El Govern de Marga Prohens accede a las exigencias de la extrema derecha para sacar adelante con su respaldo las cuentas autonómicas de 2025, tumbadas por los de Abascal el pasado mes de diciembre
PP y Vox cierran su acuerdo de presupuestos en Balears cinco meses después de que la extrema derecha los tumbara
El Govern balear del PP se ha plegado finalmente a varias de las exigencias que imponía Vox para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025: derogará la ley de memoria democrática -a pesar de que los conservadores alcanzaron en diciembre un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no eliminarla-, reformará la ley de educación con el objetivo de garantizar la vehicularidad del castellano en la enseñanza y “el conocimiento del español en el sistema educativo” e implantará la agenda ultra de Vox en materia migratoria, denegando la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas.
Son las principales medidas que han pactado ambos socios de investidura en el marco del acuerdo que han cerrado este viernes para aprobar las cuentas de este año, y que llega más de cinco meses después de que los de Santiago Abascal tumbasen en diciembre los presupuestos tras no ver atendidas las condiciones que entonces imponía -entre ellas, la eliminación del catalán como lengua vehicular en la educación pública de las islas-. El desacuerdo entre PP y Vox abocó a la líder balear a retirar finalmente el borrador en medio de la mayor crisis abierta hasta entonces con sus socios de investidura. El restablecimiento en marzo de las relaciones entre PP y Vox ha llevado finalmente a ambos a lograr un acuerdo que, si no hay cambios, posibilitará en julio la aprobación parlamentaria de las cuentas.
Respecto a la ley balear de memoria, el Ejecutivo de Marga Prohens suprimirá la normativa, a pesar de que el pasado mes de diciembre los conservadores facilitaron, con su abstención, la vigencia de esta ley a raíz del pacto que habían alcanzado previamente con las formaciones de izquierdas: a cambio de no eliminar la ley, la oposición posibilitó en el mismo pleno la eliminación de 34 enmiendas que Vox había presentado al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los conservadores habían incorporado por error dos semanas antes, retrotrayendo la legislación balear a décadas atrás en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana.
En materia migratoria, y en línea de lo que ya ha hecho el popular Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo del PP no acogerá a más menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas, ni financiará nuevos centros de acogida, una decisión que la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrado como una “victoria moral”. El acuerdo también contempla realizar pruebas de edad de mayor fiabilidad dirigidas a determinar la edad de los migrantes que llegan a las islas, además de proceder a la tramitación de expulsión de aquellos que no superen dicha prueba, siempre de acuerdo a las actuales leyes de Extranjería.
En esta línea, PP y Vox han acordado establecer un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados y condicionar la Renta Social a nuevos perceptores a la acreditación de tres años de residencia legal y, salvo causa justificada, a participar en itinerarios de inserción laboral, teniendo en cuenta los hijos menores y personas dependientes a cargo. También se suprimirán las subvenciones a “organizaciones islamistas” así como a asociaciones u ONG que “colaboran con el tráfico de personas y la inmigración irregular”.
En este mismo apartado, el Govern colaborará con los Consells Insulars en la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes no acompañados a sus países de orígen, y desarrollará un plan coordinado con los ayuntamientos “para identificar pisos patera y empadronamientos irregulares y tomar las medidas pertinentes”.