Un análisis del ‘think tank’ Cato Institute contradice los argumentos de la Administración Trump de que solo se deportó a personas sin papeles a la megacárcel
El Tribunal Supremo de EEUU permite a Trump retirar la protección legal a más de 300.000 venezolanos
Al menos 50 hombres venezolanos enviados por la Administración Trump a una cárcel en El Salvador habían entrado legalmente en Estados Unidos, según un análisis del Cato Institute.
El informe, publicado por el think tank libertario el lunes, analizó los datos de inmigración disponibles para solo una parte de los hombres que fueron deportados alcélebre Centro de Reclusión de Terroristas (Cecot) de El Salvador, y se centra en los casos en los que se pudieron encontrar registros.
“El Gobierno los llama a todos ‘extranjeros ilegales’. Pero de 90 casos conocidos, 50 hombres informan de que llegaron legalmente a Estados Unidos, con permiso previo del Gobierno estadounidense, por un paso fronterizo oficial”, señala Cato en su informe.
Esta cifra concuerda con tendencias más generales entre los inmigrantes venezolanos, muchos de los cuales entraron en el país como refugiados o a través de un programa de la era Biden que concedía permisos de trabajo de dos años a quienes tuvieran lo que se conoce como “patrocinadores” establecidos en Estados Unidos.
“La proporción no es lo más importante: lo son las asombrosas cifras absolutas”, dice el informe. “Decenas de inmigrantes en situación regular fueron despojados de su estatus y encarcelados en El Salvador”.
Un informe que contradice a Trump
El análisis de Cato contradice la justificación de la Administración Trump para enviar a los hombres a El Salvador, diciendo que solo se deportó a personas sin papeles.
El informe recoge que 21 hombres fueron admitidos tras presentarse en un puerto de entrada, a 24 se les concedió el permiso temporal, cuatro fueron reasentados como refugiados y uno entró en EEUU con un visado de turista.
La Administración Trump deportó a más de 200 presuntos miembros de pandillas a la megaprisión de Cecot en marzo, invocando de forma polémica como justificación la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 pensada solo para ser utilizada en tiempos de guerra. La prisión de Cecot es conocida por sus duras condiciones, y los abogados de los deportados venezolanos han alegado que los migrantes allí recluidos son víctimas de “tortura” física y emocional.
Desde entonces, las deportaciones han suscitado un amplio escrutinio. Hasta la fecha, la Administración Trump no ha publicado los registros completos de los más de 200 venezolanos trasladados a El Salvador. El análisis de Cato incluye información de 174 hombres cuyos casos tienen algún grado de documentación pública.
La Administración Trump ha acusado a muchos de los venezolanos deportados de estar implicados en pandillas, pero en muchos casos esas acusaciones parecen basarse en gran medida de sus tatuajes.
Muchos de los tatuajes citados como prueba no tienen ninguna relación con la actividad de las bandas, sino que reflejan, en muchos casos, referencias personales o culturales.
Cato pone el ejemplo de Andry José Hernández Romero, maquillador, que tiene tatuajes de coronas en los brazos que hacen referencia a las fiestas del Día de Reyes en su ciudad natal venezolana.
El informe llega en medio de una creciente represión de los inmigrantes en Estados Unidos. Este lunes, el Tribunal Supremo dictaminó que la Administración Trump podía seguir adelante con los esfuerzos para revocar el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos. Poner fin al TPS, que protege a los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país debido a una guerra, un desastre natural u otras circunstancias extraordinarias, podría exponer a unas 350.000 personas a una posible deportación.