El juzgado de Badajoz embarga la fianza que presentó Manos Limpias en el caso del hermano de Sánchez

La confiscación obedece a un procesamiento abierto por una abogada que lleva años reclamando al pseudosindicato ultra el cobro de sus honorarios

La jueza procesa al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

El juzgado de instrucción 3 de Badajoz ha embargado la fianza que el pseudosindicato Manos Limpias entregó en las diligencias previas por la denuncia que interpuso por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación.

En concreto, el embargo asciende a 5.916,33 euros de los 10.000 que tuvo que depositar Manos Limpias por orden de la jueza instructora, Beatriz Biedma, para ejercer la acusación particular, al igual que el resto de colectivos ultras y partidos políticos que también forman parte de la acusación particular en esta investigación.

La confiscación del dinero obedece a un procedimiento abierto en un juzgado de Valdemoro (Madrid) por los honorarios que una abogada lleva reclamando judicialmente al pseudosindicato desde hace años

La sección 5 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto el pasado 12 de marzo en el que acordaba dicho embargo y el pasado 24 de abril se dirigió al juzgado decano de Badajoz para solicitar el juzgado que investiga la contratación del músico David Sánchez en la Diputación de Badajoz llevara a cabo la diligencia de embargo.

Además de Manos Limpias, la acusación particular en el caso del hermano del presidente, la ejercen Hazte Oír, Abogados Cristianos, la asociación Liberum, Iustitia Europa, el PP y Vox. Todos ellos tuvieron que depositar una fianza de 10.000 euros cada uno para poder formar parte del proceso.

Tras cerca de un año de instrucción, Sánchez está a un paso de sentarse en el banquillo a propuesta de la magistrada que se ha hecho cargo del caso. Aunque Manos Limpias también denunció al músico por delitos contra la Hacienda Pública y enriquecimiento ilícito, finalmente la jueza ha acordado su procesamiento por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, al igual que el del presidente de la Diputación y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y varios políticos del PSOE que participaron en la elaboración, concurso y adjudicación de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, que acabó ocupando el hermano de Pedro Sánchez.

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