Beatriz Talegón, otra conocida contertulia del programa, también criticó a Rubén Gisbert en solidaridad con el presentador de ‘Horizonte’. “He visto el vídeo de Gisbert. Se me ha revuelto el estómago y se me han saltado las lágrimas”, afirmó dolida.
Los bulos de la DANA
Sin embargo, el currículum de Gisbert incluye otras actuaciones en relación con la DANA aún más polémicas. Al día siguiente de la catástrofe, se coló en una residencia de personas mayores de Albal y grabó a algunos usuarios sin su consentimiento. También insinuó que los ancianos estaban abandonados y desatendidos, una afirmación desmentida de plano por el Ayuntamiento de Albal. El alcalde de la localidad, el popular José Miguel Ferris, aseguró en el programa ‘Conspiranoicos’ de La Sexta que el consistorio estudiaba acciones legales contra Gisbert.
Además, el ‘youtuber’ también trató de colar una muerte posterior a la DANA, sin relación con las inundaciones, como si fuera el cadáver de una víctima de la riada que las autoridades supuestamente pretendían ocultar “20 días después de la tragedia”.
La narrativa de que las autoridades habrían ocultado fallecidos de la DANA, completamente descabellada, parece haber calado también en otra de las acusaciones personadas en las diligencias que instruye la jueza de Catarroja.
Una “minuciosa investigación”
La asociación Liberum, nacida al calor de la pandemia de la Covid-19, cuestionó el pasado 10 de abril los datos sobre las muertes de la DANA y aseguró que algunos certificados de defunción de las 228 víctimas no llevan la “fecha real” del fallecimiento.
En otra comparecencia anterior ante los medios de comunicación, el pasado 26 de marzo en la Ciudad de la Justicia de València, el letrado de la asociación, Alexis Aneas, dijo que la entidad había emprendido una “minuciosa investigación” sobre los fallecimientos.
“Tenemos que ser muy prudentes en nuestras manifestaciones, pero desde la asociación estamos muy de cerca investigando el contenido de los certificados de defunción, el contenido de la naturaleza de esos fallecimientos según esos certificados, la fecha de los certificados de defunción, si se relacionan con el 29 de octubre o no, inclusive estamos haciendo un trabajo de investigación sobre la fecha que aparece en algunas lápidas”, manifestó el abogado.
Este diario preguntó al letrado sobre las pruebas (o indicios) que manejaba la asociación sobre la supuesta manipulación de los certificados de defunción. Aneas contestó: “Dejémoslo ahí”.
La asociación, por otro lado, anunció este lunes que pedirá la imputación de la delegada del Gobierno tras su declaración como testigo en la causa.
Liberum, según anunció recientemente en su canal de Telegram, pasa por el “momento más crítico de su historia” y se enfrenta al pago de costas judiciales por un importe de 40.000 euros. En otro mensaje, el mismo canal indicaba que se debía a “errores del anterior equipo jurídico”, que “actuó sin coordinación y presentó una ingente cantidad de recursos fallidos en Baleares”.