La barriada Guadalquivir convive desde hace años con una grave contaminación por hidrocarburos. Las enfermedades se acumulan mientras las administraciones se reparten culpas y los vecinos, excluidos de las decisiones, claman por una solución
Tres muertos al derrumbar un tornado una nave agrícola en Coria del Río
El olor a gasolina, a aceite rancio, a “gases que arañan la garganta”, se ha vuelto parte del paisaje para los vecinos de la barriada del Guadalquivir, en Coria del Río (Sevilla). Lo mismo que el cansancio, los mareos, los vómitos, las consultas médicas sin respuestas claras. Lo que empezó como una sospecha ciudadana terminó siendo confirmado por la Fiscalía General del Estado, por médicos, por técnicos ambientales y por asociaciones científicas. Y sin embargo, la respuesta institucional “nunca ha estado a la altura”.
Más de 4.000 personas viven hoy sobre un foco contaminante activo. Tienen miedo de dormir con las ventanas cerradas, pero también de abrirlas. Tienen miedo del agua que corre por los sumideros, del vapor invisible que se cuela por las rendijas. Algunos, como Rogelia Gómez, han desarrollado patologías graves: “dolores musculares”, “problemas respiratorios”, “vértigos”. Rogelia es una de las pocas que ha conseguido un diagnóstico médico claro: “recomendación de abandonar el domicilio por riesgo de exposición a sustancias tóxicas”. Una recomendación que dice no poder permitirse cumplir.
Ella asegura que, desde 2018, la asociación de vecinos que preside ha documentado casos de “leucemia, tumores, alteraciones neurológicas, abortos, niños con enfermedades renales… En cada bloque hay, al menos, un caso grave perfectamente compatible con la exposición prolongada a hidrocarburos aromáticos”. El informe del Instituto Nacional de Toxicología, elaborado a partir de los análisis realizados por el Seprona en aquel año, concluyó que la concentración de benceno en la barriada superaba en 16 veces el máximo permitido por la legislación vigente.
Además, aquel informe detectó la presencia de compuestos orgánicos volátiles derivados de hidrocarburos en domicilios particulares. El documento advertía de una “afección a la salud humana” y respaldaba la existencia de un “riesgo” para las personas debido a la exposición continuada. Estas conclusiones, sumadas a las de otros organismos, han llevado a los vecinos a considerar que su barrio ya no es un entorno seguro para vivir. “Nos están dejando morir”, repite Rogelia en cada entrevista, en cada pleno, en cada protesta, manifestando el diagnóstico compartido que ya asumen los vecinos sobre la inacción administrativa.
La gasolinera que se presume como una de las responsables de los vertidos, vista desde la cochera de la asociación vecinal
El debate institucional
La barriada del Guadalquivir ha vuelto al centro del debate institucional andaluz tras las declaraciones del Gobierno central. En una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria de Vox ha aclarado que las competencias en el caso de la contaminación por hidrocarburos en esta zona recaen sobre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Esta afirmación, emitida el pasado 9 de abril, llega en un momento clave, tras años de inacción, y refuerza la sensación de abandono que denuncian los más de 4.000 vecinos afectados.
“Existe un procedimiento de recuperación voluntaria de suelos. La competencia en materia de contaminación de suelos corresponde a la comunidad autónoma, salvo la declaración de suelos contaminados que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde a los ayuntamientos”, precisa el documento del Ejecutivo. También subraya que el Ayuntamiento de Coria del Río es responsable del otorgamiento de la licencia de actividad a la gasolinera contaminante y de la gestión del saneamiento.
Esta comunicación institucional coincide con la reciente constitución del grupo de trabajo promovido por la Junta en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz hace más de un año. La mesa, que cuenta con representación de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, las empresas de abastecimiento de aguas y saneamiento Emasesa y Aljarafesa y las consejerías implicadas —Sostenibilidad, Salud, Industria y Agricultura—, ha arrancado sin incluir a los principales afectados: los vecinos. Tampoco se ha incluido a colectivos ecologistas, pese a su papel clave en la denuncia y seguimiento del caso. Su constitución se produce tras la publicación del informe de la Fiscalía General del Estado que confirmaba el daño sustancial en suelos, aguas y salud.
La primera reunión se ha limitado a anunciar nuevas mediciones de la calidad del aire y una inspección en la gasolinera, sin detallar plazos ni compromisos vinculantes. Para Rogelia Gómez, se trata de un gesto más de cara a la galería: “Se ha constituido porque el informe de la Fiscalía les obligaba, y para ver si nos callamos de una vez”.
“Tira y afloja de competencias”
Y es que, para los vecinos, este “tira y afloja de competencias” ha sido la tónica desde el principio de su lucha: “Ninguna administración ha asumido la responsabilidad para actuar de forma decisiva. Las únicas respuestas que nos dan son que ellos no tienen las competencias. Vamos a hablar con uno, y nos mandan a otro, y así nos tienen, rebotando a ver si nos cansamos”, dice Rogelia.
En 2021, el Ayuntamiento archivó el expediente de declaración de suelo contaminado. La justicia lo obligó a retomarlo dos años después, en una sentencia firme. La administración local también ha rechazado dos veces poner en marcha un plan de emergencia sanitaria y se ha opuesto a la creación de una comisión de seguimiento o a destinar fondos para investigar el impacto médico.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha asegurado que la descontaminación está en curso, aunque reconoce que las concentraciones de contaminantes en las aguas siguen siendo “demasiado altas” como para certificarlo. Tampoco ha entregado, tras dos años de espera, el informe epidemiológico comprometido por el Servicio Andaluz de Salud. La jueza del caso penal lo lleva reclamando sin éxito desde enero de 2023. Rogelia afirma que, “mientras ellos se pasan la pelota, 138 personas están siendo tratadas en el Virgen del Rocío por afecciones compatibles con la exposición a estos gases”.
En los últimos años, la Asociación de Vecinos ha presentado estudios de casos por calles, simulado vertidos ante las delegaciones de Medio Ambiente, y exigido una y otra vez participar en la toma de decisiones administrativas. Sin éxito. Esta exclusión ha sido denunciada también por Ecologistas en Acción, que lleva desde 2018 acompañando a los vecinos y alerta del efecto acumulativo de los contaminantes. Su diagnóstico es claro: la gasolinera no retiró los tanques en mal estado hasta 2024, y la tubería del colector que pasa por debajo de la estación sigue filtrando sustancias tóxicas. El informe de la Junta de agosto de ese mismo año reconoce que no se han delimitado bien los suelos afectados ni realizado correctamente los controles de seguimiento.
Tampoco se han inspeccionado todos los posibles focos de contaminación. Vecinos y ecologistas han denunciado la existencia de pozos negros bajo antiguas naves industriales, algunos de ellos edificados. El Ayuntamiento los descartó sin investigar. La jueza ha ordenado en varias ocasiones su revisión, sin resultado.
Las familias que viven en la barriada del Guadalquivir no tienen alternativa. Muchas de ellas, como Rogelia, son “pensionistas sin posibilidad de marcharse”. El caso de Silvia, madre de dos adolescentes con problemas respiratorios, es uno de los tantos que se han documentado a lo largo de estos años. Y Nuria, que tuvo que abandonar Coria para que su hijo recién nacido fuera atendido en Canarias, guarda un informe que relaciona su nefrocalcinosis con la exposición prenatal al benceno.
El drama de Coria del Río no es sólo ambiental. Es social, institucional y político. Un caso que parece acumular negligencias, ocultaciones y retrasos en los procesos. Un ejemplo de cómo el envenenamiento lento y sostenido de un barrio entero puede quedar diluido entre competencias cruzadas, recursos judiciales y silencios administrativos. Pero también es, pese a todo, una historia de resistencia.