Tras las críticas recibidas por el nuevo reglamento de extranjería que empujará a miles de solicitantes de asilo a la irregularidad, el Ejecutivo ha urgido la tramitación de la ILP estancada en el Congreso y ha compartido con los diputados un borrador de su nueva propuesta, al que ha accedido elDiario.es
El Gobierno intenta arreglar in extremis los efectos del reglamento de extranjería que empuja a la irregularidad a miles de solicitantes de asilo
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinada de inmigrantes llevaba un año en el Congreso, pero el ala socialista del Gobierno siempre había mostrado reticencias a impulsar la propuesta tal y como pedía el movimiento que recogió más de 800.000 firmas para llevarla al Parlamento. Ahora, tras las críticas recibidas por el nuevo reglamento de extranjería que empujará a miles de solicitantes de asilo a la irregularidad, el Ejecutivo ha urgido la tramitación de la ILP y ha compartido con los diputados una nueva propuesta que plantea conceder los papeles a migrantes llegados a España antes del 31 de de 2024 que cumplan una serie de requisitos sin concretar, según apunta el borrador, adelantado por El País y al que ha accedido elDiario.es.
“El Gobierno, mediante Real Decreto regulará el procedimiento y los requisitos, en el plazo máximo de 6 meses, para la obtención de una nueva autorización por circunstancias excepcionales única, que habilita a residir y trabajar en todo el territorio nacional, para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024 y que cumplan dichos requisitos”, indica el borrador, que se encuentra en una fase preliminar y está sujeto a cambios durante el trámite parlamentario.
Cuáles serán esos requisitos que no llegan a concretarse será un aspecto clave para el movimiento impulsor de la iniciativa -que pide que se trate de un procedimiento sin apenas condiciones para evitar que se quede gente atrás-, pero también para otras formaciones cuyo respaldo parlamentario será fundamental para que la iniciativa salga adelante.
Hasta el momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no había mostrado su apoyo directo a una regularización extraordinaria. Su titular, Elma Saiz, apelaba al nuevo reglamento de la Ley de Extranjería como la vía idónea para flexibilizar de forma “estable” el acceso de los extranjeros a los permisos de residencia, pero han sido las lagunas de esa misma norma las que han acabado empujando al Ejecutivo a urgir la tramitación de la ILP. Así, han encontrado ahora en la regularización por circunstancias excepcionales, defendida por el movimiento impulsor desde el 2020, una fórmula para arreglar parte de parte de los efectos del cambio normativo, que obstaculizará a partir de ahora la regularización de los solicitantes de asilo que reciban una negativa de su petición de protección internacional. Se espera que, de no impulsar una solución para ellos, en los próximos meses puedan caer en la irregularidad miles de personas por los requisitos impuestos por el reglamento.
Días antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, cuya aplicación empezaba este martes, el Ejecutivo compartió con en el Congreso un nuevo borrador a toda prisa para empezar a trabajar sobre él. En la exposición de motivos del texto presentado en el Parlamento, el Gobierno reconoce las agujeros dejados por la nueva norma, como una de las razones que le empuja ahora a impulsar el proceso de regularización, del que aún se desconocen las condiciones. “Esta reforma mejora las vías de acceso a una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a aquellas personas que están integradas en España y que no pueden retornar a su país de origen o procedencia por diversos motivos”, indica. “No obstante, a pesar de que esta nueva reforma […] existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo. Como, por ejemplo, personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad”, reconoce el borrador de la medida.
“En ese sentido, se insta al Gobierno a que establezca un régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo, regulando una nueva autorización por circunstancias excepcionales única para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024, y siempre y cuando cumplan una serie de requisitos que se establecerán por Real Decreto”, continúa el texto.
Reacciones parlamentarias
Esta propuesta servirá de momento para desbloquear unas negociaciones parlamentarias que llevaban semanas estancadas. “Por fin vamos a desbloquear la regularización, nos alegra muchísimo el cambio de posición del PSOE”, ha celebrado este martes en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez, que cree que el texto “concita bastantes acuerdos” entre los grupos que deben reunirse ahora para la ponencia de la ley.
Martínez ha precisado no obstante que hay algunos aspectos del texto del Gobierno con los que no están de acuerdo y que tratarán de modificar durante las negociaciones que se abrirán a partir de ahora. Entre ellas, el periodo de aplicación, que quieren extender hasta la entrada en vigor de la ley y no hasta el 31 de diciembre de 2024. Además quieren que el texto sea “lo más amplio posible” y que entre en vigor cuanto antes por lo que van a proponer que la implementación del reglamento se fije en “dos meses” y no en seis como propone el Ejecutivo.
“Nosotros creemos que debe aprobarse esta ILP como tal, no nos valdría cualquier otra norma”, ha defendido la portavoz de Sumar.
Otro de los partidos con los que el Gobierno tendrá que negociar para sacar adelante el texto es Podemos, que ha valorado este martes el cambio de posición del Ejecutivo. “Ya era hora de que el Gobierno hiciera una reflexión sobre la importancia de no mantener en excepcionalidad a millones de personas”, ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una rueda de prensa.
No obstante, ha sido bastante escéptica con las intenciones del Partido Socialista y ha descartado tener abierta “ninguna negociación con el Gobierno”. “Si traen alguna iniciativa siempre se puede contar con nuestros votos pero no estamos en negociación”, ha dicho. Es más, ha considerado que si el Ejecutivo tuviera realmente intención de aprobar una regularización lo podría hacer a través de un decreto en el Consejo de Ministros.
“Si el Gobierno quisiera realmente hacer una regularización extraordinaria podría hacerlo mañana mismo”, ha dicho Belarra, que ha deslizado además que el PSOE podría utilizar a Junts y al PNV “como excusa para no hacer lo que no quieren hacer”.
Incluso con los votos de Podemos, el Gobierno necesita el apoyo de todo el bloque de investidura, incluidos los de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. Junts además ha profundizado en los últimos meses su discurso contra la inmigración, aunque la toma en consideración de la iniciativa popular salió adelante con sus votos y también con los del PP. Una vía, la de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que algunas fuentes de la negociación contemplan también para impulsar la iniciativa.