El juez Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid por la contratación de la asistente de Begoña Gómez

El magistrado admite a trámite una nueva querella de Vox y llama a declarar como investigado a Francisco Martín, que antes de ser delegado del Gobierno en la capital fue secretario general de Presidencia y superior de Cristina Álvarez, asesora al servicio de la esposa de Pedro Sánchez

Peinado inventa una contradicción para organizar un careo entre un alto cargo de Moncloa y la asistente de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado, a petición de Vox, la investigación en torno a la secretaria que asiste a Begoña Gómez en Moncloa y ha imputado a Francisco Martín, hoy delegado del Gobierno en Madrid y entonces secretario general de Presidencia y superior de la asesora. El magistrado, a petición del partido de extrema derecha, entiende que Martín debe ser imputado “por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública”.

Peinado lleva meses investigando si Presidencia del Gobierno nombró una asesora para que asistiera a Gómez después de la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa y si usó sus servicios para fines considerados privados, como por ejemplo sus másters en la Universidad Complutense. Varios testigos han defendido la legalidad de su nombramiento como personal eventual y han destacado que otras esposas de presidentes anteriores, como fue el caso de Elvira Fernández y su asesor Jaime de los Santos, han contado con la misma asistencia para asuntos privados e incluso no profesionales.

El magistrado ha analizado una nueva querella presentada por Vox, que ya ejerce la acusación popular en la causa principal contra Gómez, y ha incorporado esas acusaciones aceptando la imputación de Martín, que queda citado para el próximo 14 de mayo. El juez le atribuye un posible delito de malversación de caudales públicos pero rechaza los otros dos tipos penales que Vox ponía encima de la mesa: prevaricación y tráfico de influencias.

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