El juzgado llama a declarar como investigados para el próximo lunes a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia, y otro cargo por la demanda de decenas de fallecidos en residencias
Dos juzgados cierran la vía penal para investigar las muertes en residencias mientras Ayuso ataca a las familias
Un juzgado de Madrid ha imputado por primera vez a altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la pandemia para responder por los protocolos de no derivación en las residencias de ancianos en las primeras semanas de la crisis de coronavirus. Un juez, tras una demanda de decenas de familiares, ha llamado a declarar el próximo lunes a Carlos Mur, firmante de los protocolos como coordinador sociosanitario de la administración de Isabel Díaz Ayuso, y otro cargo que suscribió protocolos posteriores.
Mur había sido llamado a declarar como testigo en varias causas abiertas por juzgados de la Comunidad de Madrid y que posteriormente han terminado archivadas. Hasta ahora, los jueces han concedido que los protocolos pudieron ser confusos y han criticado su puesta en marcha pero han rechazado exigir responsabilidades penales a sus autores. Uno de estos magistrados ha llegado a calificar de “discutibles” estos protocolos, aunque no los considerara delictivos.
La decisión del juzgado número tres de Madrid de reabrir esta causa ha llegado después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos. Se les imputa un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, el artículo 511 del Código Penal que impone condenas de hasta dos años de cárcel en los casos más graves.
El segundo imputado junto con Mur es el alto cargo que le sucedió en su puesto tras su salida de la Comunidad de Madrid: Francisco Javier Martínez Peromingo, su sustituto en el cargo cuando fue cesado el 13 de mayo de 2020.
Mur ya ha comparecido en varias causas relacionadas con fallecimientos en residencias de Madrid, aunque siempre como testigo hasta ahora, para dar explicaciones por los protocolos: hasta la fecha ha defendido que la aplicación última de los protocolos estaba en manos de los sanitarios y coordinadores hospitalarios bajo criterio médico. También que los protocolos se pusieron en marcha para que los trabajadores de las residencias, uno de los puntos de mayor afección de la región, tuvieran una guía en su actuación.
Según denuncian las familias de los afectados desde hace un lustro, estos protocolos supusieron, en la práctica, la prohibición de derivar a ancianos a hospitales donde, entienden, habrían estado mejor atendidos y hubieran tenido más posibilidades de sobrevivir al virus.
Desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia, dos organizaciones que aglutinan a cientos de afectados y que han impulsado varias de estas causas judiciales, celebran la imputación de estos dos altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. “Hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos. Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los Protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias”, afirman en un comunicado.