Alejandro Cardenete fue viceconsejero de Turismo y consejero de Educación en 2022, año que estaba siendo fiscalizado por el órgano de control que ahora preside hasta que su voto paralizó la auditoría de contratos menores adjudicados bajo su mandato. La Cámara cambió su reglamento interno un mes antes para frenar la investigación
Bronca en el Parlamento andaluz al frenar la Cámara de Cuentas la fiscalización de contratos a dedo que investiga una jueza
El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, se enfrenta este miércoles a un debate de reprobación en el Parlamento autonómico por haber paralizado la fiscalización de los contratos menores que adjudicó su propio departamento cuando era miembro del Gobierno de Juan Manuel Moreno, en 2022.
La Cámara de Cuentas es responsable de fiscalizar la gestión contable de los fondos públicos de Andalucía. Es un órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz que, por primera vez, plantea censurar a su presidente por un supuesto conflicto de intereses con su anterior etapa como viceconsejero de Turismo y consejero de Educación.
Fuentes parlamentarias confirman que nunca antes se ha dado este escenario, aunque también es la primera vez que un miembro del Consejo de Gobierno andaluz es elegido para presidir el órgano de control al Gobierno andaluz.
La reprobación de Cardenete parte de una iniciativa del PSOE, que le acusa directamente de incumplir la ley que regula la institución que dirige, y de impulsar una modificación exprés de su reglamento interno para poder, un mes después, frenar la fiscalización de los contratos menores de la Junta.
El pasado 6 de febrero, el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el informe de “Fiscalización de las Subvenciones concedidas a establecimientos hoteleros afectados por el COVID. Ejercicios 2021, 2022 y 2023”. Ese día, Cardenete se abstuvo en la votación, apelando al artículo 25.c de la Ley de la Cámara de Cuentas, que establece que los miembros del Pleno “deberán abstenerse o podrán ser recusados” cuando hayan “tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los ingresos o gastos objeto de fiscalización”.
Tres meses después volvió a darse una situación similar: el Pleno de la Cámara de Cuentas discutió el pasado 15 de mayo la “suspensión temporal” de la fiscalización de los contratos menores adjudicados a dedo por el Gobierno andaluz durante los ejercicios 2022 y 2023.
El periodo auditado volvía a afectar a la etapa de Cardenete como viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; y también a su breve periodo como consejero de Educación y Deporte, en sustitución del malogrado Javier Imbroda.
Sin embargo, esta vez, el presidente de la Cámara de Cuentas decidió no inhibirse y votó a favor de paralizar la fiscalización de los contratos menores de la Junta, entre ellos, los que gestionó y adjudicó a dedo su propio departamento siendo número dos de Turismo y, posteriormente, responsable del área de Educación.
Ambos departamentos firmaron en 2022 miles de contratos menores, según consta en el Perfil de Contratación de la Junta, y algunos de ellos aparecen en la muestra de 500 expedientes que la Cámara de Cuentas solicitó a la Consejería de Hacienda para su fiscalización.
Pero esos expedientes nunca llegaron porque Hacienda dilató su entrega -reclamando un “documento de directrices técnicas” que hasta entonces no era vinculante- y, en ese intervalo, el órgano de control decidió paralizar la investigación con cuatro votos a favor (los tres consejeros nombrados a propuesta del PP y uno de Vox) y tres en contra (dos del PSOE y uno de Por Andalucía).
El voto del presidente fue decisivo para inclinar la balanza porque, de haberse inhibido, el desempate le habría correspondido a la vicepresidenta, Manuela Serrano, que se había opuesto a suspender la fiscalización. Cardenete no se abstuvo, pero tampoco fue recusado por ninguno de los consejeros del Pleno contrarios a paralizar la auditoría a los contratos menores ni por el asesor jurídico y secretario general de la Cámara de Cuentas, que es quien vela por la legalidad de los acuerdos.
Este periódico se ha puesto en contacto con el presidente del órgano de control, que ha declinado responder a las preguntas.
“Inusual volumen de contratos menores”
El trabajo de campo de la auditoría externa a los contratos menores de la Junta arrancó hace casi un año, pero nació con otro objetivo. El plan de actuaciones de la Cámara de Cuentas para 2024, aprobado el 14 de diciembre de 2023, incluyó entre sus actuaciones el “Informe sobre la contratación del Sector Público Autonómico”, es decir, una fiscalización más genérica de todo tipo de contratos públicos, que lleva haciéndose de forma regular desde 2014.
En junio de 2024 se remitió a la Consejería de Hacienda el documento de inicio de la auditoría, solicitándole por escrito el volumen total de expedientes de contratación durante el ejercicio 2022 para conocer el universo que debía investigar y calcular una muestra representativa.
La Cámara de Cuentas inició los “trabajos preliminares de análisis global” pero, al introducir en el sistema informático “todos los ficheros” de contratación remitidos por Hacienda, el órgano de control detectó un “inusual volumen de contratos menores” en la Junta de Andalucía. Al percibir “riesgos de carácter significativo en la contratación menor”, decidió reconducir el objeto de sus actuaciones “en aras de una mayor concreción”.
El Pleno de la Cámara celebrado el 6 de noviembre de 2024 aprobó el “cambio de denominación del informe” de fiscalización de contratos del sector público, para incluir un “examen específico de la contratación menor”, subrayando su “especial referencia”, reza la memoria justificativa para cambiar el título del informe.
El volumen de contratos menores de la Junta de Andalucía alcanzó los 80.482 expedientes en 2022, por un montante próximo a los 799 millones de euros, y se disparó hasta los 102.592 expedientes en 2023, por un importe de 878 millones.
La Cámara de Cuentas seleccionó una muestra de 500 contratos menores de todos los departamentos, aunque el mayor porcentaje salía del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al copar la mayoría de expedientes y de gasto. La solicitud de esos contratos a Hacienda ya llevaban nombres y apellidos, esto es, número de expediente, objeto del contrato, quién era el adjudicatario, cuál era el importe y cuál la fecha de adjudicación a dedo.
De esa información se reconocen los contratos del SAS que están bajo investigación judicial, pero también los adjudicados por los departamentos de Cardenete cuando era viceconsejero de Turismo y titular de Educación.
La misma conclusión de los interventores, un año antes
“Dado el elevado número de contratos menores” autorizados ese año, los interventores de la Junta decidieron analizar “una muestra representativa de esos expedientes de gasto” y detectaron “un mayor número e importancia de incumplimientos de legalidad respecto a la contratación menor de los centros periféricos” del SAS; un “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios con las mismas empresas y por el mismo concepto, que eran troceados en pequeñas partidas que no superaban el tope fijado por ley en este tipo de contratos para así “eludir” la legislación.
Así concluyen los informes desfavorables en las ocho auditorías al SAS, poniendo bajo sospecha los 1.225 millones de euros adjudicados a dedo a través de contratos menores “en fraude de ley”. Aquellos informes, que publicó en exclusiva elDiario.es, han servido de base a la apertura de una investigación judicial en Cádiz por un supuesto delito de malversación, un caso en el que la Junta está personada como “responsable civil subsidiaria” y que cuenta ya con un directivo del SAS imputado.
Es en este punto donde confluyen los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas y la causa judicial por el “fraccionamiento masivo” de contratos menores en el SAS. La decisión del órgano de control de “suspender temporalmente” su trabajo para “no interferir” en la investigación en curso provocó un cisma entre los miembros elegidos por PP y Vox y los consejeros propuestos por la izquierda.
Desde la institución se argumenta que el parón de la investigación no es “de ninguna manera algo excepcional” y recuerda que “en otras ocasiones y ante situaciones similares, se ha procedido de la misma manera”. La Cámara pone de ejemplo la parálisis del envío de informes “cuando se convoca un proceso electoral, precisamente para no interferir en su desarrollo”.
En efecto, se trata de un acuerdo tácito para no hacer público un informe de fiscalización en mitad de una campaña, pero no de frenar una investigación en curso, como ha ocurrido ahora. Además, existen antecedentes en los que se ha solapado una causa judicial en curso con los trabajos de auditoría (y la publicación del resultado) a la Junta de Andalucía.
El más llamativo fue la larga instrucción de la jueza Mercedes Alaya del macrofraude de los ERE, que coincidió en el tiempo con un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las mismas ayudas sociolaborales, que luego se usaría como prueba en el juicio.
Un cambio en el reglamento interno de la Cámara
El último asunto que alimenta la propuesta de reprobación al presidente de la Cámara de Cuentas tiene que ver con una repentina modificación del reglamento interno de la misma. El órgano de control a la Junta suspendió los trabajos de fiscalización a los contratos menores el 15 de mayo, sirviéndose de una reforma exprés del “Manual de Procedimiento de Auditoría Pública” aprobada un mes antes, en el Pleno del 10 de abril.
Hasta entonces, el documento de directrices técnicas de la Cámara de Cuentas (que recoge la planificación de una auditoría concreta) no se sometía a votación, simplemente se remitía a Pleno para su conocimiento y aprobación. El 10 de abril, el Pleno acordó por mayoría modificar dos puntos de su reglamento de procedimiento interno -puntos 19 y 20- para que las directrices técnicas tuvieran que someterse a votación. Apenas un mes después, el Pleno de la Cámara, con los votos de PP y Vox, hace uso de esta nueva cláusula para “posponer” el desarrollo de la fiscalización de los contratos menores, y Cardenete informa a la Consejería de Hacienda de que ya no es necesario que envíe los 500 expedientes de la muestra.
Cardenete fue consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Moreno, a propuesta de Ciudadanos, hasta las elecciones andaluzas de junio de 2022, y cuando el PP le eligió para presidir la Cámara de Cuentas, en marzo de 2024, ésta ya había empezado a auditar las subvenciones que había otorgado la Consejería de Turismo precisamente bajo su mando.
Por ello, decidió abstenerse tanto en la votación que aprobó el anteproyecto del informe sobre las subvenciones de Turismo a establecimientos hoteleros, abierto a alegaciones, como en la votación posterior para su aprobación definitiva. El pasado mayo, Cardenete usó su voto para suspender la fiscalización de contratos menores que también afectan a su etapa como miembro del Gobierno. No hay antecedentes porque, hasta hace dos meses, el órgano de control no sometía a votación el documento técnico preliminar de una auditoría en curso.
El Parlamento andaluz debatirá este miércoles la primera reprobación a un presidente de la Cámara de Cuentas. La medida servirá a los socialistas para cimbrear al presidente Moreno, acusándole de “asaltar” la institución responsable de fiscalizar a su Gobierno justo cuando dos jueces investigan la contratación a dedo en la Junta. Pero la mayoría absoluta del PP y el colchón de Vox garantizan el fracaso de la iniciativa.