«Tengo miedo de que el banco me okupe la casa»: Antonio vive una pesadilla por culpa de una inmobiliaria

“Os damos la bienvenida a este cómodo piso ubicado en Sant Josep de Sa Talaia, Baleares”. Así empieza uno de los tantos anuncios de vivienda en Eivissa, seguido de una minuciosa descripción: “Oportunidad de inversión, inmueble procedente de ejecución hipotecaria sin posesión”. Antonio, el propietario, vive una pesadilla desde hace años, aunque ha ganado una batalla judicial en la que consiguió parar un proceso de ejecución hipotecaria que el banco Santander había iniciado contra él. David contra Goliat. Pero lejos de disfrutar del triunfo, aún sufre las consecuencias del procedimiento. Su piso está desde hace meses en venta, no solo en uno, sino en varios portales inmobiliarios. 

La propiedad está en un área tranquila, a pesar de su proximidad con una de las carreteras principales de Cala de Bou. La protege una verja metálica junto a la que hay un portero automático donde se pueden contar una decena de viviendas tan solo en el primer piso. “No sé cuántos hay en total, pero muchos, en el vecindario no nos conocemos todos”, dice Irene, una de estas vecinas, mientras cruza por la puerta principal junto a su bebé y su pareja. 

Antonio, otro vecino que accede simultáneamente al portal, se extraña al escuchar si se vende un piso okupado. “No sabemos si hay okupas, pero es raro, creo que nos habríamos enterado”, cuenta este propietario, que pagó en su momento poco más de 100.000 euros por una vivienda similar a la de Antonio. Antonio explica que el edificio antes era un aparthotel, con un restaurante en la planta baja –ahora cerrado– donde él había llegado a bailar ball pagès para los turistas del norte de Europa. También que la comunidad es “cara”. Por eso se plantea –dice a través de sus pensamientos en voz alta– empezar a alquilar una de sus habitaciones por 800 euros mensuales. 

La misma edificación que acogía esas actuaciones folklóricas, una construcción de los años setenta, es un reflejo de lo que un día fue y ya no es. Pero el mercado ha cambiado. Ahora, el piso de Antonio, de menos de 50 metros cuadrados, se vende hoy por 163.000 euros: tiene una habitación, salón–comedor y cocina y cuenta con áreas comunes culpables de elevar la cuota de la comunidad (una piscina comunitaria en forma de riñón y un jardín con césped entorno al edificio).

Este precio desciende hasta los 159.000 euros en algunos portales inmobiliarios. Un oasis dentro de las ofertas de vivienda en Eivissa, donde el estudio más angosto, con mucha suerte, baja de los 200.000 euros. Un rara avis, una ganga, un chollo, una oportunidad casi única, con tan solo una pega aparente: se vende con presuntos okupas. El okupa, en realidad, según le consideran el banco y la inmobiliaria, es el auténtico dueño del inmueble. 

Los exteriores del antiguo aparthotel, que cuenta con piscina, y que ahora se utiliza como bloque de pisos.

Al propietario, residente en Eivissa y de origen granadino, sufre un cuadro ansioso depresivo desde la batalla judicial con el banco.

Es el presidente de la comunidad de vecinos, que prefiere no identificarse, quien confirma que la vivienda no está “ni en venta ni okupada” e informa a este diario de que el vecino está “harto” de que le pregunten si por el piso para adquirirlo. “Cada semana, mínimo una vez, viene alguien a picarme la puerta para interesarse por la casa”, cuenta a elDiario.es Antonio, un hombre de mediana edad y raíces granadinas, después de escuchar el timbre. Los potenciales compradores le han llegado a increpar y a tratar de okupa porque es así como aparece en los anuncios de venta. 

Más de diez portales anunciaban la vivienda hace menos de una semana, a pesar de que el propietario lleva exigiendo que los retiren seis meses, desde el pasado octubre. “No ha sido hasta ahora, tras amenazar con acciones legales, que no han empezado a quitarlos. No todos, pero sí algunos”, sigue Antonio. “De hecho, nos mintieron un par de veces –dijeron que lo habían eliminado cuando no lo habían hecho– y tuvimos que insistir”, explica el afectado. 

Se refiere a Aliseda Inmobiliaria, que trabaja con el banco Santander, y es artífice de todos los anuncios, retirados el mismo día que elDiario.es acudió al edificio para poder hablar con el propietario, quien lamenta que no hagan más que torearlo. Hace unos meses ya lo hizo Gescobro, una agencia de recobro que se dedicaba a cobrar una presunta deuda con el banco. Este diario se ha intentado poner en contacto con el banco Santander y Gescobro por teléfono y correo electrónico, sin obtener respuesta de ninguno.

El triunfo del recurso de apelación

“Todo empezó con la cláusula suelo”, relata Antonio. Muchas familias estuvieron durante años pagando una cuota elevadísima y casi invisible en los contratos, incluso cuando el Euríbor estaba por los sueños. Luego se descubrió se trataba de una cláusula que impedía que sus mensualidades bajaran, por mucho que lo hicieran los tipos de interés. Cuando esas familias propietarias empezaron a investigar, descubrieron que había más gente afectada y los tribunales acabaron dándoles la razón: como la cláusula no era clara, el banco tenía que devolverles lo cobrado de más. 

El caso de Antonio llegó al juzgado de Primera Instancia número 3 de Eivissa en el año 2020. El juez aprobó la cancelación de la hipoteca a instancias de una ejecución a instancias del banco Santander en el año 2013. “Se consideró que la ejecución hipotecaria estaba bien hecha y, luego, la Audiencia Provincial resolvió que no, que no debería haberse ejecutado, por lo que el propietario de la vivienda sigue siéndolo”, aseguran fuentes judiciales del caso a elDiario.es. 

Antonio presentó un recurso de apelación en la sección número 4 de la Audiencia Provincial de Palma que el órgano judicial estimó, dándole la razón. El auto concluye que el vencimiento del préstamo al que alegaba la entidad bancaria en su demanda no tenía validez alguna al haber entrado en vigor la nueva Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

El Santander había presentado la demanda en febrero de 2013, pero, según lo dictado por el Tribunal Supremo (sentencia nº465/2019, de 11 de septiembre), todos los préstamos que se habían dado por vencidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley debían ser sobreseídos –finalizados– sin más trámites. Así lo recoge el auto de la Audiencia.

Entonces, Antonio tenía un abogado que consiguió el sobreseimiento de la adjudicación hipotecaria, y a quien la agencia Gescobro hizo el vacío. Aunque tal y como veía que avanzaban las cosas (semana tras semana se presentaba alguien en su casa preguntándole por su venta), decidió optar por otro representante legal con más experiencia que lidia ahora con Aliseda.

Una operadora de Aliseda Inmobiliaria, con quien se ha puesto en contacto este diario, asegura que la última información que le consta es que al dueño le hicieron una ejecución hipotecaria y que, a pesar de ello, no entregó el piso “y se quedó de okupa”. Sin embargo, el abogado del propietario ha enviado numerosos correos a la inmobiliaria adjuntando los autos judiciales y solicitando formalmente que retirara los anuncios al entenderse, de estos documentos, que la anotación de ejecución sobre la finca quedaba sin efectos. También se les requiere, en mails a los que ha tenido acceso elDiario.es –enviados desde octubre de 2024 hasta enero de 2025– que “por favor” no mandaran a más personas a visitar el inmueble, al no haber resolución judicial que permita estas visitas.

La planta del edificio donde vive Antonio desde hace más de diez años, cuando firmó su hipoteca.

El inmueble, ubicado en la calle Huelva, en el municipio de Sant Josep, visto desde la carretera.

Su aval: el registro de la propiedad

La misma tarde que Antonio recuerda toda la odisea vivida, una pareja se acerca hasta su puerta ofreciéndole dinero para que se vaya del piso en caso de que lo compren. Esta situación, con la que convive a diario, le ha provocado un cuadro de depresión ansiosa. “Llevo encarcelado aquí y sin poder continuar con mi vida desde antes de la pandemia, con miedo a la okupación por parte del banco”, confiesa Antonio, apoyado sobre el marco de madera de la puerta principal, con el registro de la propiedad en mano. Cuenta, incrédulo, que incluso una inmobiliaria que también trabajaba con el banco lo llamó el año pasado para decirle que si no usaba el piso, cambiarían la cerradura y lo pondrían a la venta. 

Su silueta se recorta sobre la oscuridad del pequeño rellano, desde donde ha atendido en demasiadas ocasiones a personas que querían comprar esos metros cuadrados. “Voy actualizando cada dos por tres el documento que certifica en el registro que el piso es mío, por si acaso”, apunta. Cuando se canceló la adjudicación hipotecaria, el registro de la propiedad número 2 de Eivissa –donde está inscrito el inmueble– debió quitar la nota marginal que ponía que había una adjudicación, como mandó el juez de la Audiencia. Algo que no solo no se hizo, sino que además, desde el registro le “sugirieron” al dueño que retirara la solicitud. “Tuvo que escribirles, citando las palabras de mi abogado, que sin orden judicial, no podían actuar de esa forma”.

Por su parte, la inmobiliaria le ha asegurado, en numerosas ocasiones, que el banco le ha hecho cargo de la gestión del inmueble. “Eso Aliseda, en cuanto a Gescobro, aún diciéndoles y enseñándoles la documentación con la sentencia y el mandamiento de cancelación de la hipoteca, se cierran en banda y dicen que ganaron el juicio y que el piso es suyo. Con ambas empresas hemos llegado al punto que ya ni contestan a los mails”, termina. 

Mientras tanto, alguna que otra oferta continúa anunciando el piso de Antonio: “Ubicado en la primera planta, cuenta con todos los servicios necesarios a su alrededor, como supermercados, bancos, farmacias y centros deportivos. No te pierdas esta oportunidad de encontrar la casa perfecta para ti”. El anuncio también advierte que las fotografías podrían no corresponderse con el estado actual del inmueble. 

Desde que pasó todo, el presidente de la comunidad le hace a Antonio, un poco, de ángel de la guarda, sobre todo, cuando tiene que salir por largas temporadas. Como una vez que tuvo que ir a Granada a cuidar de su padre porque estaba enfermo. “El miedo real ahora es que el mismo banco o sus empresas me okupen. ¿Raro, no?”, expresa el propietario. Cuando elDiario.es se aleja de la vivienda, una vecina, inquilina en la misma planta, se acerca: “¿Habéis averiguado si está en venta o no? Porque estamos interesadas en comprarlo”.