Ayuso enmarca la investigación judicial de los protocolos de las residencias en otra «operación de Estado» en su contra

La presidenta recuerda que ya se archivó «hace tres años» esta causa, tras conocerse que una jueza ha imputado a tres de sus exaltos cargos por la gestión en los centros de mayores durante la pandemia

La jueza suspende la declaración de los altos cargos de Ayuso imputados por las muertes en residencias

Isabel Díaz Ayuso vuelve a recurrir a las acusaciones de una presunta operación de Estado en su contra para cargar contra una decisión judicial que afecta a su gestión política y con la que no está de acuerdo. En esta ocasión, lo ha hecho para enmarcar la investigación que se ha reabierto para analizar lo sucedido en las residencias de la región durante la pandemia, después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos.

“Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”, ha respondido la mandataria al ser preguntada por la imputación de tres personas que fueron altos cargos de su Gobierno durante la pandemia. De forma velada Ayuso también ha aludido a la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado en una causa abierta por la filtración del correo con el que el abogado de la pareja de la mandataria confesó haber defraudado 350.000 euros.

Ayuso ha cuestionado la reapertura de la causa que investiga los protocolos que impidieron la derivación sanitaria en los centros de mayores durante la pandemia. Se ha defendido asegurando que en los últimos años “se han archivado 62 denuncias por este asunto” y ha instado a que se investigue en el Senado cómo otras comunidades autónomas gestionaron la pandemia, ya que considera que “pensar que los muertos de unas regiones interesan más que otras, sería un poco feo”. 

La Justicia ha imputado por primera vez a antiguos miembros de su Gobierno. En particular, un juzgado madrileño ha citado como investigado a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. También tiene que declarar ante la jueza el ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño Carbonell.

Ayuso ha intentado a desvincular a este último especialista de su Ejecutivo, asegurando que no son tres altos cargos, “uno era una persona que asesoró durante pocos días y de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Por lo tanto, considera que tratarle como un antiguo miembro de su equipo “para hacerle parecer aún más culpable, no es ajustarse a la verdad”.

“La difamación es posible en España”

La presidenta ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa que ha dado para hacer balance de la mitad de su mandato, tras ganar las elecciones autonómicas de 2023 con mayoría absoluta. Allí también se ha pronunciado sobre otra decisión judicial que cuestiona, la negativa del Supremo a seguir adelante con la demanda que su novio, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta María Jesús Montero por referirse a él como “defraudador confeso”.

“El rechazo de la demanda sostiene que la difamación es posible en España y si el Gobierno organiza operación de Estado contra la Guardia Civil, qué no harán con la inspección fiscal de un paisano”, ha respondido, con una mención directa a la situación judicial de su pareja, imputado por corrupción en los negocios y administración desleal dentro de su relación comercial con el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Y se ha aferrado a esa decisión para lanzar un ataque directo al presidente del Gobierno: “Vista el rechazo de la demanda, yo ahora espero que condenen a Sánchez por narcotráfico por lo que sucede en Canarias. Esto es una crítica política”.

En ese señalamiento al Ministerio Público, también ha apuntado que ella no ve “ninguna contradicción” en la declaración del abogado de su pareja, que desmintió a González Amador al asegurar en el Supremo que sí le encargó confesar su fraude fiscal. “Es la fiscalía quien miente y quien se está contradiciendo”, ha asegurado, y ha continuado asegurando que “ya sería el colmo de los colmos que un fiscal general imputado se defienda con toda la carrera fiscal”. “Esto demostraría que el sistema democrático ha muerto en España”, ha sentenciado.

Ayuso carga contra el Gobierno: “Esto es la mafia”

La presidenta ha arrancado su balance de Gobierno asegurando que, mientras los dos años que se cumplen estos días de esta legislatura han hecho que Madrid viva “el mejor momento de su historia”, “España vive el momento de mayor deterioro institucional de su Historia”.

No ha dudado en cargar duramente contra el presidente, asegurando que en La Moncloa “se busca gente sin prestigio para poder cometer atrocidades en nombre del Sanchismo”, y después, “ser premiados en algún destino intervenido previamente por el Gobierno”.

“Se están pergeñando operaciones de Estado al más estilo mafioso”, ha indicado. Así se ha pronunciado sobre las grabaciones en las que la militante socialista Leire Díez –aupada por los gobiernos de Pedro Sánchez a puestos de responsabilidad en empresas públicas como ENUSA o Correo– pide pruebas para desprestigiar a la UCO de la Guardia Civil. 

A pesar de que desde la cúpula del partido aseguran que Díez es “una militante” más y se desvinculan de su actuación, Ayuso considera que “la Guardia Civil está maniatada, perseguida por fontaneros que no están en nómina”. Siguiendo esa argumentación, reseña: “Tampoco está en nómina el fiscal, tampoco está en nómina el Constitucional y son algunos de sus miembros los mayores valedores del presidente”. “En fin, esto es la mafia. El asunto es cuánto puede durar, pues la mafia cada vez va a endurecer más las formas”, ha subrayado.

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