El proyecto se reorientó para que los residuos tóxicos acaben en un curso fluvial perteneciente al dominio público marítimo terrestre, lo que dejó la autorización en manos de la Junta y sorteó la negativa estatal
La mina de Aznalcóllar logra todos los permisos y empezará a producir en 2028, justo a los 30 años del vertido tóxico
La mina de Aznalcóllar ya tiene todos los parabienes para reabrir, y aunque entidades ecologistas anuncian que seguirán planteando batalla, a día de hoy la previsión es empezar la extracción de mineral en 2028. El camino del proyecto ha estado lleno de altibajos desde su adjudicación hace una década, pero si ha llegado a buen puerto ha sido por el considerable giro que se le dio en plena tramitación: los vertidos que genere la actividad se verterán en el Guadalquivir, no en el Guadiamar como estaba previsto inicialmente.
De hecho, la historia sería hoy muy distinta si Grupo México y Minorbis (concesionarias y creadoras de la empresa que gestionará el complejo, Minera Los Frailes) hubiesen persistido en verter en el río Agrio, afluente del Guadiamar. ¿Y por qué es tan importante que al final se optase por el Guadalquivir? Pues porque se pasó del dominio público hidráulico al marítimo-terrestre, lo que implica que los vertidos pueden ir con una carga contaminante más elevada y que la autorización la concede la Junta de Andalucía, que fue precisamente la que en 2013 puso en marcha el proceso para reactivar la explotación.
La empresa tiene un horizonte operativo que de partida se sitúa hasta 2045, tiempo durante el que verterá más de 85 hectómetros cúbicos (85.000 millones de litros) de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados: zinc, plomo, cobre, níquel, arsénico, mercurio… Esto, según han alertado ayuntamientos, sectores productivos y organizaciones sociales, conllevará la contaminación del estuario, por lo que reclaman que un comité científico analice la situación ante la voz de alerta que ya han dado estudios preliminares.
Incumplía los parámetros
Volcar los vertidos en el Guadiamar vía Agrio suponía replicar la fórmula de Boliden Apirsa, propietaria de la mina cuando se produjo el desastre ambiental de 1998. El argumento de la nueva concesionaria es que el procedimiento no tenía nada que ver, que ahora es un proyecto subterráneo que no necesita balsa de residuos como la que estalló en el que está considerado como la mayor catástrofe ambiental en España.
Pero estos argumentos no convencieron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de dar la autorización ambiental al pertenecer el Guadiamar al dominio público hidráulico. De hecho, transmitió a la empresa que su solicitud incumplía los parámetros requeridos para un permiso como el que pedía por los niveles tóxicos de los residuos que se iban a verter, que incluían cadmio y mercurio.
El consejero de Industria junto a su equipo y el alcalde de Aznalcóllar, celebrando el permiso definitivo a la mina.
“No iban a cumplir nunca los requisitos porque el Guadiamar es hoy uno de los río más controlados de Europa”, ha llegado a señalar el presidente de la CHG, Joaquín Páez, que declaró como testigo en el juicio por la concesión administrativa –todavía en curso– y recordó la “controversia” que generó la propuesta inicial. Así que le dieron un volantazo al proyecto y se fueron al Guadalquivir, donde “sería más fácil cumplir los requisitos legales de este tipo de vertidos”.
“Única fórmula para conciliar” todos los aspectos
Así las cosas, la Confederación pidió en 2019 una ampliación del análisis de alternativas de vertido de las aguas del complejo minero, tanto en lo relativo a sistemas de tratamiento como a otros puntos diferentes de vertido. Esto, explicó la empresa en la nueva documentación que presentó para desatascar el proceso, “motivó un cambio en el diseño conceptual del proyecto”, enfilando ahora al Guadalquivir.
Minera Los Frailes explicó que este viraje –un “giro sustancial”, como lo ha llegado a definir el presidente de la CHG– era la “única fórmula para conciliar los aspectos administrativos, ambientales, sociales y técnicos” y así conseguir la autorización ambiental. Para ello, ya en 2021, presentó una adenda al proyecto de explotación con esta reconfiguración que suponía pasar del dominio público hidráulico al marítimo-terrestre, lo que incluía cambiar como administración de referencia el Gobierno central por el andaluz.
El Guadalquivir pertenece al dominio público hidráulico desde que nace hasta la presa del municipio sevillano de Alcalá del Río, hasta donde el estuario del río ejerce su influencia en forma de mareas. A poca distancia, a la altura del estadio de la Cartuja, la compañía ha elegido el punto de vertido, para lo que construirá una tubería que recorrerá 30 kilómetros desde sus instalaciones.
Opiniones enfrentadas
La empresa esgrime una y otra vez que cuenta con todos los parabienes ambientales, y que de hecho su actuación permitirá neutralizar el riesgo potencial que todavía suponen las dos cortas mineras de la época de Boliden que todavía están llenas de aguas tóxicas y rodeadas de unos vertederos que continúan filtrando. Los Frailes calcula que en torno al 20% de su inversión global (500 millones de euros) se destinará a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera, que dará continuidad al Corredor Verde del Guadiamar.
Representantes de alcaldes, científicos, empresarios, pescadores y agricultores, ante San Telmo.
No lo ve igual el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, uno de los autores de un último estudio que alerta de una contaminación ya asentada en el Guadalquivir por la actividad de Cobre las Cruces y que ahora se multiplicará con Aznalcóllar. “Aquí nadie hace nada y se está poniendo la alfombra roja pese a que el estudio de impacto ambiental se basa en una hipótesis falsa, la de que los metales van a salir del estuario”.
En cambio, a su juicio estos restos tóxicos se van a pegar a partículas y depositarse en el fondo del estuario. El resultado sería un escenario “altamente contaminado con efecto ecotóxico”, lo que afectará a un ecosistema que es el sustento económico de miles de familias.
Interés público superior
Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Joan Corominas, señala que verter al Guadalquivir rebaja los requisitos con respecto al Guadiamar, pero pone el acento en un procedimiento administrativo que ha supuesto una “devaluación” de la figura de lo que antes se conocía como interés general. El proyecto, de hecho, recibió de la Junta de Andalucía la declaración de interés público superior para así cumplir con lo que estipula la Directiva Marco del Agua.
Pero Joan Corominas recuerda que hasta ahora el reconocimiento como interés superior llegaba vía ley o real decreto ley, es decir, que tenía que aprobarlo o el Consejo de Ministros o el Congreso. En cambio, el interés público superior del proyecto de Los Frailes no lo ha concedido ni el Consejo de Gobierno ni el Parlamento andaluz, sino la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas, con un documento que “copia párrafos completos de las formulaciones de la empresa minera”.